Barrios era el gerente de Logística, Proyectos, Inversiones y Obra del Casmu, un cargo creado el 22 de noviembre de 2022 en una votación dividida en el consejo (los dos directivos de la oposición votaron en contra). Pese a que este cargo no está presente en los estatutos, las autoridades de la mutualista lo autorizaron a representarlos en 13 contratos vigentes, algo que según los interventores contraviene reglamentos internos. De estos contratos (“muchos de ellos con obligaciones onerosas y a largo plazo”), el documento resalta uno suscrito con una empresa, Vindaclass SAS, “de la que (él mismo) fue socio y vicepresidente”.
El artículo 44 de la Ley 18.211, que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), señala que es “incompatible” la dirección o gerenciamiento de las entidades que lo integran y “demanden servicios a terceros” con “la provisión de los mismos”.
El Casmu reconoció que Laxalt y Barrios fueron presidente y vicepresidente de Vindaclass hasta el 6 de julio de 2023. Según el informe al MSP, cinco días antes la mutualista firmó dos de los tres contratos suscritos con esta compañía: “En el caso del contrato suscrito el 1 de julio de 2023, no quedan dudas que, al momento de suscribirse el mismo, los señores Luis Laxalt y Osvaldo Barrios eran socios y presidente y vicepresidente de Vindaclass SAS, con el agravante que son quienes solicitan el servicio y conforman las facturas que serán pagadas a dicha empresa”. Además, pese a la posición contraria de los interventores, Casmu le pagó a esta empresa $ 3.054.001 en julio y agosto de este año por rubros tan disímiles como mantenimiento de centros médicos, limpieza de cocina del sanatorio 2, arrendamiento de vehículos y 138 horas “por servicios realizados fuera del contrato”.
Según el documento de los interventores, Graciela Valerio figura como la única integrante del directorio de Vindaclass SAS desde julio de 2023, luego de la dupla Laxalt-Barrios.
Otros nombres se repiten; tanto, que llama la atención. Pablo Dutra aparece como socio de Reparo SAS, cuya dirección es Joaquín Campana 2776 bis. Con esta empresa, Casmu había firmado el 1 de febrero de 2023 un contrato para “el mantenimiento de centros médicos” por US$ 53.130 más IVA mensuales. Es el mismo hombre que figura como presidente de Vidatek, ubicada en esta misma dirección. A Vidatek se le pagó el 14 de junio de este año US$ 1.373.228, en seis cheques y seis conformes, por obras en los pisos 6 y 7 del sanatorio Casmu 1. Los interventores destacan que esto ocurrió paralelamente a que la mutualista pidiera un nuevo fideicomiso.
Según un informe de los interventores el 2 de diciembre, dos días antes de que las autoridades del MSP informaran de la situación al Parlamento, Casmu rescindió los contratos con Vindaclass y suspendió las obras en el Casmu 1 y otras aún no iniciadas (ni pagadas) en el Casmu 2 a cargo de Vidatek. El 5 de noviembre, un incendio afectó a un local comercial de maderas y colchones ubicado, justamente, en Joaquín Campana 2776 bis. En la agrupación opositora El Casmu que Queremos —la misma que pide la sustitución del presidente, el vicepresidente y el secretario general del prestador— hallan en extremo extraño este siniestro, ocurrido un día después de que se presentaran las renuncias de Laxalt y Barrios.
Casmu-medico-adhoc-mz.jpg
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Mismo lugar
Otro elemento que llamó la atención de los interventores fue la suscripción de cuatro contratos con cuatro empresas distintas, Orbis Consultores SAS, Reima Uruguay SAS, Ergon SAS y Scout SRL, teniendo todas ellas el mismo objetivo de negocios. La particularidad es que las cuatro tienen la misma dirección comercial, Bulevar Artigas 3131, y mismos socios (en los cuatro está Jorge Rodríguez, en tres de ellos Celia Giménez).
Basados en lo informado por el Casmu, más que un “conjunto económico”, al no constatarse la existencia de una sociedad madre, ese “grupo societario” comprende la figura de una “unidad económica administrativa”, entendido esto como “una sola empresa desdoblada artificialmente en varias”. Según la evaluación de los interventores, la contratación no contempló lo establecido en los estatutos de la mutualista, que exige “solicitar cotización a los distintos proveedores”.
Los interventores —Sandra Lorenzo, Juan Simonelli y Gerardo Lorente— deslizan en su informe del 27 de noviembre que la “sociedad madre” puede ser el propio Casmu.
