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Silva y Schipani piden citar al Parlamento a jerarcas de la enseñanza en defensa de la transformación educativa
Autoridades dejaron sin efecto la designación de tres inspectoras de educación media y las sanciones impuestas en el anterior gobierno a dos maestras que leyeron una proclama sindical en una escuela
El gobierno empezó a desandar algunos aspectos de la anterior gestión educativa. Para las grandes reformas necesita una mayoría parlamentaria que aún no tiene, por lo que el Poder Ejecutivo ha tomado el asunto con cautela. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, informó a Búsqueda que redactó un anteproyecto de ley para reinstalar los consejos desconcentrados de inicial y primaria, secundaria y UTU, y devolverles a los docentes su participación en estos espacios. En paralelo, otras autoridades de la enseñanza tomaron resoluciones que anulan otras de la administración pasada, motivo por el que legisladores colorados solicitan citar al Parlamento a quienes las firmaron.
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El senador Robert Silva, principal referente de la transformación educativa como presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) entre marzo de 2020 y octubre de 2023, pedirá la citación a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Alta del director general de Educación Secundaria, Manuel Oroño, a quien le atribuye “el descabezamiento de la Inspección General Docente y la afectación de derechos adquiridos” de tres inspectoras que fueron “degradadas”, en alusión a que les rebajó sus grados en el escalafón.
Las resoluciones de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) sobre estas tres inspectoras fueron firmadas el 23 de abril, difundidas por la diaria dos días después y celebradas por referentes de los gremios docentes. “Desarticulando la estructura de los comisarios políticos”, publicó al respecto en X el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), Emiliano Mandacen. La presidenta de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo, Camila Menchaca, tuiteó que “en estos años jefes y subjefes de inspección pisaron cabezas de las demás inspecciones, forzaron a tomar decisiones y mandaron por WhatsApp”.
Por otra parte, el diputado colorado Felipe Schipani, cofundador del sector Crece, junto con Silva, pidió citar a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Baja a las autoridades de Codicen para que “informen la reciente decisión de revocar las sanciones impuestas” durante el anterior período de gobierno “a una maestra y a la directora de la Escuela 35 República de Guatemala, tras haberse verificado la lectura de una proclama sindical en horario de clase y en presencia de alumnos, hecho que vulnera abiertamente el principio de laicidad y la prohibición de proselitismo”. Schipani plantea en su solicitud, a la que accedió Búsqueda, que esta resolución de Codicen del 8 de abril “representa un retroceso preocupante en materia de defensa de nuestra identidad educativa, que históricamente ha estado cimentada en la laicidad como valor fundamental y garantía del carácter plural, respetuoso y neutral de la educación pública”.
La marcha atrás de Codicen que cuestiona el legislador se enmarca en un proceso de revisión por parte de las autoridades educativas de una serie de sanciones impuestas a docentes durante el gobierno coalicionista por conductas vinculadas a la militancia sindical.
Inspección con “coordinación” más que “jerarquía”
El director general de Secundaria resolvió este mes “dejar sin efecto (…) las designaciones” de las inspectoras Maris Montes, Laura Battagliese y Elsa Sosa. El 27 de diciembre de 2024, la entonces directora general de Secundaria, Jennifer Cherro, designó a Montes, que había sido su subdirectora, como inspectora grado cinco de la División Inspección; a Sosa, como subinspectora jefa de Educación Secundaria también con grado cinco, y a Battagliese como inspectora general docente grado seis durante el año 2025.
Las resoluciones de Oroño reestablecen a las tres inspectoras a sus cargos efectivos, correspondientes al grado tres, y dispone que “no se provean las vacantes del grado cinco y seis en la División Inspección de la DGES por razones de servicio”.
El titular de Secundaria explica en las resoluciones que la supresión de estos cargos responde a que “debe retomarse la concepción inspectiva con base en la coordinación más que en la jerarquía piramidal”. Oroño argumenta, además, que busca “un modelo inspectivo de apoyo, cercano a los centros, superador del exclusivo control administrativo”. En ese sentido, Secundaria busca reinstalar una estructura de inspecciones regionales que trabajen de forma coordinada con otros organismos públicos.
Para Silva, es “muy grave” lo que resolvió Oroño por dos motivos: en primer lugar, las inspectoras que “participaron de la transformación educativa por los cargos que ocupaban” accedieron a cargos interinos (correspondientes a los grados designados por Cherro) por “un llamado y una elección de acuerdo al escalafón de inspectores efectivos”, y, en segundo lugar, “se están afectando gravemente derechos adquiridos para el año lectivo 2025”. El senador colorado sostuvo que da “sensación de arbitrariedad y no respeto a las normas jurídicas que deben aplicarse, como el Estatuto del Funcionario”, y agregó en diálogo con Búsqueda que “pareciera una persecución y atropello que vulnera derechos y afecta la educación pública, porque esto ha generado nerviosismo y tembladeral en toda la Dirección de Secundaria”.
Al senador colorado le llamó la atención “la coincidencia y el respaldo de los mayores dirigentes sindicales a la decisión de la DGES”. Silva recordó que Oroño fue presidente de Fenapes y lamentó que las inspectoras se enteraran por la página web de Secundaria de sus resoluciones. “No fueron capaces de llamarlas, de explicarles la decisión; un despropósito de la dirección general”, dijo el legislador, y se preguntó si las autoridades “querrán volver al triunvirato que había generado el Frente Amplio con designaciones a dedo sin respetar el escalafón”.
Las inspectoras preparan recursos contra las resoluciones que firmó Oroño. Una de ellas, Battagliese, ha sido candidata de la lista 3 en varias elecciones para integrar el Codicen y es la esposa de Gustavo Lapaz, quien fuera intendente de Soriano entre 1995 y 2005, y senador herrerista desde ese año hasta 2010.
