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La Fiscalía ha estado en el centro del debate político desde el inicio de la administración de Yamandú Orsi. El mandatario asumió con la promesa de que impulsaría un acuerdo político para designar a un nuevo titular de la institución, un cargo que está vacante desde 2021. Sin embargo, el diálogo con la oposición no tuvo éxito hasta ahora y la Fiscalía continúa comandada por Mónica Ferrero, que ocupa el cargo de manera subrogante y tiene el respaldo explícito de los partidos de la oposición.
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Mientras el vínculo entre oficialismo y oposición luce cada vez más crispado y aleja las expectativas de lograr un acuerdo para ese y otros cargos pendientes de renovación, desde el Frente Amplio (FA) intensifican las críticas hacia la fiscal.
La semana pasada Ferrero definió el traslado del fiscal Alejandro Machado de la sede de Delitos Económicos y Complejos a una nueva sede que se especializará en Cibercrimen. La decisión provocó el enojo del oficialismo, que de inmediato calificó el movimiento como “raro”. Esto debido a que Machado estaba a cargo de investigar causas de alta sensibilidad política, como las presuntas irregularidades en el contrato celebrado por el gobierno anterior con el astillero español Cardama y la destrucción de un documento en las oficinas de la Presidencia de la República vinculado a la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Pese a que el propio Machado se había postulado para liderar la nueva sede, en el gobierno interpretaron el traslado como una maniobra para proteger a los eventuales responsables en esas investigaciones. Varios legisladores oficialistas expresaron sorpresa y “preocupación” por la decisión. “Es raro que se cambie, sin justificación alguna, al fiscal que tiene a cargo las investigaciones de los principales casos sobre irregularidades e ilicitudes del gobierno anterior. Es muy raro. Vamos a estar atentos para ver a quién designan en su lugar”, escribió en su cuenta de X el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani.
“Se han exacerbado las arbitrariedades”
A los señalamientos del oficialismo se sumó una nueva denuncia del exsenador Charles Carrera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que esta vez apunta directamente a la fiscal Ferrero. En julio del año pasado Carrera denunció ante la CIDH la falta de investigación y sanción del espionaje ilegal del que fue víctima, junto con el entonces senador y actual intendente de Montevideo, Mario Bergara, en presunta represalia por haber acusado hechos de corrupción en el contrato celebrado entre el anterior gobierno liderado por Luis Lacalle Pou y la naviera Katoen Natie.
El exsenador planteó que el inicio de una investigación penal por irregularidades en el uso del Hospital Policial —causa por la que fue acusado la semana pasada— también formó parte de las represalias en su contra. En diciembre la comisión, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, resolvió dar trámite a la denuncia.
Monica-Ferrero
Mónica Ferrero.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Ahora en una ampliación de la denuncia presentada en abril y a la que accedió Búsqueda, Carrera afirmó que “se han exacerbado las arbitrariedades” en el proceso penal en su contra y acusó a la fiscal de Corte de actuar con discrecionalidad para perjudicarlo. El exsenador también presentará una denuncia ante las relatorías sobre libertad de expresión y sobre protección de defensores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
La fiscal Sandra Fleitas pidió el pasado jueves cuatro años de prisión para el dirigente del MPP por delitos de fraude y uso indebido de información privilegiada por autorizar que un particular se atendiera en el Hospital Policial cuando era secretario general del Ministerio del Interior. “El mismo día que la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, decide trasladar al fiscal Machado para blindar a Lacalle Pou con los casos Cardama y Marset, a mí me pidieron cuatro años de prisión”, escribió Carrera en la red X el pasado jueves. Añadió que en el juicio podrá demostrar su “más absoluta inocencia”.
Un sesgo político “innegable”
En el escrito más reciente presentado ante la CIDH, Carrera afirmó que la “impunidad” en el juzgamiento de los responsables del espionaje ilegal del que fue víctima es responsabilidad de la Fiscalía. También sostuvo que la fiscal que pidió su desafuero en 2024 para investigarlo —Silvia Porteiro, quien fue luego sustituida por Fleitas— lo hizo “justo un mes antes de las elecciones en las que era candidato” a renovar su banca en el Senado. Posteriormente, la fiscal fue reemplazada de forma “discrecional” por Ferrero, sin seguir los criterios de asignación aleatoria, y la nueva titular “formalizó su imputación por delitos completamente distintos a los que había sido previamente investigado”.
El exsenador aseguró que se trató de una “maniobra” para asignar su caso a una fiscal “con reconocida afiliación política opuesta” al FA. En el escrito Carrera también sostuvo que Ferrero “ha mostrado un interés particular” en su caso y la cuestionó por no asistir al Parlamento cuando fue citada por senadores del FA a la Comisión de Asuntos Administrativos debido a traslados de fiscales con base en criterios “poco claros y confusos”.
Sandra Fleitas
Carrera aseguró que el sesgo político de Fleitas es “innegable” y que sus actuaciones “carecen de un mínimo de independencia respecto a la fiscal de Corte”. Además, afirmó que durante el proceso la Fiscalía “ha adoptado una actitud de amedrentamiento” contra él y sus abogados. El exsenador consideró que su situación encuadra en un caso de lawfare, que refiere al “uso del sistema judicial para perseguir a opositores políticos”.
En agosto de 2025 Carrera ya había denunciado a Ferrero ante la Junta de Transparencia y Ética Pública por presuntamente abusar de su poder y violar las normas para “digitar” la designación de Fleitas en la sede que lo investiga.
