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    El gobierno impulsará una prórroga exprés de la ley para atraer extranjeros al sector TIC

    Al amparo de esa norma, que da beneficios impositivos, llegaron en los últimos años más de 250 trabajadores seniors en tecnologías de la información y la comunicación

    Mientras está encontrando dificultades para retener clientes del exterior que ahora recurren a la inteligencia artificial en servicios que contrataban a empresas uruguayas, el sector nacional de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) apuesta a rebalancear su cartera de negocios, a ampliar los mercados y a lograr, mediante una modificación de la “ley de talentos” de 2023, incrementar el número de extranjeros —superior a 250— que se han radicado en el país atraídos por los beneficios fiscales que da esa norma.

    “El primer paso acordado con Presidencia fue presentar de urgencia en el Parlamento un proyecto para poner en vigencia otra vez el plazo de inscripción en la ‘ley de atracción de talentos’ que venció el 28 de febrero pasado. Hasta esa fecha las empresas anotaron libremente a más de 250 profesionales extranjeros; desde marzo, el registro permaneció cerrado y nuevos talentos quedaron excluidos. Con la extensión, se reabrirá la inscripción y se garantizará que Uruguay siga atrayendo perfiles senior durante varios años, sin interrupciones. Este trámite contará con respaldo político transversal: todos los partidos lo apoyan y se prevé un trámite exprés en el Parlamento”, dijo a Búsqueda el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), Amílcar Perea.

    Ese cambio legal, que extendería el plazo de vigencia, cuenta con respaldo político de Presidencia de la República, aseguró el representante empresarial, quien hace pocos días se reunió con el mandatario, Yamandú Orsi, y el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez. Perea dijo que allí se habló de impulsar en “buenos plazos” la extensión de la “ley de atracción de talentos” para que “las empresas puedan seguir trayendo personas a vivir en Uruguay, como lo hicieron durante todo el año pasado”.

    El titular de la CUTI consideró necesario, además, que los extranjeros con experiencia que lleguen al país al amparo de esa ley puedan volcarse también a la formación de nuevas generaciones, algo que ya conversaron con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y que cuenta con respaldo de la Presidencia.

    También se refirió a la intención de introducirle otras modificaciones a la ley para adaptarla a “situaciones prácticas. Por ejemplo, permitir que empresas cuyo rubro principal sea la química o la biotecnología puedan acogerse a los beneficios si invierten en I+D (investigación y desarrollo) en Uruguay. Ese ajuste, que recogerá las experiencias mejorables durante este año de vigencia, busca ampliar el alcance de la norma sin modificar sus beneficios básicos”.

    Como estímulo para la atracción de técnicos y profesionales desde el exterior, la Ley 20.191 y su decreto reglamentario les da la opción de tributar el Impuesto a las Rentas de los No Residentes con relación a las rentas de trabajo obtenidas por sus trabajos en relación de dependencia, así como de realizar aportes a la seguridad social.

    Poder “escalar”

    El gobierno encabezado por Orsi le asigna importancia al desarrollo de sectores vinculados con las tecnologías, así como a la innovación y las ciencias, para lo cual está promoviendo una nueva institucionalidad. En la CUTI entienden que eso aportará “una mirada estratégica, global e integral” para destrabar cuellos de botella y articular los distintos instrumentos, evitando superposiciones. También valoran la implementación de una ventanilla única y la simplificación de trámites para pequeñas y medianas empresas, que representan el 76% de los socios de la cámara y suelen enfrentar barreras administrativas.

    Por otro lado, Perea destacó la necesidad de impulsar la conversión de servicios a productos: hoy más del 70% de las exportaciones del sector TIC nacional son servicios, y el objetivo es llegar al equilibrio —de 50% y 50%— en cinco años para “generar propiedad intelectual” y sustentar 15.000 nuevos empleos en el quinquenio. Este cambio, alegó, permitirá mitigar el impacto de la inteligencia artificial, que ya automatiza tareas básicas antes contratadas a personal junior, y obligará a las empresas a ofrecer mayor valor agregado.

    Desde las empresas, esa apuesta por la propiedad intelectual es vista como una condición para el crecimiento a largo plazo. “Necesitamos productos, soluciones y tecnologías que podamos escalar, que generen valor agregado y nos diferencien”, indicó a Búsqueda Rafael Staricco, CEO de Quantik. La compañía comparte el objetivo estratégico trazado por la CUTI para que el sector tecnológico represente el 10% del Producto Interno Bruto en 2030 —hoy está en 4,4%—, algo que, se entiende, solo será posible si Uruguay crea capacidades propias exportables.

    En esa misma línea, en la empresa Abstracta consideran que la inteligencia artificial generativa, lejos de ser una amenaza aislada, puede convertirse en un habilitador de eficiencia y nuevos modelos de negocio si se adopta de manera estratégica. “Nos da la posibilidad de tener innovaciones en cada tarea, en cada rol, que, sumadas, logran aumentar la eficiencia y generar nuevos productos y servicios”, afirmó Matías Reina, co-CEO de la firma.

    La CUTI también puso sobre la mesa la necesidad de garantizar la continuidad educativa, especialmente para personas que iniciaron su formación en tecnologías, pero no encuentran cupos para seguir formándose, o se insertan tempranamente en el mercado laboral sin poder terminar sus carreras. “Allí hay un espacio de colaboración con la ANEP y las empresas, para que estas capacitaciones generen créditos y ayuden a complementar trayectorias educativas”, planteó Perea. Este tipo de programas —añadió— ya cuenta con respaldo de actores como Uruguay Innova y el Instituto Uruguay XXI, y busca reforzar un ecosistema en el que también las empresas internacionales sigan eligiendo al país para operar desde y hacia el mundo.