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Previsiblemente, las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo para aliviar la situación del sector agropecuario fueron catalogadas como totalmente insuficientes por los productores “autoconvocados”, quienes una vez más se lamentaron de la continuación de un “diálogo de sordos” con el gobierno.
Con un costo estimado de unos US$ 6,4 millones, el presidente Tabaré Vázquez planteó la exoneración del IVA al gasoil para los pequeños productores arroceros, lecheros y hortifrutícolas, así como extender hasta marzo la rebaja de 15% en el costo de la energía eléctrica para los tamberos y para el riego en el sector arrocero. La propia estimación oficial del “sacrificio fiscal” para atender la problemática de algunos rubros del agro muestra la distancia sideral que existe entre la visión oficial de la marcha del agro y la realidad que enfrentan varios sectores productivos. Si con US$ 5, US$ 10 o US$ 50 millones se solucionara el tema del costo país, estaríamos en otro Uruguay. Pero lamentablemente el problema es muchísimo más profundo, aunque las autoridades se nieguen a reconocerlo.
El gobierno no quiere (o no puede, por la realidad política que enfrenta en la correlación de fuerzas en el Frente Amplio) hablar de bajar el gasto público, que subió de manera ininterrumpida desde el 2005. Como a pesar de varios miniajustes fiscales desde el comienzo de la segunda administración Vázquez, en 2015, el déficit sigue cómodamente por encima del 3% del Producto Bruto Interno (PBI), y son varias las calificadoras de riesgo que están mirando con atención la evolución de las cuentas públicas y la dinámica de la deuda del Estado, no hay prácticamente ningún margen para aliviar los costos del sector productivo, sea bajando impuestos o tarifas públicas. De ahí las medidas anunciadas este lunes por el presidente, que muchos han de haber considerado como un chiste.
Lamentablemente para los productores “autoconvocados” —así como para la infinidad de empresas de la industria, el comercio y los servicios que están sufriendo la problemática del alto costo país y la pérdida de rentabilidad y de competitividad—, este panorama de “diálogo de sordos” no va a cambiar al menos en lo que queda de la actual administración. Solo una mejora exógena de los términos de intercambio (que suban los precios de los productos que exportamos; que baje el petróleo; que la región se siga encareciendo en dólares; que las tasas de interés en el mundo vuelvan a bajar o al menos no suban mucho; etc.) podría transitoriamente hacer más tolerable los próximos dos años, aunque de todas formas sin generar incentivos para un aumento de la inversión productiva ni la mayor generación de empleo. No por casualidad la inversión promovida con exoneraciones fiscales en el 2017 fue la menor desde 2007.
Además de tratar de sobrevivir en los próximos dos años cargando la mochila cada vez más pesada que representa el costo del sector público (prácticamente 37% del PBI incluyendo a los gobiernos departamentales), quizás lo mejor a lo que puede aspirar el sector privado sea a que de cara al próximo período electoral se discuta con seriedad cómo reducir de manera significativa el gasto público a partir del 2020, ya que claramente su actual nivel es cada vez más impagable.
Y mal que le pese al sistema político, todo el gasto público debería estar en la mesa de discusión, tanto el llamado “gasto social” como el resto; tanto la gestión de las empresas públicas como la inexorable reforma del sistema de seguridad social; tanto el número de funcionarios como el rol de las Fuerzas Armadas; tanto la posible disminución de los gobiernos departamentales como la evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación de las políticas de asistencia social. El problema trasciende con mucha luz el tema de la devolución de viáticos, la flota de autos oficiales, el control de celulares, los cargos de confianza y temas por el estilo, por más que todo ayuda y estos temas resultan particularmente “simpáticos” ante la opinión pública. También, y aunque obviamente todo suma, el problema trasciende los horrores de Ancap, Pluna, el Fondes y de las “velas prendidas al socialismo”. Nadie puede engañarse con esto.
Se necesitará una revolución en materia de gestión del gasto público a todo nivel, que redefina prioridades y a su vez genere una reducción de varios puntos del PBI en el gasto total, de forma tal que puedan liberarse recursos para bajar impuestos y para que los costos de la energía, los combustibles y las comunicaciones puedan ubicarse a precios internacionales.
Un par de dudas surgen en el actual contexto. La primera es si la oposición política estará a la altura del desafío que presenta la actual coyuntura, y si estará dispuesta a hablar con claridad de los enormes problemas que existen en la actualidad con el tamaño, la composición y el retorno que genera el gasto público, pero planteando al mismo tiempo soluciones y propuestas de cambio concretas a implementar a partir del 1º de marzo de 2020. La segunda duda es cuántas empresas más dejarán de existir (y cuántos puestos de trabajo se perderán) en los próximos dos años por no poder aguantar la asfixiante presión que impone directa e indirectamente el Estado.
