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    Gobierno estudia “ayudar” al Casmu, mientras la mutualista acuerda patrocinar a la AUF

    Autoridades del prestador aseguran que no existen las “condiciones técnicas” para una intervención y que la situación económica es “estable”; el acuerdo con las selecciones nacionales de fútbol es por US$ 350.000 anuales hasta 2026

    Luego de atravesar una tempestad, aún no llega la calma al Casmu. El Ministerio de Salud Pública (MSP) está evaluando si es necesario algún tipo de asistencia para el tercer prestador privado del país en número de afiliados, para lo cual había enviado dos veedores más para analizar su situación financiera. Esa asistencia puede incluir, según el informe técnico que se elabore, “una intervención de las autoridades”, dijo la ministra Karina Rando el martes 16 a la prensa.

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    Un día antes, el médico Álvaro Niggemeyer, quien el 5 de enero había sido expulsado como médico capitalizador del Casmu, presentó una denuncia ante el MSP donde señala “problemas de gobernanza” e “incumplimientos del estatuto” en esa institución. Él era el principal dirigente de la agrupación opositora (El Casmu Que Queremos) en el consejo directivo, y había denunciado una grave situación interna, la tormenta que derivó en su exclusión. En la vereda opuesta, la vicepresidenta de la mutualista, Andrea Zumar, dijo a Búsqueda que la situación económica es “estable”, con un “tercer balance positivo consecutivo”, aún a espera de una auditoría externa, que para 2023 proyectó un superávit de $ 105.000.000.

    En este contexto de opiniones contrapuestas, vigilancia ministerial y una preocupación que hermana a todo el sistema político nacional más allá de partidos, Casmu y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) firmaron un contrato por tres años que habilitará al primero a patrocinar las distintas selecciones nacionales. Según fuentes de la mutualista, el interés por este vínculo surgió del ente rector del fútbol local, una vez terminado el que entre 2018 y 2023 tenía suscrito con la Asociación Española.

    No es el primer acuerdo deportivo del Casmu en estos tiempos turbulentos. Este prestador ya había firmado un contrato en 2021 con la Federación Uruguaya de Basketball para ser sponsor oficial de la selección uruguaya masculina y femenina hasta setiembre de este año.

    El nuevo acuerdo –ubicado dentro de la tercera escala de patrocinios que ofrece la AUF– es por un período de tres años y le reportará a la asociación unos US$ 350.000 anuales, cifra que incluye costos de atención médica de los distintos planteles seleccionados, según dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas a la negociación. De hecho, ya estuvieron a cargo del Casmu los análisis de sangre y orina, así como los electrocardiogramas y ecocardiogramas, más dos resonancias magnéticas a dos jugadores que así lo requirieron del combinado sub-23, que viaja hoy jueves 18 a Venezuela a disputar el torneo preolímpico.

    Relatos y análisis

    Esta presencia institucional en los dos deportes más populares del país choca con una realidad con distintas aristas. En el entendido que fue un “error” haber guardado silencio ante el “relato” que armaba la oposición interna, la agrupación que gobierna Casmu desde 2019 (Médicos Unidos) ha salido con fuerza a rebatir la idea instalada de que la mutualista vive una crisis económica casi que terminal, la que atribuyen a la oposición.

    “Que se esté trabajando con inseguridad y miedo me da mucha tristeza. Que haya funcionarios y usuarios preocupados, pidiéndome que ‘por favor’ les diga ‘la verdad’ es el daño más grande que se hizo. Y eso no pasaba antes de las elecciones de 2022”, señaló Zumar, apuntando en particular a Niggemeyer. Según ella, tanto él como su agrupación fueron los primeros en decir en decir “que Casmu iba a ser la próxima Casa de Galicia”.

    El tercer año consecutivo de superávit positivo más una reducción del 17% del patrimonio negativo de la institución son algunos de los argumentos que el oficialismo esgrime para refutar esa idea. “Desde que empezamos la gestión, hace cuatro años, siempre proyectamos la idea de eficiencia, de poner la casa en orden. El objetivo del presidente (Raúl Rodríguez) es que en 2024 se ahorren $ 40 millones al mes”, indicó Zumar. Según un informe al que accedió Búsqueda, esto se cumplió en noviembre y diciembre, y se proyecta una eficiencia de $ 49 millones tanto para enero como para febrero.

    Sobre las dos contadoras que fueron designadas por el MSP para trabajar como veedoras, que se suman a otros dos que ya estaban trabajando en el Casmu, monitoreando el fideicomiso con garantía del Estado aprobado en agosto de 2021 por US$ 23 millones, Zumar señaló que ellas mismas van a revisar el flujo de caja de la institución, pero no con datos que le aporte la mutualista, sino con sus propias observaciones y análisis. Esto ha sido considerado como una señal de desconfianza del gobierno por distintos actores políticos y médicos.

