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La transición en el área económica: los 56 puntos que destacó el equipo saliente
La ministra Azucena Arbeleche, junto al director de OPP y el presidente del Banco Central, recibieron a Gabriel Oddone y su futuro equipo; síntesis del documento entregado por las autoridades salientes
La reunión de transición en el área económica, en la tarde de este martes, en el despacho ministerial
En torno a la larga mesa que preside el despacho del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la transición de gobierno en esa área empezó este martes con un diálogo que transcurrió en un clima de cordialidad entre el equipo económico saliente y el futuro. Gabriel Oddone, quien ocupará ese cargo desde marzo de 2025, se llevó como insumo para planificar su gestión un documento que, en 15 temas desglosados en un total de 56 puntos, se describen las “políticas implementadas” en el período 2020-2024.
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La ministra Azucena Arbeleche ofició de anfitriona secundada por el subsecretario, Alejandro Irastorza, por el director general de la cartera, Mauricio Di Lorenzo, además del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Fernando Blanco, y por el presidente del Banco Central (BCU), Washington Ribeiro. La delegación del gobierno electo la encabezó Oddone, acompañado por quien será su viceministro, Martín Vallcorba, la futura directora general del MEF, Gabriela Fachiola, el futuro titular de la OPP, Rodrigo Arim, el designado subdirector de esa repartición, Jorge Polgar, además del nominado presidente del BCU, Guillermo Tolosa. A uno y otro lado de la mesa estuvieron economistas o técnicos de profesiones similares que, casi todos, se conocían de antes.
El documento entregado por el equipo económico saliente empieza por la política fiscal –una prioridad en la gestión de la ministra Arbeleche- y termina con las empresas públicas. Lo que sigue es una síntesis de los puntos principales consignados en ese texto de transición, donde también se marcan algunos logros y énfasis en las políticas aplicadas.
Política fiscal
“Se implementó la nueva institucionalidad fiscal, que se trazó como objetivo preservar la sostenibilidad de la deuda pública”.
Se “alcanzaron los tres pilares (resultado fiscal estructural, variación real de egresos primarios y endeudamiento neto) de la regla fiscal en todos los años del 2020 al 2023”.
En 2024, al presentar la Rendición de Cuentas 2023, “se adelantó que las estimaciones de las dos metas indicativas no se alcanzarían, debido a que la inflación había bajado más rápido que lo proyectado por el equipo económico y analistas, lo que derivaría en una recaudación menor a la estimada”. Se informó a la Asamblea General que se invocó la cláusula que habilita a incrementar el tope de endeudamiento en un 30%, “motivado en un sustancial cambio en los precios relativos”.
Se implementaron instrumentos financieros “innovadores”, que vinculan el costo de financiamiento del país al cumplimiento de metas ambientales que surgen del Acuerdo de París de Naciones Unidas.
“Se espera terminar el 2024 con un déficit estructural menor al de 2019”.
En 2023 “fue posible disponer por primera vez una rebaja de impuestos, con el objetivo de aumentar el ingreso disponible de las personas, con foco en los contribuyentes de menores ingresos, y para continuar profundizando el apoyo otorgado a las micro y pequeñas empresas”.
Se incorporó la “política ambiental en lo tributario” con la sustitución de parte del Impuesto Específico Interno actual sobre las naftas por un Imesi medido en base a emisiones de toneladas de dióxido; modificación en las tasas de Imesi aplicables a vehículos eléctricos y vehículos eléctricos híbridos.
En materia de fiscalidad internacional, “se mantuvieron intercambios con las empresas y se comenzó a trabajar en la Impuesto Global Mínimo (Pilar2)”.
Se “potenciaron” el régimen general de promoción de inversiones (decreto 268/020) y el de la actividad de construcción de inmuebles de gran dimensión económica (decreto 138/020). “Se presentaron más de 7.000 proyectos entre 2020 y setiembre de 2024, por un monto de inversión de US$ 14.300 millones". También “se promovieron cambios en el régimen de promoción de Viviendas de Interés Social (Ley 18.795)". Desde 2020 a setiembre de 2024 “se alcanzaron 755 proyectos para la construcción de 21.000 viviendas”.
Políticas monetaria y cambiaria
La política monetaria buscó bajar la inflación y eso “se ha logrado en base a un régimen de objetivos” utilizando como instrumento la tasa de interés.
Se ha mantenido un “régimen de flotación cambiaria, reservando la posibilidad de intervenciones en el mercado de cambios para situaciones de extrema volatilidad. A la fecha se llevan 39 meses sin necesidad de utilizar este instrumento de política. La libre flotación ha sido uno de los pilares sobre los que se apoyó la baja de inflación y sobre todo la convergencia de sus expectativas”.
La inflación de los 12 meses cerrados en noviembre fue 5,03%, “y se espera que cierre el año en el entorno de dicho valor”. A diciembre de 2024 “se estarían cumpliendo 19 meses de inflación dentro del rango meta, con significativa reducción en las distintas medidas de expectativas de inflación recopiladas por el BCU”.
Se “ha avanzado en el análisis de la formación de precios, fomentando la reducción de costos: en 2022 se bajó la tasa LATU para importación de alimentos; se está finalizando decreto en donde, entre otras mejoras, se reduce el tiempo que el LATU tiene para realizar los análisis”.
