“Todo depende de cómo se cree la ley”, opinó.
“Ningún país lo hace bien la primera vez. Se va a promulgar una ley, luego se la deberá modificar y mejorar en algunos puntos. Luego el ente regulador se tiene que establecer. Hay tanto interés internacional en Uruguay, que la comunidad internacional va a intentar ayudar en todo lo posible para que este proceso salga de la mejor manera”, añadió.
—¿Cuál es la situación global de la regulación de los medios?
—Lo que estamos viendo a nivel global es más y más regiones tomando el tema de la regulación audiovisual muy en serio. Europa es la zona que tiene más experiencia en este sentido, pero cada vez más países están buscando que exista una regulación independiente de los servicios audiovisuales para afirmar los principios democráticos.
Hemos visto democracias emergentes como Irak, que están adoptando medidas de regulación. Es parte del camino a la madurez de las democracias.
—Mencionó a Europa como la zona de mayor madurez. ¿Cuáles son los desafíos en esa área?
—Hay muchos factores. Los grandes desafíos en ese sector tienen que ver con el contenido audiovisual, que es mucho más que lo que se ve por televisión.
Hay cada vez mas visualizaciones en diferentes plataformas. En el Reino Unido, al menos 10% de la población no mira TV sino que miran servicios audiovisuales online. Es un porcentaje enorme. Entonces se está trabajando en analizar cuáles son los puntos claves de estos servicios que deben ser regulados.
La filosofía del ente regulador se basa en que sea un organismo que fortalezca y habilite a una mejor democracia, donde los privados y el Estado puedan acudir, pero no interceder en el mismo.
—Esa filosofía puede funcionar en zonas como Europa, donde algunas libertades de acceso a la información y respeto por la libertad de prensa son moneda corriente. ¿Qué sucede en regiones como América Latina, donde la cultura del secretismo y las presiones a los medios campean?
—Entre la Unión Europea se aceptó, por los 27 Estados, que hay cierto contenido que tiene que ser restringido o directamente prohibido, como el discurso del odio. Hay también filtros para la pornografía legal y los servidores de ese tipo de productos tienen que poner filtros para que los menores no accedan.
Entonces, hay límites para algunas cosas. Si no existiera una ley de servicios, el gobierno puede hacer lo que quiera. Entonces la propia ley puede ser una forma de evitar que el gobierno sea discrecional en su accionar, como cuando se distribuye publicidad.
Está en la naturaleza de los gobiernos querer controlar a los medios, porque les da poder. Eso pasa en todas partes del mundo.
No hay una píldora universal que solucione este intento de los gobiernos por controlar los medios. Pero una ley bien diseñada en la que se establezca claramente que el Estado no puede interferir bajo ningún concepto en los organismos reguladores es una forma de asegurar un gobierno limitado en sus intentos por controlar los medios.
El regulador tiene que ser independiente del gobierno y de los privados. Ese es el factor clave de cualquier organismo de este estilo que pretenda oficiar en serio.
Hay otro paso, un paso que no se puede legislar, que es el de construir una sociedad consciente y despierta sobre los derechos a la libertad de expresión. Una sociedad así se moviliza y mantiene un ojo vigilante sobre el regulador, el gobierno y los medios.
Es una de las cosas más difíciles de lograr, pero una sociedad así defendería al regulador de los intentos del Estado de interferir o de los privados.
Hay países en América Latina donde claramente esto no sucede. No hay una fuerza social suficiente que pueda hacer frente al poder del Estado en algunos casos o de los medios privados en otros.
Uno puede tener leyes que digan las cosas en forma muy clara, pero si no hay fuerza para hacerlas cumplir...
—...precisamente, muchas organizaciones defensoras de la libertad de expresión temen que en América Latina estas leyes sean usadas como una herramienta de censura y presión por parte de los gobiernos. ¿Qué valoración tiene de eso?
—Es cierto que hay muchísimas leyes que son inadecuadas porque no tienen en cuenta esos principios básicos de independencia. Creo que la ley uruguaya, que exige una mayoría especial para la confirmación de los integrantes del ente regulador, cumple con esa idea.
