Pero nada pueden hacer, salvo situaciones que se puedan trasladar a la Justicia, para oponerse a actuaciones y/o decisiones que adopten estos, contrariando sus intereses o llegando al límite de perjudicarlos.
Invariablemente, cuando ocurren desencuentros entre los representantes y los representados solemos escuchar de parte de los primeros, que ellos fueron electos por un período y están por lo tanto legitimados, y, de parte de los segundos, que en sus actuaciones no los representan.
En nuestro país, y para citar dos ejemplos reales, ha ocurrido desencuentro en dos organizaciones muy conocidas: la Mutual Uruguaya de Jugadores Profesionales (organización civil, en lo sucesivo MUFP) y en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (persona jurídica de Derecho público no estatal, en lo sucesivo CJPPU).
En el primer caso los representados, o un número importante de estos, le piden al Consejo Directivo que renuncie porque no sienten que los representa. Este dice que tiene legitimidad, ya que fue electo hace pocos meses y que por lo tanto se mantendrá en funciones. Lo que no dice es que al acto eleccionario concurrieron un número de electores muy inferior al del padrón social.
¿Qué debería primar? ¿La circunstancia formal de elección de autoridades en la que intervino un número escaso de asociados, o la de un número de asociados, que excede largamente al que votó, que entiende que, por diversas fundamentaciones, no han sido bien representados y por tanto los directivos deben renunciar a sus cargos para dar lugar a una nueva elección? El diferendo está planteado ante el Ministerio de Cultura y hasta la fecha se desconoce cómo se laudará esta situación.
Mientras tanto, y usando un dicho popular, los representados quedarán con la ñata contra el vidrio. ¿Es justo?, ¿no es justo, pero debe primar lo formal?, ¿tiene sentido que la organización tenga por representantes a quienes los representados no reconocen? En mi opinión lo que no puede dejar de ponderarse es que los intereses en común que son el fundamento de una organización, son de los representados, y alguna vía debe existir para que ellos releven a los representantes que fueron electos formalmente, pero que una mayoría de sus asociados entiende que no los representan. ¿Será la solución aguardar una próxima elección formal? Difícil será contener a la masa que compone la organización si ella está en desacuerdo con sus actuales representantes. Sería una lástima que la dañada fuera la institución.
El otro desencuentro se ha producido en la CJPPU, cuya estructura orgánica se rige por lo dispuesto en la ley Nº 17.738.
Según dispone el Artículo 13 de la referida Ley, la CJPPU es dirigida y administrada por un Directorio de siete miembros con título universitario, cinco de ellos electos y dos designados por el Poder Ejecutivo. De los miembros electos, cuatro lo son por los afiliados activos, y el restante por los afiliados pasivos. En todos los casos corresponden dos suplentes para cada cargo. Tanto los activos como los pasivos pueden votar y ser electos en las condiciones allí determinadas. Los miembros electos actuarán por períodos de cuatro años (art. 16).
El actual Directorio culminará próximamente su período de actuación y el 14 de junio se votará por nuevo Directorio, instancia que tendrán los activos y pasivos para integrar un nuevo Directorio que haga realidad el rechazo generalizado a la política del actual.
Al igual que en la MUFP el actual Directorio sostiene que tiene legitimidad. En efecto, surgió de las elecciones que se celebraron oportunamente (año 2013), y a la cual, lamentablemente, como también ocurrió en la MUFP, pocos de los potenciales electores concurrieron a hacerlo.
Las listas que compitieron en ese entonces para designar los miembros de los activos surgieron de acuerdo entre las gremiales de los activos y el miembro de los pasivos fue representado por el candidato propuesto por la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (AACJPU).
El miembro actual que representa a los pasivos, Dr. Hugo de los Campos, ha actuado velando por los intereses de estos y permanentemente rindió cuenta de su actuación ante la AACJPU, lo cual ha merecido el total reconocimiento y aprobación por parte de sus representados.
No ha ocurrido lo mismo con los miembros que representan a los activos. Cada uno de ellos, una vez electos, actuaron independientemente de los gremios que los promovieron. Y lo que es peor aún, lo hacen en total desvinculación con quienes representan.
Tiene que saberse que el presidente electo de la actual Directorio, Dr. Ignacio Olivera Mangado, hace años está con licencia y no ejerce la presidencia, quedando en su lugar el vicepresidente Cr. Álvaro Correa Moreno, quien también recientemente ha tomado licencia y hoy la presidencia es ejercida por un miembro que accedió en virtud de varias renuncias.
Hay muchas objeciones que se le han hecho a la política del actual Directorio pero la mayor es con la resolución del 22 de junio de 2016, adoptada por mayoría, ya que el representante de los pasivos se opuso, por la cual se decidió disminuir el porcentaje en la tasa de reemplazo y eliminar diferentes beneficios a los pasivos, lo cual redujo los ingresos de jubilados y pensionistas.
Los contenidos y fundamentos de esta resolución no fueron comunicados en tiempo y forma ni a los afiliados, ni a los gremios, lo cual provocó que ambos, a través de múltiples reuniones y asambleas, hayan expresado su pérdida de confianza en el Directorio actual de la CJPPU.
En mi opinión, la resolución referida ha provocado un innecesario desencuentro entre los intereses de activos y pasivos cuando los intereses de ambos deberían ser los mismos en atención al criterio de solidaridad intergeneracional sustentable.
Yo aporté por mi ejercicio como contador público-licenciado en Administración, desde el primer día de egreso de la Facultad, durante 34 años y 21 días. Completé todas las escalas de aportación. Siempre creí, y lo sigo haciendo, que era vital el compromiso de los activos para garantizar las prestaciones a los pasivos y pagué siempre mis aportes aun en períodos de graves crisis económicas de nuestro país que afectaron el ejercicio de la profesión.
El día que resolví jubilarme se me liquidó el monto de jubilación en base a los criterios vigentes. Hoy, la Directiva de la CJPPU pretende vulnerar mi derecho y me cambia las reglas de juego variando la tasa de reemplazo que se me había reconocido. Además se me quitaron otras prestaciones recibidas desde hace muchos años vulnerando el principio del derecho adquirido. A mí y a muchos otros pasivos y pensionistas se nos ha perjudicado gravemente.
Próximamente, el 14 de junio, tendremos la gran oportunidad para elegir un nuevo Directorio que cambie la situación actual. Pero depende fundamentalmente de los activos, que son cuatro de los siete miembros que componen el Directorio.
Todos los activos deben de participar en la elección y todos deben saber elegir a quien los representará. Que no ocurra lo de ahora, que los representantes activos no los representan.
Cr. Fernando Mier