El fútbol sí se paga
Cuando se hacía pública la situación crítica del Casmu, con la presencia de dos veedores más del MSP de los que ya estaban, la mutualista suscribía un convenio con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Esto fue el 27 de diciembre de 2023. Casmu se comprometía a pagar US$ 1 millón en 36 meses más US$ 400.000 en canje de productos, “a cambio de una concesión de la licencia temporal de las marcas de la AUF”.
El 18 de octubre de este año, la Comisión Interventora pidió por email, dado el agravamiento de la situación del Casmu, hacer un “análisis de costo-beneficio” de este vínculo. En la respuesta, el 30 de octubre, se invocan “cuestiones genéricas”, pero “sin determinar el beneficio” del mismo. Por ello, apelando a sus potestades, los interventores “comunican su negativa al pago relativo a este contrato en virtud de tratarse de un gasto prescindible”.
Sin embargo, con base en que ya hay un contrato firmado, Casmu decide seguir pagando lo correspondiente tal como está. El informe señala no tener noticias de una eventual renegociación como sí ocurrió en otros casos.
20241210MZINA_5418.jpg
Raúl Rodríguez y el oficialismo del Casmu en el Parlamento
Mauricio Zina, AdhocFotos
Presión interna
Dos días después de la comparecencia del MSP en el Parlamento, el núcleo de base del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) en el Casmu, considerando la “situación nefasta” de la mutualista descrita, donde se “responsabiliza directamente” a la gestión actual, a la que también acusa de incumplir convenios firmados referidos a despidos y horas médicas, exigió la renuncia del presidente, el vicepresidente y el secretario general de la institución, Rodríguez, Andrea Zumar y Areosa. Todos ellos pertenecen a la agrupación Médicos Unidos, el oficialismo desde 2019.
A su vez, instaron al MSP a “asumir su responsabilidad frente al informe contundente y a tomar las medidas correspondientes, incluyendo el desplazamiento de las autoridades responsables”. Esto último, empero, no fue recomendado por los interventores, según el documento entregado por los responsables de la cartera en el Parlamento, ya que no había riesgo asistencial ni un riesgo inminente de cierre.
El Casmu que Queremos, minoría en el directorio del prestador, también resolvió elevar una denuncia a la Comisión Fiscal para pedir la sustitución de esos tres consejeros, dijo a Búsqueda Domingo Beltramelli, uno de sus integrantes. “Si la Comisión Fiscal, cuya mayoría es del oficialismo, no toma la medida correspondiente, vamos a juntar firmas para hacer una asamblea extraordinaria y resolutiva para remover estas autoridades. De no haber sido por el trabajo de los interventores y la extensión (de su trabajo) que la ministra pidió, en la minoría no estaríamos enterados de las cosas que pasan en el Casmu”, afirmó.
El presidente Rodríguez rechazó renunciar. “Las autoridades fueron elegidas democráticamente y vamos a completar el periodo de gobierno como caracteriza a nuestra institución y al Uruguay”, dijo a Búsqueda. “Desestimamos cualquier intento de golpe de Estado y nos regimos por lo que dice nuestro estatuto. Recordamos que de las autoridades del SMU ninguno trabaja en Casmu y no conocen la realidad, tampoco sabemos qué intereses persiguen”.
Las próximas elecciones en el Casmu se realizarán en setiembre de 2025.
Rodríguez el martes 10 encabezó una delegación al Parlamento para entregar sus respuestas al informe de los interventores (pese a que el resumen ejecutivo que había llevado la ministra Rando decía incluir esos descargos). A la salida dijo que aunque “en cuatro de cuatro mil contratos” puedan existir “errores humanos”, lo actuado cuenta con el respaldo de “un grado 5” en la materia. En diálogo con Búsqueda, agregó que el viernes 5 se pagaron los salarios y que esta semana iba a ocurrir lo mismo con el aguinaldo. “Hay cronograma de pago de sueldos hasta junio, en el correr del mes recibiremos la garantía soberana para acceder a lo que resta del préstamo del Banco República. Setenta personas en 3.000 no se pueden arrogar representatividad”, dijo sobre los pedidos de dimisión.
Nota de Redacción: en la versión original de esta nota se indicaba que “Luis Laxalt y Barrios eran, hasta enero de 2024, presidente y vicepresidente respectivamente, de Reparo SAS”. Así figuraban en una plantilla incluida en el informe que el MSP aportó al Parlamento. En un oficio fechado el 12 de diciembre, el MSP informó a los representantes de esta empresa que eso se debió a un “corrimiento en un renglón del Excel y a errores puntuales de tipeo”. Por lo tanto, este artículo también corrige ese punto. Esta aclaración “bajo ningún concepto desvirtúa las conclusiones a las que arribó el Ministerio de Salud Pública”, concluye el oficio.
