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    El Casmu solicitó un nuevo fideicomiso; el gobierno estudia el pedido en "expediente reservado"

    El tercer prestador privado de salud quiere activar el fondo de garantías para la reestructuración de pasivos establecido por ley en 2009

    La mutualista Casmu solicitó la semana pasada al gobierno un nuevo fideicomiso, según dijeron a Búsqueda fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP). Este prestador, el tercero en número de afiliados del país entre los privados, que afronta una delicada situación financiera, ya controla otros siete fideicomisos, según la última auditoría realizada en 2023.

    Fuentes del Casmu señalaron que lo que plantearon es una solicitud de ingreso al Fondo de Garantías de las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas (IAMC), creado por la Ley 18.439 de 2009 para la reestructuración de pasivos de las mutualistas. Evitaron calificarlo como un fideicomiso.

    Según afirmaron desde la mutualista, lo que se pide es un acceso a ese fondo por un "monto menor" a lo que terminarían de pagar en setiembre, en referencia a dos fideicomisos que culminan ese mes. "No le pedimos plata al Estado, sí que el Estado sea garante", indicaron las fuentes.

    Desde el MSP afirmaron que "Casmu pidió un fideicomiso y se hizo un expediente reservado que está en estudio" de los contadores de la secretaría de Estado. Esa reserva incluye el monto del fideicomiso. "En cuanto siga su proceso se tomarán las decisiones" correspondientes, agregaron.

    En el MSP hay una gran preocupación por la situación del Casmu, traducida en el envío a fines del año pasado de dos veedores más de los ya existentes para estudiar su flujo de caja. En marzo incluso hicieron un informe de la situación existente a legisladores de ambas cámaras, el que pidieron se mantuviera de forma confidencial.

    La solicitud de este nuevo fideicomiso volvió a disparar en el sector de la salud las versiones de una posible intervención del Casmu con desplazamiento de autoridades. Jerarcas del prestador señalaron que "oficialmente" no hay nada que permita vislumbrar ese extremo. La directiva reiteró el concepto ya esgrimido en otras oportunidades: que desde el punto de vista técnico (económico o asistencial) no están dadas las condiciones para esa determinación por lo que, si se toma, lo cual está "entre las potestades del gobierno", se trataría de "una decisión política". También indicaron que si el Estado decide no salir de garantía —es decir, se da una negativa a la solicitud que presentaron—, barajarán otras posibilidades.

    Desde Casmu se ha reiterado que la mutualista —nacida como IAMC en 2009 con patrimonio negativo, 180.972 afiliados y 7.100 funcionarios médicos y no médicos— tiene los pagos "en fecha", lleva tres balances positivos consecutivos y no posee déficit asistencial.

    Una intervención con desplazamiento de autoridades de Casmu —algo similar a lo que pasó en Casa de Galicia en octubre de 2021, dos meses antes de que la Justicia decretara su cierre, pero en una institución de mucho mayor tamaño— sería un impacto difícil de asimilar para el gobierno en año electoral. Ante la eventualidad de volver al poder en 2025, la oposición también teme la posibilidad de asumir con semejante organización en llamas. De ahí que ambas partes hayan acordado dialogar para buscar una mejor salida posible a esta situación.

    Fuentes del sector financiero consultadas por Búsqueda señalaron que el Banco República (BROU), que en abril le aprobó un préstamo al Casmu para que pudiera afrontar el pago de aguinaldos, le sigue concediendo créditos a la mutualista, aunque esto ha generado "alguna votación dividida" en el directorio. Ayuda a la evaluación favorable que los últimos créditos solicitados son a corto plazo y respaldados con la cesión de flujos del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), lo que hace que para el banco sean considerados de bajo riesgo.