Delitos ambientales: el ministerio insiste en que se apruebe la ley a poco del cierre de la legislatura

Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores en 2023 busca incorporar los delitos contra el ambiente en el Código Penal uruguayo. La iniciativa —que está ahora a estudio de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes— penaliza la contaminación del aire, el agua y el suelo, la contaminación por residuos tóxicos y los delitos contra la biodiversidad y la gestión medioambiental con penas de entre tres meses y 12 años de prisión.

Para Goñi, las “pocas sesiones que quedan” complican la aprobación. La comisión no sesionó esta semana debido al tratamiento de la Rendición de Cuentas y la próxima semana estará abocada al tratamiento del proyecto sobre prisión domiciliaria. De todas formas, no cerró la puerta: “Diría que hay un 50% de probabilidades de que delitos ambientales se llegue a tratar, porque, si en las primeras sesiones de setiembre no aparece nada extraño, sería un tema prioritario”.

El diputado Ope Pasquet, en tanto, dijo que tienen la intención de votar el proyecto en este período, pero antes está el proyecto de código del proceso contencioso de anulación —que ya tiene media sanción— y el de prisión domiciliaria, temas que quizás se trataron antes porque “hubo reclamos más fuertes de la sociedad civil al respecto”.

“Trataremos de cumplir con todo, veremos si es posible. Pero el momento llegó y queremos tratar delitos ambientales este año”, agregó.

Otros representantes consultados, sin embargo, no fueron tan positivos y opinaron que el proyecto “no va a llegar a tratarse” porque el Partido Nacional “tiene algunas objeciones”. En ese sentido, señalaron que, pese al esfuerzo de varios legisladores, es probable que “la iniciativa naufrague” y que “no llegue a ver la luz en esta legislatura”.

“Es muy difícil, quedan muy pocas sesiones”, señaló uno de ellos.

Esperanza

El presidente de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados, el representante por el Partido Nacional Mario Colman, dijo a Búsqueda que el martes se reunió con Amarilla, quien se presentó en el Parlamento con el objetivo de insistir en el tratamiento del proyecto de delitos ambientales y hacer hincapié en la urgencia de su votación.

Colman explicó que va a proponer que el tema integre el orden del día de la sesión del próximo miércoles 14. Además, explicó que el proyecto que se pretende votar sería el que ya cuenta con media sanción del Senado, y no el texto alternativo que redactó Diputados meses atrás y que incluye un proyecto de ley “más amplio”, ya que esto implicaría que la iniciativa tuviera que volver otra vez a la Cámara Alta y sería inviable por un tema de tiempos.

Para tomar esa decisión, la comisión le pidió a la Fiscalía General de la Nación un informe técnico sobre ambos proyectos. Ese trabajo, según informó en su momento El Observador, admitió el proyecto aprobado por el Senado como viable y con “mejores condiciones técnicas” y cuestionó el propuesto por la Cámara de Diputados por la “mala técnica legislativa”, entre otros graves errores.

“Capaz citamos a Fiscalía para que amplíen... Las cátedras que invitamos están muy a favor, aunque no así la Cátedra de Derecho Penal”, dijo Colman. Mencionó, además, que el penalista Gastón Chaves presentó un informe en el que se planteaba que estos delitos deberían pasar por una “evaluación previa” del Ministerio de Ambiente, un punto sobre el cual abogados especializados en ambiente de la Universidad de la República y la Universidad de Montevideo se mostraron en desacuerdo. “Me gustaría volver a poner esto sobre la mesa, avanzar con alguna otra convocatoria y tratar de sacarlo dentro de esta legislatura”, insistió Colman.

Sobre la visión pesimista de otros diputados respecto a la aprobación de la figura del delito ambiental en el código penal, el presidente de la comisión aseguró que eso “depende de la voluntad política de los legisladores para sacarlo adelante”.

“Chances hay, aunque en estos tiempos no es fácil llegar a consensos”, opinó. Aunque dijo estar personalmente a favor del proyecto y haber tratado de diligenciar durante su presidencia las diferentes convocatorias y pedidos de información, “es real que estando tan próximos a un receso se pueda desestimular su tratamiento”.

“Por lo menos vale la pena intentarlo”, cerró.

Amarilla, por su parte, dijo que tras reunirse con Colman y otros diputados entiende que “aparentemente hay voluntad política de aprobar el proyecto, si bien hay observaciones en algunos artículos”. Contó que se puso a disposición en caso de ser necesario que comparezca de nuevo ante la Comisión de Constitución y agregó que los diputados aguardan todavía un informe de la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas que prevé llegar esta semana. Justamente, las organizaciones han criticado duramente al proyecto, al entender que el texto se queda corto y que habría que establecer como delito la afectación de la fauna en todo el territorio y no solo en las áreas protegidas.

“Ya no habrían más argumentos para no tomar una resolución, por lo que capaz que termina aprobándose en comisión en agosto y en setiembre en el plenario, en alguna sesión extraordinaria. Los tiempos dan, yo sigo con esperanza”, cerró Amarilla.