El martes fue un día de mucha actividad en el Ministerio de Salud Pública (MSP). Las autoridades ministeriales recibieron sucesivamente al directorio del Casmu, encabezado por su presidente, Raúl Rodríguez, y a dirigentes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu). A todos ellos se les informó la determinación del gobierno: la designación del contador Juan Carlos Simonelli, que se desempeñaba en la gerencia del Hospital Pereira Rossell, la doctora Sandra Lorenzo, exsubdirectora general del MSP, y el abogado Gerardo Lorente, exgerente general de la Secretaría Nacional de Deportes, como integrantes de la comisión interventora; que con ello se busca un mayor control de la institución, pero su gestión seguirá siendo responsabilidad de sus autoridades naturales, y que el objetivo final es que el tercer mayor prestador de salud privado del país por afiliados siga funcionando.
Según dijeron a Búsqueda participantes en esas reuniones, el gobierno mostró mucha confianza en los interventores. Tiene que haberla, añadieron, porque el Casmu fue calificado como un “hierro caliente”. Más allá de su idoneidad, Sandra Lorenzo, una ginecóloga que también trabajó en el Hospital Militar y se la considera cercana a la ministra Karina Rando, no estuvo entre las primeras opciones médicas a las que se les ofreció el cargo. De hecho, que el viernes no se anunciara una resolución del gobierno (el presidente Luis Lacalle Pou habló de una “recomendación” de intervención sin desplazamiento y envío de proyecto al Parlamento), prevista para ese día y que ya era un secreto a voces, obedeció, según las fuentes, a que faltaba esa designación en el equipo de interventores.
“(Las autoridades del MSP) nos dijeron que la intervención es una forma de controlar mejor el dinero, aunque eso siga siendo responsabilidad de la Junta Directiva del Casmu”, dijo a Búsqueda el presidente del SMU, José Minarrieta.
Hasta este momento, en la mutualista actuaban cuatro veedores del MSP, dos controlando el fideicomiso con garantía del Estado que el gobierno le había concedido en 2021 y otros dos, designados a fines del año pasado, controlando el flujo de caja de la institución. Ahora el Poder Ejecutivo da un paso más, indicó el titular del gremio médico: “Los interventores podrán ver toda la información, los distintos contratos, los vínculos con los proveedores, las tercerizaciones. Además, estarán en contacto permanente con el MSP y la Junta Nacional de Salud (Junasa)”.
La intervención sin desplazamiento de autoridades está establecida en el decreto 139/004. Según esa norma, si bien los interventores "no sustituirán la voluntad de las autoridades de la institución", sí tendrán entre "sus más amplias facultades de contralor, fiscalización e investigación", la posibilidad de: "inspeccionar y comprobar los aspectos externos de las operaciones de la institución", "inspeccionar y comprobar documentación", "auditar la contabilidad", "inspeccionar comprobantes", "participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias, pudiendo observar las decisiones de las autoridades naturales de la institución que consideren irregulares, dando cuenta al Ministerio de Salud Pública", y "sugerir los correctivos que estimen pertinentes", sin que esto sea taxativo.
A los 60 días de la intervención, las personas designadas deberán elevar un diagnóstico de situación a las autoridades. De acuerdo con el decreto, si ese informe siguiera detectando graves irregularidades, podrían ser desplazadas las autoridades naturales de la institución o incluso se podría "disponer su liquidación". Según Minarrieta, esto último no estuvo “arriba de la mesa” en las conversaciones con el MSP; “un desplazamiento de autoridades, llegado el momento, sí”.
Raúl Rodríguez, presidente
El presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, calificó la reunión como “muy positiva” y la actitud de la ministra Rando como “conciliadora y de apoyo”. En diálogo con Búsqueda, no quiso hablar de algo así como un “doble comando” en la mutualista entre la directiva y la comisión interventora. “Toda solución deberá ser negociada. Si todos queremos sacar a la institución adelante, habrá que acordar las prioridades”, sostuvo.
Sobre el recibimiento que tendrán los interventores en el Casmu (el “fierro caliente” del que hablan algunas fuentes), Rodríguez señaló que eso dependerá “de la actitud” que estos traigan: “Si vienen con ánimo de construcción, van a tener plena colaboración”.
