Más del 80% de quienes usan las computadoras no forman parte de la Universidad. Foto: Nicolás Der Agopián

Algunos usan las computadoras para buscar trabajo, otros generan problemas con el personal por peleas y robos a los alumnos; los estudiantes piden no cerrar las puertas a esta “población históricamente excluida” y el rector dice que las instalaciones son solo para universitarios

Unas 70 personas que viven en la calle pasan el día en la Facultad de Ciencias Sociales y el decano pide ayuda al Mides

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Nº1974 - al de Junio de 2018
escriben Raúl Santopietro y Juan Pablo Mosteiro

El viernes 4 de mayo los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República se toparon con una escena atípica. En el primer piso, en la sala de informática, junto al salón A1, había un hombre durmiendo. Tenía mal aspecto, desarreglado, con mal olor y la apariencia de ser alguien que pasa sus días en la calle. El personal de vigilancia fue el primero en verlo. Nadie sabía cómo había llegado allí. Suponen que, en medio de algún descuido, había ingresado a facultad el día anterior y que al cerrarse las puertas nadie notó su presencia. Los guardias le pidieron que se fuera, pero cada intento de ponerse en pie terminaba frustrado. El hombre apenas pudo sentarse y cayó “en una especie de sueño profundo”, según describieron los funcionarios en un reporte.

Desconcertados, los estudiantes que querían entrar el salón no sabían qué hacer. El hombre no respondía y los trabajadores decidieron llamar a la emergencia. Los médicos lograron reanimarlo y, como se encontraba estable, optaron por no trasladarlo. En su territorio, el problema seguía siendo de la facultad. Minutos después, defecó y orinó allí mismo. Los estudiantes, entre asqueados y asustados por lo que veían, desistieron de sus intentos rápidamente, y la clase debió suspenderse. Los funcionarios ya no sabían qué hacer y la decisión pasó a manos del decano, Diego Piñeiro, que no dudó y llamó al 911. Finalmente, los policías se llevaron al indigente.

El episodio no fue aislado. Ese mismo día, cuando el personal ingresó a la sala de informática, se encontró con otra persona en situación de calle durmiendo entre las mesas. Cuando le pidieron que se retirara, se incorporó y camino a la salida vomitó sobre las computadoras. Una vez más, le rogaron que abandonara el edificio.

En las últimas semanas, la Facultad de Ciencias Sociales se convirtió en un lugar de acogida para decenas de personas en situación de calle que aprovechan el centro educativo para pasar allí sus horas durante el día. Han generado su propio circuito en la zona. Pasan la noche en un refugio cerca, donde los dejan permanecer hasta las ocho de la mañana y al mediodía se alimentan en un comedor ubicado a una cuadra, por la calle Constituyente. El resto del tiempo lo pasan en la facultad. Así, poco a poco, aparecieron los problemas con el personal. Ya no se trata del simple ingreso a la facultad para usar el baño. Por estos días, numerosas personas duermen en las mesas y usan las computadoras de la facultad para recrearse. Discusiones entre ellos terminan a golpes de puño. Una mochila y un celular han desaparecido a dos alumnos.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) está a apenas dos cuadras de allí, pero sus autoridades solo se enteraron de esta situación cuando el decano, preocupado por el desmadre, les solicitó una entrevista. En la interna de la facultad se debate entre dos formas antagónicas de abordar el problema de esta población vulnerable. ¿Cómo acompasar el discurso puertas adentro con aquel que se sostiene puertas afuera? ¿Y si el costo de la coherencia o sensibilidad social implica someter a los funcionarios a situaciones indeseables en su labor diaria?

Visiones antagónicas.

Los funcionarios son quienes tienen el trato directo, ya sea para pedirles que se vayan o para llamarlos al orden, y por eso fueron los primeros en plantearlo como un problema. Los episodios en la sala de informática marcaron un antes y un después y decidieron dejarlo por escrito en un informe que entregaron al decano el 8 de mayo. 

En el documento, al que accedió Búsqueda, los trabajadores manifiestan su “preocupación por la reiteración de estos hechos y el aumento de personas ajenas a la institución que ingresan a diario a las instalaciones, pasando prácticamente el día, y que en algunos casos se muestran con actitudes agresivas entre ellos y hacia cualquier funcionario que intente hacerle saber que esta teniendo un comportamiento incorrecto”.

Al mismo tiempo, los docentes que trabajan en la sala de informática presentaron otro informe el 4 de mayo, día en que ocurrió el episodio de la persona que vomitó las máquinas. En él, informan al decano que más del 80% de quienes usan las computadoras no forman parte de la Universidad y que “la mayoría son personas en situación de calle”.

Hasta ese momento, no les habían negado el ingreso “en virtud de los principios de ser una universidad abierta”, pero “algunas cuestiones problemáticas” hicieron replantear su acceso. En los últimos meses, la cantidad de personas que usó la sala se multiplicó exponencialmente. Mientras el año pasado y en los meses de enero y febrero de este año no superaban las 300, en marzo alcanzaron las 508 y en abril las 829. Con el agregado de que en ambos meses el 85% era gente ajena a la Universidad. Ni estudiantes, ni docentes ni funcionarios. Y además, la media de asistentes por hora pasó de rondar los ocho a superar los 18 en abril pasado.

