Organizaciones sociales y grupos de productores y educadores del interior del país están “preocupados” por la venta de inmuebles rurales públicos que, según el proyecto de ley de Presupuesto, podrían ser considerados “prescindibles”. Sus reclamos, que incluyen el rechazo al recorte de fondos para la compra de tierras de Colonización, apuntan sobre todo a evitar la enajenación de predios que pertenecen a la educación pública, como las escuelas rurales cerradas provisoriamente por falta de alumnos.
Delegados del colectivo que nuclea a estos grupos de Tacuarembó y Cerro Largo presentarán al Senado más de 5.500 firmas en rechazo a las disposiciones presupuestales con las que, afirman, el gobierno pretende “hacer caja con los bienes de Primaria”, dijo a Búsqueda el educador Pablo Díaz, integrante de la red de emprendimientos productivos de las escuelas rurales y del Movimiento por la Tierra.
Según el proyecto de ley presupuestal (artículos 63 y 64), los organismos públicos procederán a la enajenación de inmuebles declarados prescindibles. Para ello, deberán informar los bienes que tienen en propiedad o posesión al Registro de Inmuebles del Estado, que funciona en la Contaduría General de la Nación. También crea en la órbita de Presidencia el Programa de Racionalización del Uso de Bienes Inmuebles del Estado para identificar propiedades “prescindibles” y traspasarlas al Ministerio de Vivienda o disponer su enajenación, cuyo producto se destinará hasta el 75% al Programa de Mejoramiento de Barrios.
La discusión de estos artículos provocó tensiones entre las bancadas de senadores de la Comisión de Presupuesto durante la sesión del 27 de octubre, cuando comparecieron las autoridades de Presidencia y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Allí, el director de la OPP, Isaac Alfie, explicó que con esto el gobierno busca “lograr una concentración en la venta (de inmuebles propiedad del Estado) para evitar la dilapidación de recursos en ventas pequeñas”.
“El problema es que el proyecto del gobierno —que prevé aplicarse dentro de los 60 días posteriores a la aprobación del Presupuesto y luego periódicamente cada año—, no excluye a los bienes del sistema educativo, por lo que abre las puertas a la venta de escuelas rurales cerradas eventualmente por falta de alumnos”, afirmó Díaz, docente de la Universidad de la República (Udelar) y del Consejo de Formación en Educación en Tacuarembó.
La reivindicación del colectivo es “excluir de la ley la enajenación de los inmuebles de Primaria” para que la decisión quede liberada a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Uruguay tiene 1.067 centros de educación catalogados como escuelas rurales, casi la mitad del total. La mayoría son de baja escala, pequeñas y con pocos alumnos. Acuden a ellas 17.000 escolares de un total de 250.000 matriculados. Unas 800 escuelas rurales cuentan con un solo maestro. A su vez, unas 600 de ellas tienen 10 alumnos o menos, y a unas 250 apenas van cinco niños y en algunos casos menos.
Casi una veintena de escuelas rurales terminaron 2019 con un solo niño. Y cada año cierran de cuatro a seis locales por la falta de alumnos.
No obstante, en los últimos tiempos comenzó a darse un fenómeno “novedoso”: la reapertura de varias escuelas rurales a pocos años de su cierre. En 2019, por ejemplo, cerraron seis escuelas por falta de niños y abrieron dos, una en Colonia y otra en Canelones, lo que en parte se explica por la acción de grupos de vecinos movilizados.
El Uruguay vacío
La baja continua de la matrícula de las escuelas rurales y el cierre de locales de estudio debido al despoblamiento de amplias zonas del país —por la migración del campo a la ciudad y la baja natalidad, entre otros factores— reflejan un “desequilibrio añejo y estructural” que ni las lógicas de los modelos productivos ni los vaivenes económicos del país han corregido, explicó Díaz, también coordinador del Núcleo de Estudios Rurales de la Udelar.
“Hay una política de vaciamiento de la campaña que trasciende los colores de los gobiernos y afecta negativamente la matrícula de las escuelas rurales”, aseguró este licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencia Política.
Históricamente, las soluciones al vaciamiento rural han pasado por dos modelos de gestión territorial de las escuelas rurales: el nucleamiento, que implica el cierre parcial de varias escuelas y trasladar a los niños a un solo centro; y el agrupamiento, que supone coordinar un conjunto de escuelas geográficamente cercanas que comparten recursos y proyectos de trabajo comunes, con lo que se evita el cierre de los locales.
La resistencia de las comunidades al cierre de las escuelas rurales está ligada a que estas son muchas veces la única presencia estatal en sitios apartados de centros poblados. Y es que la escuela, aun cerrada y sin niños, suele ser un espacio de encuentro social.
ANEP intentó, mediante una circular aprobada en 2019, facilitar el proceso para que vecinos organizados puedan trabajar en un proyecto productivo, social o mixto, en el predio de la escuela rural en desuso, comprometiéndose en contrapartida a mantener el local en condiciones hasta que Primaria vuelva a requerir el local para uso escolar.
Hay varias experiencias productivas enmarcadas en el Plan piloto de adjudicación de predios escolares, por ejemplo, en seis escuelas rurales de Cerro Largo, donde en la última década cerraron más de 40, dijo a Búsqueda Horacio García, de un emprendimiento en la exescuela 91, de Paso de Melo.
También en Tacuarembó, Treinta y Tres y en Flores se encuentran en trámite proyectos de cooperación de vecinos que solicitaron locales y predios escolares para las reuniones de la cooperativa y, en algunos casos, para fines productivos.
Se trata de pequeños emprendimientos que además permiten a esas familias contar con un sustento para vivir, explicó García, y citó el ejemplo de la escuela 69 de Poblado Soto de Cerro Largo: “Estaba totalmente destruida y hoy está en pie, pintada, alambrada y remodelada por si mañana Primaria decide traer gurises para evitar aglomeraciones por el Covid”.
Otro “caso exitoso” es el emprendimiento de Fabricio Rodríguez en la exescuela 53 de Sarandí de Aceguá, ubicada a 35 kilómetros de la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo. Allí, desde 2017, la familia Rodríguez trabaja en un proyecto productivo que incluye la cría de cerdos en el predio escolar.
Estas experiencias de transformación de escuelas rurales a esta nueva modalidad están a la espera de la aprobación de un nuevo marco regulatorio que atienda ciertas “lagunas legales”, señala un informe elaborado por los investigadores universitarios Héctor De Souza y Dayana Bufano, que publicará el Observatorio de Política de Tierra de la Udelar en diciembre, y a cuyo avance accedió Búsqueda.
Según el estudio, “la escuela rural ha sido la gran invención técnica y socializadora del medio rural de nuestro país, a instancias del propio magisterio, que ha ido perfeccionando esta herramienta desde las primeras experiencias piloto como el núcleo experimental escolar de La Mina o las misiones sociopedagógicas”.
“Esta herramienta se transforma en espacios productivos y sociales intentando dar respuesta al desafío del vaciamiento de la campaña por el fenómeno de la urbanización que va de la mano de la concentración de la tenencia de la tierra”, concluye el informe de la Udelar.