En rueda de prensa, la ministra Rando dijo que “el objetivo principal” de la decisión tomada es que el Casmu se estabilice “desde el punto de vista económico y financiero”.
El mismo día en que se firmaba el decreto de la intervención y el envío del proyecto al Parlamento, el Casmu recibía a una delegación de médicos de la Universidad de San Diego, Estados Unidos, que venían a ofrecer una capacitación en trasplantes de pulmón y corazón. Fuentes de la línea opositora en la mutualista ironizaron sobre la “megalomanía de la actual directiva” de impulsar estos “planes maravillosos” en momentos en que “se prende fuego la mutualista”. Incluso desde el propio oficialismo, señalaron a Búsqueda la “dificultad de hacer planes a futuro” en el contexto actual.
En una asamblea realizada este miércoles 31, en el marco de un paro que terminó a las 0.00 horas del jueves, Afcasmu se declaró “en conflicto”. Si bien en su momento se indicó que harían una ocupación una vez decretada la intervención, esto se dejó de lado al haber recibido explicaciones de la medida por parte del MSP, dijo a Búsqueda su presidente, Ariel Irigoytía. En el Casmu hay 300 trabajadores en seguro de paro que rotan cada cuatro meses. “Vamos a estar atentos por ellos y por lo que hagan los interventores”, expresó.
Al Parlamento
El proyecto enviado al Parlamento consta de un único artículo que señala que "por única vez y en forma provisoria" el Poder Ejecutivo concederá al Casmu acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las mutualistas por "hasta la suma" de $ 2.184.367.134. Esto equivale a unos US$ 56 millones. Es la suma por la que el Casmu había pedido acceso a ese fondo el 17 de junio, lo que motivó la intimación del gobierno el 2 de julio a que regularizara su desequilibrio económico, o cabía la posibilidad de intervenirlo.
El proyecto será estudiado en la comisión de Hacienda integrada con Salud del Senado. La idea es que entre la semana próxima y la siguiente pase al plenario, dijeron fuentes parlamentarias.
En la exposición de motivos, el proyecto señala que "resulta imprescindible la continuidad en el funcionamiento" del Casmu, una institución que "presenta riesgo de liquidez a partir de julio de 2024", con el consiguiente "riesgo asistencial" que eso conlleva. También se indica la pérdida de socios "que no ha logrado revertir", destacando que en 2015 contaba con 208.743 afiliados, número ahora reducido a 179.912. Por todo eso, se indica, es necesario el "acceso inmediato" a ese monto.
Embed - BUSQUEDA on Instagram: "Tras un plazo mayor al anunciado y de reuniones canceladas y reprogramadas, el gobierno finalmente decretó la intervención sin desplazamiento de autoridades del Casmu por el plazo de un año. El lunes había enviado al Parlamento un proyecto de ley para otorgarle por única vez y de forma inmediata acceso al Fondo de Garantías para las mutualistas establecido por ley por US$ 56 millones. Leé la nota completa en nuestra web."
Según Rodríguez, ese monto le da al Casmu “el mismo aire que ha tenido en estos 15 años”. El gobierno señaló, tanto en la ordenanza de la intimación el 2 de julio como en la exposición de motivos del proyecto, que la mutualista ha recibido un total de US$ 121.075.784, de los que aún restaba pagar un 35%, en cuatro anteriores accesos a ese fondo.
El envío de este proyecto al Parlamento, en un tema que el gobierno podría haber decidido también por decreto, es considerado una decisión política con miras a tener un mayor consenso y compromiso en todo el espectro. El propio Rodríguez visitó la chacra del expresidente José Mujica, el líder más popular del Frente Amplio, en busca de respaldo. Según pudo saber Búsqueda, el referente le manifestó su apoyo.
No hay unanimidad en la izquierda. El economista Martín Vallcorba, asesor de varios legisladores del FA, publicó un hilo en la red social X que señalaba a la iniciativa como “innecesaria, (que) no cuida los dineros públicos y constituye una muy mal práctica legislativa”, porque no se incluye “ningún plan de reestructura” ni se exige “contrapartida a la institución”.
