Ese cambio tiene un anclaje institucional reciente y también un respaldo normativo. La Unidad Especializada en Género del INE fue creada en 2025 al amparo de la Ley 19.846, y desde dentro del organismo se la presenta como un punto de inflexión en una temática que “no ha sido priorizada” históricamente. Para Adriana Vernengo, subdirectora del INE, la creación de esa unidad representó “un enorme logro y avance” y ya está dando “gran dinamismo y presencia” a la agenda dentro del instituto.
El primer paso es un diagnóstico que inicia el mes que viene —financiado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto—, que revisará de forma integral la producción estadística del INE. Según explicó a Búsqueda la responsable de la unidad, Jenny Segovia, ya se hizo un “peinado” de las estadísticas sociodemográficas y económicas para identificar vacíos y oportunidades de mejora. La consultoría está a cargo del equipo integrado por Victoria Tenenbaum, Estefanía Galván y Maira Colacce, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
No se trata solo de ver qué datos faltan. El análisis apunta a revisar toda la “ruta de la construcción del dato”: cuestionarios, diseño muestral, registros administrativos, documentación metodológica y capacitación del funcionariado. La aspiración, dice Segovia, es que el INE pueda convertirse en una “referencia técnica” en estos temas.
Desagregar no es cruzar variables
El primer movimiento será ampliar las desagregaciones. Pero el propio INE insiste en que ese paso no puede hacerse de forma mecánica. “Es importante poder incorporar, de manera transversal, el enfoque que nos permita tener lo básico de desagregaciones”, señaló Segovia.
El problema es que desagregar no equivale automáticamente a conocer mejor. En ocasiones, advirtió, los cruces simples producen resultados frágiles. “A veces lo que estás presentando como el 3% o el 4% es solo una persona que respondió”, ejemplificó.
“Eso legitima el campo de los estudios de género”, sostuvo, al explicar por qué la rigurosidad es condición para que la nueva evidencia sea sólida.
“A veces nos parece que es muy sencillo incorporar una modificación, pero tenemos que estar seguras de que efectivamente va a recoger la información sustantiva y, sobre todo, que no va a romper la información que ya tenemos”, explicó Segovia. Por eso, el enfoque será gradual. “Queremos que esto sume y no que rompa”, insistió.
Dónde se verán los primeros cambios
La hoja de ruta no parte de cero. El INE ya identifica áreas donde es más factible avanzar en el corto plazo; una es el mercado de trabajo. La Encuesta Continua de Hogares —la principal fuente en este terreno— es, según Segovia, “muy potente”, lo que permite ir más allá del ingreso y mirar categorías de ocupación, sectores y formas de inserción laboral donde las mujeres están sobrerrepresentadas, como los cuidados y otros trabajos.
La segunda área son los registros administrativos, que Segovia define como una “vía de entrada” estratégica. Al tratarse de un campo todavía “muy incipiente” dentro del INE, ofrece la posibilidad de incorporar perspectiva de género desde el inicio en lugar de reformar estructuras más rígidas. Además, tiene una ventaja clara: “Es definitivamente mucho más económico que hacer una encuesta”.
Eso no significa que sea un terreno sencillo. Esos registros —información sobre las personas disponible en oficinas gubernamentales con propósitos administrativos— no siempre contienen variables útiles, muchas veces no fueron diseñados con fines estadísticos y presentan desafíos de calidad y confidencialidad. Pero justamente por eso el instituto busca intervenir en esa etapa temprana.
En paralelo, el INE no trabaja solo. En febrero convocó a la primera reunión de la Mesa Interinstitucional para la Medición de Uso del Tiempo y los Cuidados, un espacio que reúne a academia, organismos públicos y actores internacionales para acordar estándares de medición locales.
Medir lo que hoy no se ve
Dentro de esa agenda aparece uno de los cambios más innovadores: empezar a medir dimensiones del trabajo que hoy casi no existen en las estadísticas.
Uruguay coordina para toda la región la actualización del clasificador de uso del tiempo Cautal, una herramienta clave para registrar cómo se distribuyen las tareas en las familias. Y uno de los focos de esa revisión es incorporar mejor el llamado “cuidado pasivo” o “trabajo mental”. Segovia lo baja a una escena cotidiana: “Estoy acá ahora en esta entrevista contigo, pero tengo acá el celular por si le pasa algo a mi hijo… Eso es cuidado pasivo”.
La importancia de esa dimensión no es solo descriptiva. Afecta la disponibilidad, la organización cotidiana y la salud mental. Son cargas que no siempre ocupan horas visibles en una encuesta tradicional, pero que moldean la vida de quienes cuidan.
La revisión de Cautal también busca incorporar actividades que los clasificadores previos no reflejaban adecuadamente para la realidad latinoamericana, como ciertas formas de autocuidado y nuevas mediaciones tecnológicas.
Pero la discusión no termina en el tiempo. Para Segovia, también es necesario medir las representaciones sociales del cuidado: qué se espera que hagan mujeres y varones y cómo esas expectativas sostienen las brechas. Visibilizar estas tareas permite que ellos se vean reflejados y entiendan que involucrarse en la crianza y en los cuidados “también es un derecho de ellos”, agregó.
En paralelo, el instituto estudia la posibilidad de avanzar hacia una cuenta satélite del trabajo no remunerado que permita estimar su peso económico dentro del producto.
Medir no es decidir
El fortalecimiento de la medición no garantiza, por sí solo, mejores políticas públicas. Ahí es donde entra el análisis de Alma Espino, que corre la discusión del plano técnico al terreno de sus efectos sociales. Esa economista preside el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo.
“Las estadísticas permiten decir que la desigualdad existe y cuánto mide, pero si querés modificarla tenés que hacer seguimiento”, explicó la académica. Aun así, advirtió que persiste una brecha entre la evidencia y su uso efectivo.
Un ejemplo claro es la pobreza. Al medirse a escala de hogar, bajo el supuesto de que los recursos se distribuyen equitativamente, las estadísticas pueden ocultar desigualdades dentro de una misma casa. “Podrías tener mujeres pobres en hogares no pobres”, señaló a Búsqueda.
Algo similar ocurre con el trabajo no remunerado por tareas domésticas. Espino recordó que en Uruguay distintas estimaciones ubican su aporte en torno al 24% del Producto Interno Bruto, pero advirtió que esa cifra puede estar subestimada. Muchas veces se usa como referencia el salario de las trabajadoras domésticas —uno de los más bajos—, lo que ya refleja su subvaloración.
La discusión sobre cuidados, además, conecta con urgencias sociales más amplias. Espino planteó que la ausencia de sistemas robustos de cuidado también afecta a niños y adolescentes en contextos vulnerables, incluidos aquellos donde el narcotráfico ganó presencia. Y agregó otro ángulo que suele quedar relegado frente a la niñez: la proporción de adultos mayores en una sociedad como la uruguaya, donde la demanda de cuidados no deja de crecer.
Pero Espino va más allá y apunta también a quiénes interpretan esos datos. En su visión, incluso economistas heterodoxos carecen muchas veces de una perspectiva de género capaz de captar la complejidad del funcionamiento de la economía, tanto dentro como fuera del mercado.
La insistencia del INE en la rigurosidad también responde a un clima más amplio. Segovia planteó que, en un escenario atravesado por fake news y la desinformación, producir evidencia sólida es clave para visibilizar desigualdades de forma incuestionable.
