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El Poder Ejecutivo busca incorporar los delitos ambientales y la piratería marítima como precedentes del lavado de activos
Ninguno de esos delitos están tipificados en Uruguay, por lo que el gobierno evalúa cuáles son los mecanismos para cumplir con exigencias internacionales
El Poder Ejecutivo discute varios cambios a las normas que rigen el combate al blanqueo de capitales para cumplir con exigencias de organismos internacionales y revertir medidas adoptadas en Ley de Urgente Consideración que aprobó el gobierno de Luis Lacalle Pou. Algunas modificaciones en carpeta tienen dificultades especiales.
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Es que la intención del gobierno es incluir como precedentes del delito de lavado de activos a la piratería marítima y los delitos ambientales, conductas que no están tipificadas en el Código Penal, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales. Hay otras medidas, en cambio, que pueden ser más sencillas de llevar adelante, como la ampliación de la estructura de la comisión coordinadora sobre el tema que funciona en la órbita de Presidencia de la República.
El esfuerzo general del gobierno “no busca implementar cambios profundos, sino de ajustes a partir de recomendaciones que surgían en la evaluación nacional de riesgos”, de los planteos de los organismos internacionales especializados en el tema y de la experiencia recabada en el país, explicó a Búsqueda la secretaria Antilavado, Sandra Libonatti.
Comision Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.png
Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo reunida en Presidencia, 10 de abrl de 2025
Presidencia
La estrategia como “prioridad”
La comisión coordinadora tuvo su primera reunión en el marco del nuevo gobierno el 10 de abril. En esa oportunidad, hicieron circular la estrategia nacional de riesgos que había entregado, el año pasado, el consultor Alejandro Montesdeoca a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), entonces presidida por Jorge Chediak.
“La estamos redistribuyendo para que las nuevas autoridades tomen conocimiento de ella y hagan sus comentarios; es prioridad tener la estrategia, que va a ser nuestro camino a futuro, nuestra hoja de ruta”, dijo Libonatti a la oficina de prensa presidencial.
En esa reunión comenzaron a conversar sobre posibles cambios a la ley. Esas discusiones cristalizarán en un proyecto en breve. A la salida del Consejo de Ministros del martes 22, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, informó a la prensa que el gobierno enviará un proyecto al Parlamento “en los primeros días de mayo”.
Díaz dijo que buscarán corregir un problema en la definición del delito de asistencia al lavado de activos. El objetivo es, además, revertir cambios dispuestos en la LUC aprobada a comienzos del gobierno de Lacalle Pou.
Uno de los aspectos que incluirá el articulado que será enviado en junio implica revisar la posibilidad de realizar un proceso de debida diligencia simplificado, en aquellos casos donde la operación o actividad se realice utilizando medios de pago electrónicos. En una entrevista con Búsqueda el 13 de marzo, pocos días después de asumir, Libonatti había adelantado que esa disposición de la LUC era un tema a revisar. “En estos pocos días que llevo acá, lo he visto en casos puntuales y concretos de fiscalización donde esto termina siendo un problema. El hecho de que un sujeto obligado del sector no financiero pueda hacer medidas simplificadas, es decir, no incluir la verificación del origen de los fondos cuando interviene un banco, ya sea local o del exterior, que no esté en una lista (de paraísos fiscales). Eso realmente para mí constituye un problema”.
Libonatti dijo esta semana a Búsqueda que el gobierno cuenta con un informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el que recomienda volver para atrás con ese cambio.
Añadió que el proyecto buscará ampliar la cantidad de participantes de la comisión coordinadora, que hasta ahora está conformada por el prosecretario de la Presidencia, la Senaclaft, los subsecretarios de Interior, Economía, Defensa, Educación, Relaciones Exteriores, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay y el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública. La intención es sumar representantes de organismos que asisten a las reuniones en calidad de invitados, como la Fiscalía General.
Delitos ambientales y de piratería sin tipificación
El proyecto que elabora el Poder Ejecutivo tiene como objetivo incluir nuevos delitos precedentes del de lavado de dinero. Es decir, conductas ilegales cuyo desarrollo genera ganancias que luego deben ser blanqueadas para su uso legal. Uno de los delitos precedentes más habitual es el narcotráfico, aunque también lo son la evasión fiscal, el contrabando, las estafas por determinados montos.
Libonatti dijo a Búsqueda que están trabajando para ver cómo cumplir las exigencias del GAFI e incluir como precedentes los delitos informáticos, ambientales y la piratería en ultramar.
Mientras que en los delitos informáticos es más fácil de implementar el cambio porque están en el Código Penal, ni la piratería ni los delitos cometidos contra el medio ambiente están tipificados en Uruguay.
Una de las miradas es que “si lo ponés en la ley antilavado, la UIAF puede cooperar, aunque el delito precedente no exista”, dijo una fuente consultada. Añadió, no obstante, que la cooperación jurídica exige que el delito precedente —en este caso los ambientales— estén tipificados tanto en el país que pide asistencia porque está investigando un caso como en Uruguay.
“Para cumplir con los estándares internacionales” hay que tener tipificados los delitos, evalúo una de las personas que trabaja el tema.
Durante el periodo pasado, el Senado dio media sanción a un proyecto que tipificaba los delitos contra el medio ambiente, pero Diputados no culminó el proceso legislativo. La decisión del actual gobierno es intentar aprobar un proyecto similar en el actual período.
La posibilidad de crear el delito de piratería en ultramar no es una prioridad del gobierno, salvo por las exigencias internacionales, dijo una de las fuentes.
El umbral del uso de efectivo
Tras el Consejo de Ministros, Díaz dijo que el gobierno, tal cual prometió el Frente Amplio durante la campaña, revisará otro aspecto del combate al lavado de activos, pero que es parte de la ley de inclusión financiera.
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El gobierno buscará subir el umbral en el uso de efectivo
La LUC subió a US$ 100.000 el límite de uso de dinero en efectivo para ciertas transacciones. Tras realizar la evaluación de riesgo, el consultor Montesdeoca también había alertado sobre la necesidad de “modificar a la baja el umbral”.
Díaz explicó que el Poder Ejecutivo todavía no definió si el cambio del umbral irá en el mismo proyecto que las modificaciones a la ley de lavado o en otra propuesta específica. “Será una resolución política que, en última instancia, tomará, como corresponde, el presidente de la República”, subrayó.
