Es lunes 11 de julio de 2011. En los últimos días murieron cinco personas debido al intenso frío de uno de los inviernos más duros de los últimos años. En la residencia de Suárez y Reyes, el presidente José Mujica escucha a cada uno de los ministros del gabinete que toman la palabra en una ronda de intervenciones. Todos los ojos están puestos en la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ana Vignoli, quien sin embargo relata los detalles de un reciente viaje a Venezuela y no alude al tema que desvela al resto del gabinete. La ministra es la penúltima en hablar. Luego de ella le sigue el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Frugoni, que como siempre prefiere no intervenir, por lo que la palabra la vuelve a tomar Mujica. Y ahí, sorpresivamente, el presidente anuncia que cesará a Vignoli y que su lugar lo ocupará otro de los presentes en la reunión, el hasta entonces responsable de Salud Pública, Daniel Olesker, quien ya está informado del cambio.
Lo ocurrido 14 años atrás es un antecedente que refleja la sensibilidad que tiene el tema de la población en situación de calle para el Frente Amplio, una problemática que ahora debe afrontar el gobierno de Yamandú Orsi en un contexto mucho más crítico: las personas en situación de calle son más del doble que entonces (pasaron de 1.274 en 2011 a 3.504 en 2023, según los censos de la cartera) y la nueva administración no lleva ni cuatro meses en el gobierno. Con este escenario y los primeros fríos, el contacto entre el ministro de Desarrollo Social, el socialista Gonzalo Civila, y Orsi, fue permanente en los últimos días. La preocupación radicaba en la "no captación" de buena parte de la población en situación de calle, que tenía resistencia a ingresar en los refugios. El ministro llegó a plantearle al presidente la necesidad de "activar" alguna herramienta más, relataron fuentes del gobierno.
En los últimos días Civila fue blanco de críticas explícitas por parte de la oposición y también de algunos cuestionamientos internos más discretos dentro del oficialismo. Primero fue la exjerarca del Mides y actual diputada nacionalista, Fernanda Auersperg, quien pidió su comparecencia a la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados, y luego legisladores del Partido Colorado solicitaron lo mismo, tras el fallecimiento de cinco personas en situación de calle en las últimas semanas y bajo el argumento de que el gobierno no estaba implementando debidamente la “ley de internación compulsiva”.
En la interna oficialista, las críticas a la conducción del Mides tienen una mirada distinta que en la oposición. Se produjeron tanto dentro de miembros del gabinete como en la bancada y estaban más orientadas a que la cartera se encontraba “desbordada” por la situación y no estaba pudiendo hacer frente al problema ni innovando en sus respuestas ante una situación que ya se sabía que iba a traer complicaciones, especialmente en el invierno. “Si hacemos las mismas intervenciones sobre la misma población, no vamos a tener resultados distintos”, dijo una fuente del Ejecutivo, que explicó que era necesario una respuesta "mucho más amplia" que la de generar más cupos y cuadrillas. Dentro del oficialismo son varios los dirigentes que relataron que la cartera tampoco exhibió respuestas contundentes ante un problema que debía trabajarse con más anticipación, y que no mostró liderazgos fuertes en las direcciones que abordan el área.
Con los anuncios de la llegada de una masa de frío polar en la noche del domingo 22 y tras el pedido de Civila, el tema fue tomado directamente por la Torre Ejecutiva. El lunes a primera hora el presidente Yamandú Orsi conversó con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y luego este último mantuvo una reunión con varios ministros involucrados para instrumentar un abordaje que permitiera la evacuación masiva de personas.
La solución legal tuvo como autores intelectuales a Sánchez y al director general de Presidencia, Diego Pastorín, dijeron fuentes del gobierno. La Ley de Creación del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) tiene un artículo, el 21, que permite la “evacuación obligatoria de personas y animales”, en el “marco de un alerta o del estado de desastre”, ya sea por su “ubicación geográfica” o sus “características grupales”. La normativa incluso habilitaba el uso de la fuerza “dando cuenta de inmediato a la Justicia”.
La ley ya se había utilizado durante el tornado en la ciudad de Dolores en 2016 y contaba con la ventaja de que Orsi conocía el trabajo directo con el Sinae a través de sus figuras locales, los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, a los que ya había apelado durante su período en la Intendencia de Canelones.
“Las muy bajas temperaturas que se esperan ponen en peligro inminente la vida humana de las personas expuestas a la intemperie”, dice el decreto que se aprobó el lunes 23. La norma dispone la declaración de “alerta roja” y la “activación de la operativa” del Sinae. El anuncio se hizo en una conferencia de prensa y en medio de una alerta naranja del Instituto Nacional de Meteorología para la costa de Uruguay.
Si bien se realiza una evaluación día a día de la situación, se espera que la medida de “alerta roja” se mantenga por varios días más, dado que los pronósticos meteorológicos de los próximos días no prevén una subida de temperaturas, explicaron fuentes del Ejecutivo.
El gobierno analizará la marcha de la medida hoy jueves en el Consejo de Ministros, donde también se abordarán los primeros lineamientos de la futura Ley de Presupuesto quinquenal.
