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“Necesitamos mucha más productividad” para que los niños de hoy sostengan a los adultos en el futuro, aseguró Aboal (director del INE) para Búsqueda (en edición n° 2309). Esta opinión se enmarca en el análisis de la información que arrojó el último censo poblacional. El planteo de Aboal responde a un grave problema que tiene Uruguay, que surge con claridad del censo: el notorio descenso de la natalidad, la emigración de jóvenes y el envejecimiento de la población. Francisco Faig, en su columna en El País (5-I-2025) habla de “desastre demográfico”.
¿Se han prendido las alarmas? ¿O seguiremos escuchando a algunos diciendo que son buenas noticias porque nos parecemos a sociedades europeas?
En nuestro país, en este tema, desde el sector político y público se visualizan “amagues”, expresión de intenciones, creación de comisiones… Pero no se conocen propuestas concretas y los meses pasan. Es llamativa la diferencia de población entre las franjas de edad 5-9 años (6,6%) y la de 0-4 años (5,1%). En números aproximados: 230.000 (de 5-9 años) y 178.000 niños (de 0-4 años). Una diferencia (en menos) de 52.000 niños, un - 23% aprox.
Esto claramente ha impactado y seguirá impactando en el sistema de enseñanza (cierre de escuelas, CAIF y colegios), en el ámbito laboral (reducción de la fuente laboral conexa a la infancia en educación, salud, etc.) y otros (a mediano plazo en sistema de seguridad social y de salud). El problema está. Pero hasta el momento no se implementó ninguna política pública.
Recuerdo hace un tiempo una entrevista al demógrafo Calvo en que sostenía que existen demandas insatisfechas de parte de mujeres en edad fértil que desearían tener más hijos, pero que sus circunstancias se lo imposibilitan. Este es un público por el que se podría comenzar: fomentar y proteger a las familias que desearían tener más hijos.
¿Por qué no establecer regímenes legales para familias con más de 2 hijos —más allá de las asignaciones familiares— como existe en España? Iría en línea con lo previsto en el art. 41 de la Constitución.
¿Por qué no proporcionarles beneficios o estímulos? Pueden ser impositivos (IRPF, IVA en productos de la canasta básica o necesarios en la primera infancia), en el acceso a la vivienda, en vestimenta y útiles escolares, en el transporte (descuento en transporte público, combustible, facilidades en adquisición de vehículos), descuentos en tarifas de servicios públicos, ofrecer servicios de cuidados, licencias, etcétera.
Parecería que lo que el Estado deje de percibir con estas u otras medidas, lo “recuperará” en pocos años.
Ojalá este último censo nos mueva a la acción y a afrontar este problema de la sostenibilidad generacional.
