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Mientras lidia con carencias que afectan su funcionamiento, la Jutep proyecta crear un observatorio de corrupción y sumar politólogos y sociólogos
En una sesión parlamentaria, el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública anunció una restructura administrativa y expuso carencias de personal para procesar denuncias
En la última comparecencia del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda se empezó hablando de la restructura administrativa del organismo y se terminó en un cuestionamiento político a su independencia, a sus procedimientos, a sus decisiones jurídicas y a su funcionamiento interno. Por momentos fue una sesión áspera, con tiros cruzados y reproches entre oficialismo y oposición.
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Y en el centro de la polémica, la creación de un observatorio de la corrupción y la eliminación de su Asesoría Letrada. La nueva estructura organizativa propuesta fue aprobada por una resolución de dos votos contra uno. La presidenta, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti, votaron a favor y el representante de la oposición, el director Luis Calabria, se expresó en contra. El nuevo organigrama se reparte en tres divisiones: Declaraciones Juradas, Observatorio y Gestión de Denuncias.
Durante la sesión en el Parlamento, en la tarde del martes 1, la senadora blanca Graciela Bianchi se preguntó “cuál es la base legal” del observatorio planteado. “No me refiero solo a la enunciación, sino también a la integración, al funcionamiento. Un observatorio sobre corrupción es muy importante, pero, lógicamente, debe tener los cuidados legales para que no se preste a algunas opiniones, porque muchas veces se ha prestado a algunas opiniones o situaciones que se han dado para el desprestigio, no solamente de la Jutep, sino también de la clase política”, cuestionó.
También dijo que le “preocupa” el nuevo organigrama, en el que se remplaza a la Asesoría Letrada por una división de Gestión de Denuncias. “Soy una defensora a ultranza de todas las asesorías letradas del Estado uruguayo”, puntualizó. “Me preocupa que desaparezca la Asesoría Letrada, que estaba compuesta por tres abogadas que accedieron por concurso”, agregó. Dos de esas abogadas continúan en su cargo —ahora en la nueva división de Gestión de Denuncias— y hubo una especie de “enroque” para el tercer cupo: la tercera abogada se fue en pase en comisión al Servicio Civil y llegó otra profesional, también en pase en comisión desde el Servicio Civil.
El representante de la oposición en la Jutep cuestionó que este caso puntual no fue resuelto por unanimidad en el directorio, sino que fue solicitado por los otros dos directores oficialistas. Bianchi recordó que los pases en comisión —con los que se están llenando muchas de las vacantes— “son cargos de confianza”. “Los legisladores que tenemos pases en comisión, o en este caso la Jutep, sabemos que los pide una persona determinada y pasa a ser un funcionario de confianza de esa persona”, dijo, y subrayó la “independencia de criterio técnico” que aseguraba la anterior asesoría con profesionales de carrera.
El senador colorado Robert Silva cuestionó que el directorio se haya “apartado de dictámenes jurídicos” en algunas de sus recientes resoluciones. “Los informes técnicos no son vinculantes, pero cuando uno se aparta de ellos los debe fundamentar muy bien”, señaló. Silva también preguntó sobre la ubicación institucional que va a tener la asesoría jurídica y si la Jutep está tomando decisiones con suficiente respaldo jurídico y respetando las garantías del procedimiento.
Durante la sesión se insistió en las carencias presupuestales y de personal que tiene la Jutep. El senador frenteamplista Daniel Caggiani dijo que el organismo encargado de velar por la transparencia de la función pública ha sido “la cenicienta” de los presupuestos. Destacó el aumento presupuestal del último año, pero consideró que “sigue siendo insuficiente”.
La presidenta Ferraris informó que hay más de 400 denuncias acumuladas y 200.000 declaraciones juradas almacenadas físicamente, mientras se intenta digitalizar y automatizar el sistema. Y, además, con una estructura que tiene vacantes que aún no se han podido cubrir. Ferraris sostuvo que la restructura busca, justamente, ordenar este asunto. Y que los pases en comisión son una solución transitoria mientras se realizan concursos.
Pero los cuestionamientos siguieron. El senador blanco Rodrigo Blás dijo que el actual funcionamiento de la Jutep “no da garantías” y también se detuvo en la restructura de personal que está sufriendo el organismo. “Restructurar las funciones de 14 personas suena más a poner a cada quien en el corral que a uno le conviene que a una restructura funcional. ‘Tú no me gustas, tú piensas así, vas para la izquierda; tú piensas así, vas para la derecha’. ¡No es creíble una restructuración de 14 personas!”, se quejó. “Tampoco es legal cubrir funciones técnicas con funcionarios en comisión de una persona, no del organismo. ¡No es legal!”, agregó.
Apagar incendios y crear un observatorio
La presidenta de la Jutep insistió en que se va a trabajar en la estructura de puestos de trabajo. Y que parte de ese proceso va a ser la transformación de vacantes. “Tenemos vacantes que debemos transformar sí o sí porque nosotros necesitamos contar con recursos que son imprescindibles y que no tenemos. No tenemos un informático; necesitamos más abogados y necesitamos escribanos”, señaló. Y justificó que los pases en comisión a los que se ha recurrido —y “para lo cual contamos con una norma que nos habilita”, aclaró— han cumplido “la función de apagar el incendio”.
Y en este escenario es que Ferarris se plantea la creación del observatorio de corrupción. “Es parte de las atribuciones que tiene cualquier jerarca de cualquier organismo público de organizar los servicios en la forma que entienda pertinente”, señaló. Dijo que esto “está reconocido casi en forma unánime a lo largo del tiempo por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Suprema Corte de Justicia. Hay montones de sentencias. Es una potestad del jerarca organizar los servicios de la forma que entienda que corresponde”, se defendió.
Para Ferraris, si la Jutep es el órgano rector en materia de prevención y combate a la corrupción, “tiene que tener una unidad dentro del organismo capaz de analizar toda la información que emana del sistema de declaraciones juradas y que emana de la propia unidad de denuncias”. La presidenta busca “establecer criterios” para “plantear políticas públicas” y “para rendir cuentas sobre datos objetivos y no sobre percepciones”.
Dijo que la idea es “transformar las cinco o seis vacantes que se han ido generando en estos cinco años para que sean algunas más” y se puedan “incorporar saberes nuevos” que permitan llevar adelante un proceso de modernización de la gestión, pero también el generar una unidad de análisis como la del observatorio. “Estamos pensando en escribanos, sociólogos, algún politólogo, más abogados, naturalmente, porque con tres abogadas haciendo la tramitación de las denuncias, está complicado”, admitió Ferarris.
La camioneta de Orsi
A todo esto, entre las 400 denuncias en proceso que tiene entre sus manos la Jutep, aún siguen su trámite las que están vinculadas al episodio de la compra de una camioneta personal con un descuento de US$ 25.000 por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi. Según pudo saber Búsqueda, el organismo aguarda por las respuestas a un segundo pedido de información que se le hizo llegar a Presidencia.
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