Evaluación y utilidades alternativas
La medida adoptada por el Poder Ejecutivo permitió al gobierno no solo movilizar más de un millar de personas en situación de calle, sino también tener otro tipo de acercamiento con esta población. Según dijo el titular del Sinae, Leandro Palomeque, en una conferencia de prensa ayer miércoles 25, la oportunidad está siendo aprovechada para vacunar a un porcentaje de la población contra la gripe y para que parte de los evacuados inicien el trámite para sacar la cédula de identidad.
Además, una fuente del Ejecutivo valoró que la iniciativa permitió también un involucramiento mayor de la ciudadanía, que tomó cartas en el asunto, al punto tal que durante la primera noche las llamadas a las líneas del Mides se multiplicaron por 10: de 300 a más de 3.000.
Debate sobre la internación compulsiva
Con la aplicación de la nueva normativa, fuentes del gobierno consideran que, además de atacar el problema de una forma innovadora, también dejaron en falsa escuadra a la oposición, que se había limitado a reclamar la implementación de la “ley de internación compulsiva”, que ya se estaba aplicando.
Durante el período de gobierno pasado, se aprobaron normas para ampliar las posibilidades de retirar de forma compulsiva a personas en situación de calle. Primero se reglamentó, después de 10 años, la Ley 18.787, de Asistencia Obligatoria del Estado a las Personas en Situación de Calle, aprobada durante el gobierno de José Mujica. Allí se establecía la posibilidad de trasladar sin su consentimiento a personas en “situación de intemperie completa” a refugios u “otros lugares” para darles asistencia adecuada si se constataba “riesgo de graves enfermedades o incluso riesgo de muerte”. Para poder concretar el traslado debe existir previamente la acreditación “por escrito” de un médico que indique que se está ante los riesgos descritos.
Con una modificación aprobada en mayo de 2024 (Ley 20.279) que comenzó a aplicarse en agosto de ese año se ampliaron las potestades. Se habilitó a trasladar “aun sin su consentimiento” a personas “en situación de intemperie completa” cuya “capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”. Para que esto sea posible es necesario un informe médico que indique que las personas en cuestión “presentan un riesgo inminente para sí o para terceros o que el hecho de no trasladarlas” puede “determinar un deterioro considerable de su salud”.
Según Auersperg, directora de Protección Social del Mides durante el gobierno pasado, la actual administración no está aplicando esas normas. “Cuando empezamos a aplicar la ley de asistencia obligatoria para personas en situación de calle, hubo resistencia por parte del Frente Amplio, pero es una herramienta que salva vidas”, dijo a Subrayado el viernes 20, tras el cuarto fallecimiento de una persona en situación de calle, y anunció que convocaría a Civila a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Ese mismo día el senador y excandidato a la presidencia Álvaro Delgado publicó en su cuenta de X: “El gobierno, por motivos ideológicos, se niega a aplicar la ley de internación compulsiva y a utilizar todas las herramientas a su disposición, lo que nos está costando vidas”.
En contra de estas afirmaciones, las actuales autoridades del gobierno argumentan que la normativa ya se estaba aplicando, pero que no era suficiente para enfrentar la situación. Durante la conferencia de prensa del lunes, en la que se anunció la aplicación de la alerta roja, Civila dijo que se implementó en más de 200 oportunidades, pero explicó que la palabra final acerca de la internación obligatoria la tienen los médicos de ASSE. Luego, el presidente del organismo, Álvaro Danza, dijo que no todas las intervenciones terminaron en internación involuntaria, aunque no dio números concretos. Finalmente, Civila aseguró que la normativa que se aplica ahora implica un “nuevo nivel”, que “no es internación involuntaria por temas de salud, sino una evacuación obligatoria”.
Cantidad de personas en situación de calle
Las últimas cifras oficiales disponibles sobre población en situación de calle surgen del censo nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2023. El relevamiento contabilizó a 3.504 personas durmiendo a la intemperie o en refugios, según un análisis de Búsqueda a partir de los microdatos. De la cifra total, el 78,6% corresponde a Montevideo, cerca de un 10% a Canelones, 3,2% a Maldonado. En los departamentos de Flores y Rivera, el censo no encontró personas en situación de calle, y en otros, como Durazno, Tacuarembó y Rocha, no llegaron a ser una decena.
Ese mismo año, el Mides había realizado en Montevideo su propio censo de personas en situación de calle. Ese trabajo había encontrado a 2.755 en esa condición en Montevideo; 1.395 estaban en refugios del Mides y 1.360 se encontraban a la intemperie. La comparación con censos de calle anteriores muestra un crecimiento sostenido: había en 2016 1.393 personas en situación de calle en Montevideo, 1.745 en 2019, 2.082 en 2020 y 2.215 en 2021.
Las autoridades y las organizaciones que trabajan en el tema sostienen que la problemática siguió en expansión y hablan de una cifra aproximada de hasta 5.000 personas en situación de calle.
Según dijeron las autoridades en conferencia de prensa ayer miércoles 25, en Montevideo durante la noche del martes se ocuparon 1.555 plazas, que incluyen 1.308 refugios del Mides y 247 de los centros de evacuación. A su vez, la Policía realizó a escala nacional 220 traslados de personas evacuadas en la noche del martes y 488 el lunes. Durante el primer día hubo además seis detenciones por desacato por resistirse al traslado, cinco en Montevideo y una en Tacuarembó. En la noche del martes, en tanto, hubo cuatro personas detenidas por desacato, al resistirse al traslado, y además cuatro casos de internación compulsiva en Treinta y Tres.
