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En la entrevista concedida a Nicolás Delgado y publicada en la edición del pasado 23 de diciembre, Jaime Durán Barba vuelve a incurrir en una confusión recurrente: presenta como diagnóstico lo que en realidad es una justificación. La idea de que la política contemporánea debe adaptarse a la “autenticidad”, entendida como espontaneidad sin mediaciones —como reacción inmediata, emocional y desprovista de elaboración—, no describe un avance democrático, sino un síntoma claro e inquietante de empobrecimiento del espacio público. No se trata de una evolución natural del debate político, sino de su degradación comunicacional.
La creciente valoración de lo “auténtico” como sinónimo de lo impulsivo, lo rudimentario o lo emocionalmente eficaz responde menos a una demanda ciudadana genuina que a la lógica de los entornos digitales, donde el impacto sustituye al argumento y la visibilidad reemplaza a la deliberación. En ese marco, la política deja de ser un ámbito de construcción racional del bien común para convertirse en una sucesión de estímulos diseñados para captar atención, generar adhesión inmediata y desaparecer al instante siguiente. El problema no es solo estético o comunicacional, es profundamente democrático.
Aceptar que la política se rija por la lógica del meme implica renunciar a la idea de ciudadanía reflexiva. El meme no explica, no contextualiza ni interpela críticamente; apenas provoca una reacción emocional efímera. Cuando esa lógica se impone, el debate público se empobrece y la deliberación colectiva se vuelve inviable. Una sociedad que decide en función de impulsos es una sociedad fácilmente manipulable, más permeable a la demagogia y menos capaz de sostener proyectos comunes a largo plazo.
La exaltación de la “autenticidad” como valor político tampoco equivale a una reivindicación de la honestidad o la transparencia. Con frecuencia, funciona como coartada para legitimar la improvisación, la ignorancia o incluso el desprecio por el conocimiento experto. Convertir la falta de elaboración en virtud no democratiza la política: la trivializa. No amplía la participación, sino que rebaja las exigencias que deberían pesar sobre quienes aspiran a ejercer el poder.
El desafío, por tanto, no consiste en adaptarse acríticamente a esta lógica, sino en resistirla. Implica recuperar el valor de la palabra argumentada, del razonamiento complejo y de la explicación paciente. Supone defender la idea de que la ciudadanía no es un mercado de emociones, sino una comunidad de sujetos capaces de comprender, evaluar y decidir con criterio. No se trata de volver a una retórica elitista ni a lenguajes excluyentes, sino de restituir la exigencia intelectual mínima que toda democracia saludable requiere.
En última instancia, cuando la política se reduce a espectáculo, el poder deja de rendir cuentas y la democracia se vacía desde dentro. Defender el pensamiento crítico, el lenguaje riguroso y la deliberación informada no es un gesto nostálgico ni académico: es un acto de responsabilidad cívica. Porque cuando el debate público se transforma en meme, lo que se pierde no es solo profundidad, sino el sentido mismo de la vida democrática.
