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La reciente crisis que afectó a miles de inversionistas en los llamados fondos ganaderos deja lecciones clave para el futuro. Más allá del juicio sobre la actuación de los administradores —tarea que corresponde a la Justicia penal y civil—, resulta crucial establecer mecanismos que permitan a estos instrumentos financieros aportar al desarrollo de un sector clave de nuestra economía sin comprometer la seguridad de los inversionistas.
En Uruguay, los fondos ganaderos no están regulados como fondos de inversión por ley. En esencia, operan como convenios privados entre partes, con estructuras jurídicas diversas: en algunos casos, funcionan como préstamos a plazo con devolución de capital e intereses; en otros, implican la adquisición de ganado para su administración mediante capitalización o pastoreo.
Independientemente de su estructura, estos fondos no constituyen intermediación financiera, por lo que quedan fuera del control del Banco Central del Uruguay y de la Ley de Mercado de Valores, salvo cuando realizan oferta pública. Esto significa que no están sujetos a los controles y garantías exigidos a los fondos de inversión tradicionales, lo que se traduce en falta de transparencia y escasa información periódica para los inversionistas. Además, la falta de regulación incrementa el riesgo de insolvencia, ya que algunas de estas estructuras pueden operar bajo esquemas piramidales, utilizando los aportes de nuevos inversores para cubrir pérdidas previas.
A esto se suma la propia naturaleza del negocio agropecuario, sujeto a variaciones en los precios del ganado debido a factores climáticos y estacionales. Se trata de un sector de renta variable, lo que impide garantizar rentabilidades fijas sin asumir riesgos de descalce financiero que pueden derivar en problemas de liquidez.
Cuando la falta de liquidez se profundiza, la pérdida de confianza de los inversionistas acelera la crisis. Ante este escenario, los fondos —que en general carecen de capital propio significativo— recurren a mecanismos de reparto insostenibles, volviéndose financieramente inviables y provocando el derrumbe de tres fondos ganaderos, con un impacto significativo no solo en los inversionistas, sino en todo el sector agropecuario.
La principal lección que deja esta crisis es la urgencia de una regulación específica que establezca controles claros bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay. Una regulación efectiva debe imponer requisitos de transparencia, supervisión y registro para garantizar un mercado más seguro y previsible. Solo así se podrá brindar confianza a los inversionistas y evitar que situaciones como la actual se repitan en el futuro. Es imperativo corregir estas carencias normativas con urgencia y establecer un marco regulatorio que brinde estabilidad y confianza al sector.
