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    Al inútil rescate de Raulito

    N° 1926 - 13 al 19 de Julio de 2017

    En el sistema judicial los juicios de valor sobre la calidad de jueces y fiscales son variados: muy buenos, buenos, regulares y malos. Predominan los tres primeros y los eventuales errores los solucionan los Tribunales de Apelaciones o la Suprema Corte de Justicia. Garantía de organismos colegiados sin perversiones partidarias.

    Dentro de ese contexto —salvo el macaneo demagógico cuando los fallos son adversos— no existen pruebas de que los magistrados decidan en función de cuestionamientos públicos o información periodística. Sin embargo, el habitualmente impune expresidente José Mujica puso en tela de juicio su independencia porque las “presiones” pueden condicionar sus decisiones. Lo afirmó en Subrayado de Canal 10 al referirse a la situación del vicepresidente Raúl Sendic. Y como no da puntada sin hilo, parece sembrar esa duda para presionar a la inversa.

    Sostuvo que las declaraciones y la información “crean una atmósfera de alarma pública que presiona la objetividad de los fiscales y jueces. No se debe proceder así. Dejémosla que actúe (la Justicia) y después tendremos que acatar”.

    ¿Cuál es el fundamento para ofender la integridad profesional y moral de los magistrados? Convierte al vocablo “presión” en peyorativo pese a que esa acción es desde siempre parte de la vida social, cultural, económica y política. Presionan los padres a sus hijos, estos a sus progenitores, los sindicatos a sus empleadores y al gobierno, los militantes a los dirigentes políticos y los jefes a sus dependientes. Integra el sistema de pesos y contrapesos y la presión siempre es lícita salvo cuando se incurre en violencia o amenazas.

    ¿Con qué autoridad moral afirma que la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, y el fiscal Luis Pacheco son permeables a “presiones” en el “caso Ancap”? Como pocas personas vivas, Mujica conoce las presiones indebidas, violentas y delictivas.

    Como uno de los líderes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros apoyó en los años setenta los secuestros del juez de Instrucción Daniel Pereyra Manelli y del fiscal de Corte Guido Berro Oribe para ser interrogados por el Tribunal del Pueblo sobre “irregulariades judiciales”. Esos secuestros fueron respaldados por otro líder tupamaro, Raúl “Bebe” Sendic Antonaccio, el padre de Raulito. Siguiendo sus directivas algunos de sus compañeros de armas filtraban entonces sutiles mensajes intimidantes a fiscales y jueces. ¡Esos son ejemplos de presiones indebidas, violentas y extorsivas, con el objetivo de torcer decisiones de la Justicia independiente!

    Ahora, sin otro argumento que el talenteo, da por bueno que las decisiones en el “caso Ancap” no solo dependerán de valoraciones jurídicas sino de la debilidad de los magistrados presionados por la frecuencia de la información pública. Como el ladrón, cree que todos son de su condición.

    Mujica sabe que Raulito puede terminar procesado. Por ahora sus fueros lo protegen, pero debe asumir que los fallos judiciales no son lo único ni lo esencial, ni lo más importante para juzgar la conducta de una persona.

    Que no se aplique una sanción penal no significa nada para quien comete transgresiones y abusos. Quedó demostrado la semana pasada en Búsqueda (“Soy licenciado en Genética Humana”). Esa arrogancia mentirosa, induciendo al error con citas científicas era la del entonces diputado del 26 de Marzo. Ocurrió a fines de 2002, cuando se discutió la interrupción voluntaria del embarazo.

    ¡Durante 15 años trampeó sin pudor a los ciudadanos, a sus amigos, a sus votantes y a quienes lo llevaron a la vicepresidencia! No fue procesado porque el fiscal Carlos Reyes argumentó que ese título no existe en Uruguay y nunca lo ejerció. Poco importa la decisión judicial. Ética y moralmente cayó de boca en el barro sin que nadie lo empujara. ¡Déjense de pavadas con que al pobre Raulito lo acosan, le pegan en el piso!

    El presidente Tabaré Vázquez y sus otros defensores deben tener claro que la Justicia penal no separa el Paraíso del Infierno, a Satán de Dios, ni a los buenos de los malos. Si tratamos de hacer creer que una sentencia es lo único válido para identificar a los transgresores habremos perdido los puntos de referencia. Las acciones malévolas trascienden el Código Penal. Refieren a la esencia del ser humano y a su desprecio por el perjuicio que causan.

    Para defenderlo Vázquez pregunta qué ocurrirá con los críticos de Sendic si la Justicia no encuentra pruebas de un delito: nada. Aunque Sendic tire cohetes de colores la historia y la sociedad igual lo juzgarán con severidad. Será imposible ocultar el brutal daño al Estado que comenzó con su irresponsabilidad de no haber admitido su mediocridad y su falta de formación para desempeñar un ministerio y la presidencia de Ancap. No alcanza con juntar votos y pedirle prestado el talento a Salamanca sin pagarle intereses.

    Entre 2011 y 2015 los números rojos de Ancap totalizaron casi US$ 800 millones. El déficit acumulado en diez años los triplicó y al iniciarse este gobierno el Estado debió desembolsar US$ 624 millones: un préstamo destinado a Ancap. De la investigación judicial irán surgiendo irregularidades en Alur, en la planta de cemento, la inútil compra de una avioneta y algunos caprichitos personales como la inversión de US$ 360.000 en una fiesta para Cristina Fernández de Kirchner o el gasto personal de miles de dólares con la tarjeta de crédito de Ancap que es para gastos del organismo. Es tanto que un párrafo no alcanza, por eso el libro “Sendic. La carrera del hijo pródigo”.

    La audacia de Sendic es tal que amenazó con un juicio a sus autoras, las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ru-ggiero. Esa acción la analiza la semana pasada en Búsqueda Claudio Paolillo en su columna “Sendic, David y Goliat”.

    Pero a Raulito, que el martes 11 se calificó como “revolucionario”, no le va a dar el cuero ni los fundamentos para denunciar. Sin embargo, sería magnífico que lo hiciera para debatir la cuestión en un juicio oral y público. Habría que reservar entradas con anticipación. ¡Hay que alentarlo a que denuncie!

    Habrá que ver cómo concluye la investigación del Tribunal de Etica del Frente Amplio que preside Jorge Brovetto e integran los dirigentes Nicolás Grab, Enio Martínez, María Elena Martínez, Jaime Igorra y Juan Carlos Ferreira. Sería una grata sorpresa para el militante y para su partido que tomara distancia de las opiniones que pretenden proteger a Raulito en un inútil esfuerzo para que deje de chapotear en el barro.

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