N° 1932 - 24 al 30 de Agosto de 2017
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáA comienzos de agosto el Poder Judicial se vio sacudido por una inesperada turbonada. La provocó la jueza penal de 7º turno, Ana de Salterain, que formuló en Facebook duros cuestionamientos sobre el trabajo policial y descalificó a los funcionarios y al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en su relación con las sedes penales.
Escribió: “Somos muchos los magistrados penales que nos preguntamos si las decenas de llamados absurdos de la Policía, cuando estamos de turno, es una especie de broma con la cual se divierten o es inidoneidad para el cargo que ocupan. O es una especie de artimaña para dejar mal parado al ministro del Interior, que, como sabemos, siempre está muy mal asesorado por su personal. Yo desde mi total humildad le aconsejaría que revea a sus asesores e informantes pues lo hacen quedar al ministro como un payaso, que dice en los medios cualquier disparate sobre los casos penales que los magistrados manejamos. Y eso no suma al sistema. Con una policía como la actual es imposible trabajar. Hay que comenzar a actuar para lograr una policía judicial preparada y comprometida. No queda otra”.
Se refirió a cuando la policía le informa telefónicamente al juez de turno sobre un hecho con apariencia delictiva y este decide si investiga o no. Así ha funcionado siempre, con aciertos y errores.
De Salterain, de 55 años, cuya experiencia en penal es de poco más de dos años, afirmó que “muchos” jueces (a varios no los saluda) piensan como ella. Ninguno la respaldó.
Que un magistrado utilice una red social para confrontar con otro poder del Estado y calificar de “payaso” a un ministro es impropio e insensato; trasciende la libertad de expresión. Cada juez es el Poder Judicial no solo en sus fallos, también lo es en cuestiones institucionales que afectan la estructura del edificio social.
Si un juez escribe que se despertó estreñido, que festejó un cumpleaños, que se va de vacaciones, que condujo su auto borracho, o que dejó a alguien plantado en una cita, podrán considerarse expresiones de mala o buena educación, pero no involucran a la institución.
No es la primera vez que De Salterain comenta en la red su trabajo.
Si hubiera leído —lo que es su obligación— las recomendaciones de 2016 del Comité Iberoamericano de Ética Judicial, tal vez habría controlado su iracundia.
El año pasado el expresidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, que participó en ese Comité, comentó que en las redes sociales el juez “debe actuar con la misma prudencia y recato” con que se maneja en la vida social. (Búsqueda Nº 1.863).
El Comité no establece sanciones, pero advierte que se debe considerar que en las redes se llega a una “audiencia cuya integración queda fuera del control” del que las utiliza. También se debe considerar la “enorme vastedad, al menos potencial, de esa audiencia” y la “permanencia” en los registros digitales
El juez, dice el documento, “no puede embanderarse en posturas políticas partidarias ni, en general, exteriorizar posiciones que lo muestren susceptible de verse influido por grupos o personas”. Tampoco puede “formular manifestaciones unilaterales ni participar en intercambios proselitistas o que anuncien posturas o muestren quiénes o cómo podrían influir en su ánimo”.
Para el Comité, “los contactos en las redes sociales pueden suscitar dudas en los abogados y en las partes”, lo que no solo surge de manifestaciones concretas “sino de la admisión misma, por el juez, de determinados abogados o litigantes” como contactos de su red. Por eso deben “evaluar el significado que tiene admitir o no admitir a una persona” a sus contactos, y también considerar, a la hora de crearse un perfil, “las potenciales consecuencias de identificarse como juez”.
Advierte que “la pertenencia a una red social pone al juez a tiro de recibir críticas cuya respuesta lo ponga en posición de (una) infracción” y “más delicado aún es el hecho de que el silencio mismo” pueda ser interpretado como una posición concreta.
De Salterain no se limitó a la red social. Al día siguiente de su primera publicación defendió en Montevideo Portal su derecho a expresarse: “Qué le voy a hacer, capaz que me cuesta el cargo pero que cueste lo que tenga que costar…”.
La Corte le pidió que ratificara o rectificara lo dicho y se bajó de su bravuconada. Le pidió disculpas a Bonomi: “Reconozco que mis consideraciones debieron haber sido expresadas en términos respetuosos. En cuanto a la vía utilizada para emitir mi opinión, reconozco que la red social Facebook no es la adecuada”.
En setiembre de 2014 De Salterain sufrió una involución en su carrera. Pasó de juez Civil a Juez suplente debido a graves desajustes laborales. La convencieron de que pidiera el cambio para que su traslado figurara como voluntario y no como una degradación. Así fue.
La semana pasada la nueva ministra de la Corte, Bernadette Minvielle, advirtió en Búsqueda: “Para un juez no está bien prenderse en algunos comentarios, porque todo puede ser mal interpretado. Las redes sociales son peligrosas”.
Cuando parecía que todo había terminado con las disculpas a Bonomi, el lunes 14 su evidente compulsión la condujo a otro desafío en Facebook: “No me rectifiqué del contenido, sino de los adjetivos y de la vía utilizada”. (Búsqueda Nº 1.931)
Dijo que aprendió que “decir verdades es casi un delito si no se canaliza por los medios correspondientes y te puede aparejar momentos muy feos”. De paso atacó a la prensa: “Los medios de comunicación no tienen ética alguna, solamente les importa vender sin importarles mentir”. ¡Pobre y desnorteada muchacha! Cree que los medios son ONG y no empresas comerciales que venden un producto: noticias e información. Lo más grave es que con un razonamiento infantil imagina que los empresarios les ordenan a los periodistas qué publicar.
Culminó con un lloriqueo: “Un gremio puede ser tu peor enemigo” y “quienes te dan la mano en momentos difíciles no siempre son quienes pensabas”. Alude a la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), cuya Comisión Directiva el 4 de agosto declaró que sus comentarios iniciales “no representan” su opinión.
Ese gremio al que considera su “peor enemigo” lo preside su cuñado, el ministro de un Tribunal Penal, Alberto Reyes, que es, además, su jerarca procesal.
¿Subsisten las circunstancias que motivaron su degradación? ¿Es razonable exponer a los justiciables a eventuales reacciones fuera de tono o a perder credibilidad? La Corte, para proteger su imagen y a los magistrados prudentes, la mayoría, debería tomar medidas con el criterio que dijo De Salterain: “Cueste lo que tenga que costar” porque “no queda otra”.