Dirección de Catastro enfrenta una situación “compleja”, según su nuevo director

“Nos encontramos con una Dirección de Catastro que estaba en una situación bastante compleja en el sentido de que la notamos aislada” respecto de los “distintos estamentos del Estado. Había poco diálogo con la academia, con las gremiales profesionales, con los gobiernos departamentales, con las distintas reparticiones del Estado, salvo excepciones”, relató el jueves 22 a los integrantes de la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Diputados.

“Muchísimos casos”

A fines de abril, tras la dimisión de la recién asumida ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, por una deuda tributaria con su casa, el programa La pecera, de Azul FM, informó sobre supuestas omisiones impositivas y en la regularización de las obras hechas años atrás en una casa de balneario propiedad del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim. Horas después, el jerarca señaló que hizo todos los aportes al Banco de Previsión Social, aseguró que está al día con los impuestos y que tiene pendiente el “final de obra” porque el inmueble tiene “defectos constructivos” que requieren trabajos adicionales.

Ambos casos fueron abordados en la comparecencia de la delegación de Catastro que fue al Parlamento. El director dijo que se aplicó un protocolo para manejarse ante estos casos creado durante el gobierno anterior.

Sobre al situación del padrón 153.735, en el departamento de Montevideo, propiedad de Cairo, dijo que “a cuatro días de haber tomado conocimiento” del tema Catastro entendió que “ya no ameritaba iniciar un proceso de actuación catastral cuando ya se había presentado la declaración jurada” de caracterización urbana presentada por la exministra. “Podrá ser mucho, podrá ser poco, pero son cuatro días, y dicha declaración jurada ya estaba presentada y validada por la Dirección Nacional del Catastro”, resumió.

Rodrigo Arim OPP

Rodrigo Arim en el acto del 1º de mayo

Mauricio Zina-adhocFOTOS

El caso de Arim y su casa de balneario en el padrón 863, en Solís, dio para un intercambio por momentos ásperos entre el jerarca y el diputado blanco Juan Pablo Delgado.

Recalde relató el proceso interno que la repartición inició abriendo un expediente —pese a que el director de la OPP le comunicó que ya iba a hacer la actualización de la información y presentar la declaración jurada de caracterización urbana— y explicó que hubo un “error de tipeo” del expediente cuando en los años 90 se digitalizó. También admitió problemas de “interoperabilidad de la información” con los gobiernos departamentales y con otros organismos, un aspecto que, dijo, se trata para corregir.

“Como este caso hay muchísimos otros. Hicimos un análisis de distintas manzanas y podemos decir que las situaciones similares superan el 10% tranquilamente, con un piso del 10% y, en algunos lugares, hasta del 20%. Así que ¡si tendremos trabajo por delante para hacer! ¡Tenemos muchísimo! Son inequidades que se dan en cuanto a tributos y en cuanto a gente que paga y gente que no. Tenemos muchísimo trabajo por delante en ese sentido”, afirmó.

“Justicia tributaria”

Delgado, arquitecto de profesión, consideró que, por la “sensibilidad que generan”, estos casos eran “una oportunidad para Catastro para mandar un mensaje de lo que se tiene que hacer: la declaración jurada es obligatoria; si bien es voluntaria porque no hay nadie atrás intimando, por ley hay que hacerla”. Frente a la situación de Arim, cuestionó, el organismo “no se expresó” en ese sentido. “Me hubiera gustado que Catastro hubiera dicho que el permiso de construcción es independiente, como lo fue; por algo él lo presentó ahora así como la exministra, independientemente de que esté la final de obra en la intendencia terminada o no terminada. Pero había quedado como que una cosa iba en cambio de la otra: no estaba la declaración jurada porque no había final de obra. ¡No! Son cosas independientes”, subrayó el legislador nacionalista.

Afirmó que le suenan “raro” varios aspectos del caso. Agregó que “lo más importante es que toda esta explicación de valores catastrales (…) fija el valor fiscal para pagar impuestos —a las Transmisiones Patrimoniales, de Primaria, al Patrimonio y contribución inmobiliaria—; es la justicia fiscal; representa la justicia fiscal”.

En esa misma línea, y refiriéndose al caso de Arim, Delgado hizo una propuesta que, según señaló, ha conversado con otros integrantes de la bancada blanca. Para él, “está bien” el “valor real de los inmuebles urbanos, suburbanos y rurales del año 1994, que es el promedio de los últimos cinco años”, cuando “uno viene con un terreno baldío, hay una mejora y va evolucionando, pero en este caso en su declaración jurada el propio propietario y su propio técnico no lo hicieron desde 2015. O sea que durante 10 años hicieron una omisión fiscal. Sí, ¡omisión fiscal! Y eso puede haber cambiado hasta el Impuesto al Patrimonio, pero hoy no van a pagar el valor fiscal actual porque llevará por lo menos cuatro años más para que se actualice”. Planteó que en este tipo de casos habría que tener medidas distintas y se ofreció a “trabajar juntos” con Catastro en una revisión de ese criterio en favor de la “justicia fiscal, justicia tributaria. Recuerdo aquel dicho: ‘Que pague más el que tenga más y que pague menos el que tenga menos’. ¡Que pague lo que tiene! Lo que realmente tiene”.