El MSP envía a la Justicia informe de interventores del Casmu para investigar si hubo delitos en la mutualista

El texto de la Junasa señala que se “han detectado importantes irregularidades en las contrataciones de servicios en diversas áreas” y que existe “una ausencia muy importante de procedimientos básicos de control interno y de oposición de intereses” en las contrataciones, lo que “no son excepciones sino la regla”. También se destaca que en algunos casos el Casmu ha realizado pagos a distintas empresas “teniendo un expreso informe en contra por parte de los interventores”.

Si bien se indica que los estados financieros aún no cerraron, se estima que los pasivos comerciales aumentarán 30% respecto a los últimos. A su vez, “el endeudamiento con instituciones financieras formales ascendería a en torno a $ 1.200 millones (US$ 29.000.000).

Conflictos

Un apartado importante del resumen apunta a la Gerencia de Logística, Proyectos, Inversiones y Obras, un cargo creado en noviembre de 2022 sin que esté presente en los estatutos. Esta persona —que recientemente renunció al Casmu— representó a la empresa en la firma de 13 contratos vigentes, muchos de ellos con personas físicas que a su vez son socias de varias empresas contratadas. No solo eso: la mutualista “suscribió tres contratos con una SAS en la que desde el 15/9/22 su presidente y su vicepresidente eran personas con altos cargos en la institución”.

Esos contratos fueron firmados en julio de 2023 y en marzo de 2024. El vicepresidente era este gerente y —a su vez— el presidente era el director de Intendencia y Servicios Generales del Casmu, quien también renunció en los últimos días.

“Cabe destacar que, de acuerdo a las constataciones realizadas, estas personas son quienes, a su vez y por parte de Casmu Iampp, solicitaban el servicio y conformaban las facturas que serían pagadas a la SAS a la cual estaban vinculados y que es la que prestaba el servicio”. Esto contraviene la ley con la que se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que impide a texto expreso este conflicto de intereses.

Gastos y contratos

Hay gastos que no fueron debidamente acreditados. “Ni bien asumidos los interventores detectaron un pago de US$ 1.353.228 sin respaldo documental” para la “realización de obras de construcción y reciclaje del policlínico de Medis Group”, el servicio VIP del Casmu, similar al de un seguro privado, con seis cheques y seis conformes que “corresponden al primer tramo de las obras en Casmu 1”, el primer sanatorio. También se señala un contrato de arrendamiento de un inmueble en Río Branco, que nunca fue usado, por el que se pagó tres años. En el sanatorio 2 del Casmu se hizo un pago de US$ 400.000 en agosto de 2023, nueve meses antes de firmar un contrato para una obra “llave en mano”.

Sobre un centro de imageneología, cuya concreción fue firmada en abril de 2020, la mutualista ha pagado a setiembre de este año US$ 4.153.869. Esto es el 90% del total, cuando se estableció que sería a partes iguales con la firma encargada de la obra. La respuesta obtenida cuando se consultó por este cambio es que hubo un “replanteo” de su realización, lo que obligó a reformular el contrato. Esto, a juicio de los interventores, refleja que al inicio no se realizó “un estudio serio y responsable” de cómo desarrollar la obra ni de las características del inmueble.

Sobre los servicios de publicidad y marketing, la gerenta comercial dijo a los interventores que no hay contratos por estos porque “ella resuelve los gastos directamente”, ya que así fue autorizada. Al 23 de agosto, en el ejercicio 2024 se habían destinado US$ 2.656.657 en publicidad. Otro punto señalado es que en un solo mes, de agosto a setiembre de 2024, el gasto en remuneraciones ascendió a $ 30 millones “según se informa debido a disminución de seguros de desempleo, actividad quirúrgica y pagos de licencia”. En el primer semestre de este año, el promedio mensual de trabajadores en el seguro de desempleo fue de 315 personas.

Las mismas autoridades

El último párrafo del resumen, luego de 20 páginas que enumeran presuntas irregularidades contractuales y de pago en una institución de 6.347 trabajadores (2.605 médicos y 3.742 no médicos), con 175.837 afiliados a noviembre último (en 2015 eran 208.743), no sugiere la remoción del directorio actual, presidido por Raúl Rodríguez. “Si bien la forma de gestionar los recursos de la institución podría no compartirse y ha sido observada en múltiples aspectos por los interventores y anteriormente por los veedores, la normativa es clara respecto a los causales que facultan el desplazamiento de las autoridades”, y estas “no se configuran”, más allá de que la mutualista precisa “avanzar en una reestructura profunda y real”.

Tal como había adelantado Búsqueda, al no haber un riesgo inminente de cierre ni detectarse carencias asistenciales graves, las actuales autoridades del Casmu —que el viernes 29 de noviembre pidieron, sin éxito, que se le diera vista al informe que se iba a presentar al Parlamento— permanecerán al frente de la mutualista.

Al término de su comparecencia de unas dos horas y media, las autoridades del MSP, encabezadas por Rando y el subsecretario José Luis Satdjian, no efectuaron declaraciones a la prensa. Desde el Frente Amplio se reiteró lo dicho en otras oportunidades sobre la actuación “tardía” del gobierno.