El decano se dio cuenta de que estaba frente a una situación compleja y llevó el tema al Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales. Lo que era una preocupación por la seguridad de los trabajadores y alumnos se convirtió en un tema de estudio y de debate conceptual. El Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales lo tomó como un asunto para reflexionar por las diversas implicancias sociales que tiene y el 29 de mayo presentó un documento con su análisis a modo de “aporte a la discusión”.

Para los estudiantes, el camino no debe ser abordar el tema como una “problemática de seguridad”, y plantean pensarlo desde cuál debe ser el vínculo de la institución educativa con la comunidad. Citando conceptos de autores que forman parte de sus programas educativos, como Jaume Curbet, Alessandro Baratta y Ulrich Bech, propusieron que no se den “soluciones restrictivas”, porque sus actos forman parte de “expresiones sociales más amplias”.

En su lugar, pidieron que la facultad se mantenga “de puertas abiertas” y que se contemple a estas “poblaciones históricamente excluidas”. “A diferencia de la definición del problema en términos del derecho a la seguridad, consideramos que debemos partir de la premisa de la no vulneración de derechos”, sostienen en el documento.

El Consejo analizó la situación y decidió crear una comisión con cuatro docentes, cuya misión es conocer al detalle lo que sucede y encontrar una solución. La primera medida fue elaborar un censo de las personas en situación de calle que deambulan a diario por la universidad. El resultado reveló que entre 70 y 90 indigentes pasan largas horas en las instalaciones de la facultad.

El responsable.

El miércoles 13 los funcionarios debieron enfrentarse a una nueva situación que involucraba a personas en situación de calle. Dos indigentes decidieron pasar el rato jugando al ping pong en la mesa que hasta entonces tenía la facultad en el primer piso. En medio de su partido, los hombres comenzaron a subir el tono y al poco tiempo cambiaron palabras por golpes de puño. Los trabajadores intentaron separarlos. Los forcejeos, entre gritos de un lado pidiendo que se calmaran y del otro cruzando insultos, terminaron con la mesa rota y una sensación de hartazgo en las autoridades.

Ese hecho colmó la paciencia del decano de Ciencias Sociales, que decidió que el tema superaba su órbita. El rector de la Udelar, Roberto Markarián, llegó de Córdoba el domingo por la noche. El lunes 19 volvió a trabajar y a las 16:30 cuando abandonaba su despacho recibió la llamada de Piñeiro. El decano lo puso al tanto de la situación. Le contó que estas personas iban a pasar el día a la facultad y estaban causando problemas, le dijo que lo plantearía al Mides porque ya escapaba de su control y Markarian le respondió que él averiguaría por su lado qué estaba pasando en los demás centros educativos.

Desde el Mides saben que esta situación se da también en otras instituciones. Fuentes del ministerio dijeron que van a recibir a las autoridades de Ciencias Sociales y allí les transmitirán que “el responsable de lo que pasa en los locales públicos es el propio organismo”.

Ya en abril el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, le envió una carta al presidente Tabaré Vázquez, preocupado por la cantidad de personas en situación de calle que hay en la capital. Y el problema también ha sido evaluado como “un debe” por la dirigencia del Frente Amplio.

En la facultad, el debate continúa y las personas en situación de calle siguen ingresando al edificio. Ayer miércoles, sobre las 15:30, la comisión creada por el decano se reunió por primera vez. Mientras, en la sala de informática del primer piso, 33 de las 36 computadoras eran ocupadas por “no universitarios”, según un registro interno, varios de ellos en situación de calle. Ninguno con fines de estudio. Algunos pasan el rato chateando y miran videos en YouTube, otros arman su currículum y buscan trabajo. Uno de ellos era José Batista, un hombre de 41 años, que dice que sobrevive haciendo changas y trabajando en las ferias. De buzo polar, pantalón deportivo y championes gastados, aprovecha el tiempo frente a la computadora mientras espera hasta las seis de la tarde a que abra su refugio en Ejido y Durazno. “Acá está especial, sobre todo en los días de lluvia y frío. Bajo techo, calentito para no pasar penurias. ¡Hasta hay para tomar mate!”, dice. Hace un mes y medio llegó a la capital, desde Flores, buscando trabajo. No le fue bien, pero gracias a la facultad pudo encontrar en Internet alguna changa. Y por casos como los de él, los estudiantes y parte de los docentes se alinean para permitir que las personas en situación de calle usen las instalaciones.

Martín González, el docente a cargo de la sala en la tarde de ayer, cuenta que este es el panorama diario. “Unos cuantos millennials de abajo”, bromea. Tiene claro que la mayoría son personas que viven en la calle y cuyas rutinas se basan en pasar la noche en los refugios y a la hora del almuerzo ir a los comedores. Por eso la facultad se volvió para ellos una vía de escape, al menos por unas horas. Pero trajo complicaciones para los alumnos. Un día se desmayó un indigente por baja presión, otro sucedió lo de los vómitos en la sala, después las peleas y por último los robos. El Mides puso la responsabilidad en la universidad. Los estudiantes piden contemplar a una “población históricamente vulnerada” y los funcionarios trabajar sin los episodios que les tocó enfrentar. La decisión, en última instancia, la deberá tomar el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales.

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