Es importante que cuando se está instalando una ley, como sucede en el caso uruguayo, se haga especial hincapié en la transparencia del ente regulador y de sus integrantes, que sus temas sean discutidos entre todos.
Es muy probable que más tarde o más temprano tanto el gobierno como los privados van a terminar presionando al ente regulador. La mejor manera que el regulador tiene para enfrentar esa presión es ser transparente.
—El fiscal de Corte encontró inconstitucionales varios artículos de la ley de servicios audiovisuales uruguaya. Entre ellos el artículo que establece la restricción de empresas a tener no más del 25% del total de hogares con televisión para abonados. ¿Qué opina sobre esto?
—No he leído la ley a un nivel para comentar sobre eso. Pero en términos generales el tema de cuánto porcentaje puede tener una empresa corre por dos visiones: la de evitar el monopolio en el sector y la de favorecer la pluralidad.
En el tema de la pluralidad, está aceptado en Europa que el sistema de lo audiovisual no puede ser tratado como el resto del mercado, dejándolo al libre flujo de oferta y demanda.
La pluralidad implica que es razonable tener determinadas restricciones por debajo de lo que se considera dominio del mercado. Hay diferentes ejemplos, pero lo natural en este sentido es que una misma empresa no pueda tener más de una señal.
—¿Pero la pluralidad no es habilitar a otros jugadores a que entren al mercado más que limitar la audiencia de los que ya están?
—Si la ley uruguaya establece limitaciones a la cantidad de abonados por empresa es algo que parece no tener sentido. ¿Cómo fuerzas a la gente a que deje de mirarte?
Cuando se habla de limitar el share de mercado, por lo general se habla de impedir que una misma persona o empresa aumente su tamaño comprando o fusionándose con otras empresas. A eso apunta la pluralidad: a que haya varios dueños, pero no a que la audiencia esté dividida.
—¿Dónde está la línea entre la regulación y el derecho a la libertad de expresión? ¿Qué sucede cuando estas leyes son usadas por los gobiernos para presionar y castigar a los medios que no comulgan con la versión oficial?
—Muchas veces se habla de la libertad de prensa, cuando se tiene que hablar de libertad de expresión. Los privados, en algunos casos, argumentan que libertad de expresión es su libertad a decir lo que sea, pero olvidan la parte de libertad de expresarse del resto.
Hay una parte que es el derecho a recibir información y ese derecho tiene que estar garantizado desde una diversidad de fuentes.
Hay dos derechos: el de expresarse y el de recibir información. Entonces, ese balance tienen que hacerse por alguien independiente, tanto del gobierno como de los privados.
Una de las principales herramientas para evitar que este tipo de situaciones que menciona usted sucedan, es que la propia ley establezca estrictas formas de integración del consejo regulador. Y por estrictas me refiero a que los miembros del organismo sea elegidos con mayorías especiales y no dependan del gobierno directamente. Cualquier ley que permite al gobierno designar directamente a los integrantes, entonces en eso no hay independencia de nada.
Otro punto importante que debe estar en una ley de regulación son los criterios de competencias y méritos para los integrantes del organismo. De esa manera uno se asegura la excelencia de la gente que lo integra y no espera que haya conflictos de intereses o gente poco calificada.
Lo que hay que tener en cuenta es que una ley de este calibre tiene que sentar las bases para décadas de regulación y no puede ser funcional más que al organismo regulador, promoviendo su independencia.
En América Latina hay un proceso de recomposición democrática. Y en muchos casos los gobiernos tienen un comportamiento de querer acapararlo todo.
En estas leyes puede haber retrocesos y puede haber pasos hacia atrás. Pero también los hay hacia adelante, como ocurre con el caso de Chile. Todo depende de cómo se cree la ley.
En Chile hay críticas al regulador, pero también muchísimo apoyo. Creo que ese es el camino a seguir y Uruguay es un país que se encamina hacia eso.
Ningún país lo hace bien la primera vez. Se va a promulgar una ley, luego se la deberá modificar y mejorar en algunos puntos. Luego el ente regulador se tiene que establecer. Hay tanto interés internacional en Uruguay, que la comunidad internacional va a intentar ayudar en todo lo posible para que este proceso salga de la mejor manera.