    La vicepresidenta lo relativizó: “Yo sé que esto puede ser interpretado de muchas maneras. Pero yo estuve en la reunión en la que esto nos fue notificado con la ministra, el subsecretario (José Luis Satdjian) y la presidenta de la Junasa (Junta Nacional de Salud, Alicia Rossi), y en todo momento la idea fue trabajar en conjunto. El ministerio es nuestro órgano rector, está en su potestad el actuar así, es bienvenido”.

    En diálogo con la prensa el martes, la ministra Rando había dicho que los veedores fueron designados a través de la Unidad de Monitoreo de Gestión de Prestadores de Salud de la cartera, creada recientemente para trabajar con aquellas instituciones que requieren “asistencia o intervención, de alguna manera, de las autoridades”. La jerarca agregó que se está culminando el informe con datos financieros y económicos de esas contadoras “para ver si es necesario ayudar de alguna manera” al Casmu o “si puede funcionar como lo viene haciendo hasta ahora”.

    Zumar indicó a Búsqueda que una intervención puede ser tomada como “decisión política”, algo que excede a lo que el Casmu puede manejar. Sin embargo, subrayó que “desde el punto de vista técnico, no están dadas las condiciones, ni en lo económico ni en lo existencial”, para esa determinación.

    Un informe interno al que accedió este semanario resalta que en esta mutualista, que al 10 de enero contaba con 180.972 afiliados, se realizaron en 2023 11.497 cirugías, 822.795 consultas en policlínica, 172.384 consultas en emergencia, 15.627 internaciones y se entregaron 5.158.666 medicamentos. La facturación mensual promedio fue de $ 1.053 millones. Esos volúmenes sociales, de atención y de dinero, hacen difícil una eventual intervención, sostienen distintos observadores y fuentes consultadas.

    Pero eso no quiere decir que el fantasma de Casa de Galicia (intervenida en octubre de 2021 y cerrada por decisión de la Justicia en diciembre) se disipe. “El directorio del Casmu se ha visto sorprendido en los últimos meses por una campaña de desinformación y una preocupante radio pasillo que cobra cada vez más fuerza en el ambiente médico y que apuntan al interés de otras instituciones médicas en hacerse con el total o parte de las cápitas que representa la institución en el sistema nacional de salud”, señaló la empresa en un comunicado divulgado el domingo 14. Al respecto, Zumar dijo que, si bien a ella no le llegaron directamente, circulan versiones que apuntan a que distintos prestadores –en particular dos, ambos con aproximadamente cien mil afiliados y que apuntan a una masa social de clase media alta– están particularmente interesados en los socios, laboratorios y policlínicas de Casmu.

    “A través de este comunicado, lo que queremos llevar es tranquilidad a nuestros funcionarios y socios”, explicó la vicepresidenta.

    Praderas encendidas

    “Esos rumores son falsos. En vez de inventarse conspiraciones deberían preocuparse por mejorar el Casmu”, dijo al respecto Alvaro Niggemeyer, principal dirigente de la agrupación opositora de la mutualista, quien fuera expulsado del consejo directivo y el padrón social del Casmu por la “difusión de audios” y mensajes que afectaron “el prestigio empresarial” de la institución, extremo que él ha rechazado. En lugar de eso, presentó una denuncia ante el MSP señalando que a la minoría en el Casmu se les “ocultó datos básicos”, como “contratos con empresas tercerizadas, préstamos o personal de confianza”, además de haber sufrido “persecución política desde el inicio de la campaña (en 2022)”, algo que, a su vez, el oficialismo niega.

    Si bien considera que el procedimiento que llevó a su expulsión es “nulo, ilegítimo y antiestatutario”, incluyendo dos informes jurídicos que el oficialismo considera independientes y para él son “complacientes con esta maniobra política”, la agrupación que lidera decidió “no dejar el espacio libre”.

    “No vamos a perder nuestro rol de controlar, que es lo que ellos quieren”, señaló Niggemeyer a Búsqueda.

    El espacio libre por ocupar no solo es el del directorio. Es que esta situación también dejó heridas en el seno de la agrupación opositora del Casmu. Una de sus integrantes, Marcela Mansilla, era parte de la Comisión Fiscal de la mutualista, que por unanimidad había sugerido al directorio la expulsión de este consejero. En una asamblea el 8 de enero, el sector resolvió apoyar a Niggemeyer y retirarle el apoyo a Mansilla, a quien también le pidieron el cargo.

    Paralelamente a la expulsión de Niggemeyer, Casmu evaluaba la contratación del exministro de Economía y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. Esto había sido visto positivamente por Niggemeyer, quien en declaraciones a Montevideo Portal había expresado que su presencia podía ayudar a “revertir” la situación económica de esta mutualista. Sin embargo, esto fue al freezer. “La realidad es que la llegada de Alfie respondía a que es uno de los pocos técnicos que sabe de macroeconomía en este país, donde las instituciones de salud tienen que proyectarse para adelante. No era para algo urgente”, indicó Zumar. Como no era una decisión urgente, “cuando se incendió la pradera quedó en stand-by”, afirmó.