Se “mejoraron las paramétricas de precios administrados (leche fresca, transporte, taxi), algunas de las cuales carecían de la documentación adecuada”; en algunas se incorporó la inflación subyacente para eliminar volatilidades en la indexación.
Empleo y salarios
Tras un acuerdo tripartito entre el Estado, el sector privado y los trabajadores donde, por la crisis del Covid, se acordó que “el foco debía ser el empleo”, en la última ronda de los Consejos de Salarios se logró “la recuperación total de lo perdido durante la pandemia, para los sectores más rezagados”.
El salario real al cierre de 2023 “superó en 1,9% el nivel de cierre de 2019, siendo la suba de 1,4% real para el salario privado y 2,7% real para el salario público”.
Para la próxima ronda de ajuste salarial “esta administración ha dejado las bases para continuar trabajando en el marco de la diferenciación sectorial considerando la dimensión de transables y no transables, contemplando el tamaño de las empresas y con ajustes en base a la inflación esperada, basada en la credibilidad que han mostrado los agentes económicos en su significativa reducción de expectativas de inflación”.
El Sistema Nacional de Garantías (SiGa), que “fue potenciado para sostener la actividad económica de las empresas durante la pandemia”, ha “evolucionado en el período mostrando importantes niveles de actividad. En 2023, en su línea SiGa Pymes, tenía el cuádruple de garantías que las registradas en 2019 por un valor 10 veces superior (US$ 252 millones)”.
Política comercial
La Asesoría de Política Comercial del MEF “pasó a tener un rol central en el diseño de la política”.
En 2022 se firmó un acuerdo con Brasil en materia de zonas francas.
Se “abogó durante todos estos años por la flexibilización del Mercosur”.
En julio de 2022, “por primera vez en la historia del Mercosur, los países miembros acordaron una reducción de su arancel externo común de un 10%, que Uruguay implementó en diciembre de ese año.
En diciembre de 2023 se suscribió un acuerdo de libre comercio con Singapur.
Este mes se acordó el texto para un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
En materia de habilitaciones sanitarias y fitosanitarias, se consiguió abrir “más de 100 nuevos mercados, por ejemplo: ovinos en pie y cítricos a Perú, lengua bovina a Japón, sorgo a China, tripas bovinas a Colombia, cítricos a Vietnam, y carne con hueso congelado a China”.
Seguridad social
Se aprobó la reforma de seguridad social mediante la ley 20.130, que estableció las bases para la convergencia gradual hacia un “sistema único que sea sostenible”.
Para la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales, se elaboró un proyecto de ley de reforma integral que no fue aprobado en el Parlamento. Se incrementó en dos puntos la tasa de aportes.
Para la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias se aprobó la ley 20.208, que “le dio viabilidad financiera y se aprobó el financiamiento con garantía soberana” para esa institución.
Políticas sociales
“En este periodo se trabajó en reforzar los apoyos a la población vulnerable, en un principio derivadas de las necesidades de la emergencia sanitaria por el Covid-19, y luego poniendo un foco especial en la primera infancia, para la que se asignaron de forma permanente recursos adicionales por US$ 50 millones anuales”.
Se “trabajó en la implementación de otras políticas para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables”, como la ampliación y focalización de los subsidios en las tarifas de electricidad (Bono Social UTE con bonificaciones de hasta 90%) y del subsidio en la garrafa de supergas”. El MEF también colaboró en la implantación del Plan Avanzar para la población vulnerable en asentamientos.
Salud
Se “amplió de la cobertura de medicamentos y técnicas a través del Fondo Nacional de Recursos”, con un 43% más de pacientes que accedieron a los fármacos en 2023 en relación a 2019.
Se “negociaron menores costos para los medicamentos de alto precio que compra el MSP por amparos judiciales, en algunos casos con rebajas de hasta un 70%”.
Infraestructura
Para todo el quinquenio 2020-2024, la ejecución de inversión en infraestructura, en conjunto con la inversión pública en vivienda, se proyecta que se habrá superado los US$ 11.740 millones. El financiamiento de las obras de infraestructura se ha realizado, en general, mediante el presupuesto público (contrato de obra tradicional), con financiamiento de privados a través de contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento (Cremaf) para obras viales, con financiamiento privado mediante contratos de concesión, o en otros esquemas de participación pública y privada, donde el sector privado asume principalmente los riesgos.
Innovación
“En el entendido que la incorporación de innovación puede ser una enorme oportunidad para que el país alcance tasas de crecimiento mayor y esto se traduzca en mayor bienestar para toda la población”, se implementó el Programa Uruguay Innovation Hub.
Empresas públicas
Se “trabajó en mejorar el desempeño de las empresas públicas a través de la búsqueda de ganancias de eficiencia y el control del gasto, a la vez que se realizan las obras de infraestructura necesarias para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos manteniendo precios competitivos”.
Se “propiciaron reformas para potenciar la competencia en los mercados, como es el caso del mercado mayorista de energía eléctrica, sector para el cual además se actualizó el marco regulatorio, y los cambios relativos a la portabilidad numérica en el caso de la telefonía celular”.
En los combustibles, se “dispuso el fortalecimiento del rol regulador de la URSEA, a la que se le pide informar los Precios de Paridad de Importación como requisito de informe previo a la decisión del Poder Ejecutivo para fijar los precios de venta máximos.
“Se ha logrado mayor transparencia en la fijación de tarifas y reducción de las tarifas públicas en términos reales en el período”.