Prioridades en la agenda local

Las elecciones de este año son una buena oportunidad para volver a analizar el alcance de las competencias de los gobiernos locales.

En el caso de Montevideo, una mirada rigurosa sobre las actividades llevadas adelante por el gobierno departamental lleva a preguntarse cuáles son aquellas que integran su competencia y solo pueden ser ejecutadas por este, cuáles son las que otras organizaciones —estatales o no— podrían atender sin perder por esa razón su finalidad departamental o municipal, y cuáles sería preferible no continuarlas.

Esta definición es básica para definir las prioridades de la agenda local y, de ese modo, encarar la diversidad de servicios que pretenden implementarse sobre la base de recursos normalmente insuficientes para ese propósito.

Por ejemplo: la elaboración de políticas y planes de desarrollo urbano y rural (formulación, ejecución, evaluación), así como la programación y recaudación de los recursos propios, siempre serán cumplidas por el gobierno departamental dentro de su jurisdicción. El control del cumplimiento de las normas, así como la aplicación de las sanciones que correspondan, también forman parte de la competencia exclusiva del gobierno local.

En los servicios y obras públicas de realización permanente (alumbrado público, recolección y tratamiento de los residuos, pavimentación, señalización y reparación de calles y caminos municipales, poda de árboles, acondicionamiento de las plazas públicas), la gestión comprende diversas modalidades que incluyen la ejecución directa, la delegación o la contratación de terceros para llevarlos a cabo.

Las actividades mencionadas tienen un fuerte contenido de misión pública y benefician a todos los sectores de las poblaciones destinatarias. Son las que dan sustento a la autonomía reconocida a los gobiernos departamentales por la Constitución, que luego se desarrolla a través de la ley.

Asumiendo que estas actividades se cumplen de manera eficaz y mediante una ajustada asignación de los recursos presupuestales, existen otras actividades en el área social que benefician a sectores específicos de la población departamental.

El área social es un espacio de concurrencia de competencias nacionales y locales, y ofrece oportunidades para la cooperación y coordinación entre las diferentes entidades públicas y actores de la sociedad civil. En el área, la gestión departamental directa se justifica cuando las demás respuestas no llegan a tiempo o son ineficientes, aunque siempre sin descuidar el cumplimiento de los cometidos esenciales por parte del gobierno.

La cooperación y complementación se traduce en acciones concretas como las policlínicas municipales para la atención primaria de la salud que forman parte de la red de atención sanitaria pública, o los planes alimentarios y de viviendas que se ejecutan de manera coordinada con los organismos estatales competentes. Se trata de esquemas de responsabilidad compartida que aseguran la correcta asignación de los recursos, así como la adecuada cobertura de los potenciales beneficiarios.

La cultura también forma parte del área social, y las acciones directamente realizadas por el gobierno departamental deberían seguir el camino de las actividades asociadas en los sectores mencionados, evitando así la duplicación de esfuerzos y el uso ineficiente de recursos para atender un fin público que es objeto de permanente discusión y no siempre es aprobado por los potenciales destinatarios.

Por último, también existe un área comercial cuyas actividades están sometidas a las reglas de la actividad privada. En ese espacio, la intervención directa departamental solo se justificaría bajo la razonable expectativa de obtener rendimientos económicos proporcionales a la inversión pública realizada, y con bajo riesgo presupuestal.

Dentro del área comercial, los casinos constituyen un caso emblemático. Luego de haberse abandonado la actividad hotelera departamental, la continuidad de la explotación del juego de apuestas debería ser analizada rigurosamente y sin preconceptos, y más aún cuando se acumulan déficits en el casino, que sigue gestionándose por la comuna capitalina.

Cuando se enfrenta el urgente reclamo de mejorar los servicios esenciales que el gobierno local cumple en forma monopólica, como es la recolección de los residuos en los barrios y su tratamiento final, postergar decisiones relacionadas con servicios cuya finalidad no resulta prioritaria conspira seriamente contra el progreso de las iniciativas exigidas por la población.

En ese debate pendiente radican las oportunidades de mejora en una gestión que, ciertamente, necesita de acciones comprometidas de los candidatos para que el pretendido diálogo y la participación ciudadana no naufraguen en discursos circulares o en el saco roto de las débiles promesas electorales.

Ojalá las próximas elecciones departamentales y municipales, que tan poco entusiasmo han generado hasta ahora, provoquen al menos el análisis de estos asuntos para comenzar a acordar soluciones que, a esta altura, son impostergables.

Carlos A. Bastón