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Empresas cuestionan restricción del suministro de combustible marino resuelta por Ancap
La medida tomada por el ente estatal es “de extrema gravedad” y “contradice el discurso del país como hub logístico y portuario regional”, objeta la Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros; Ancap fundamenta la decisión en la intención de garantizar el abastecimiento del gasoil
Vista de la refinería de La Teja desde la bahía de Montevideo.
Dos gremiales empresariales relacionadas a la actividad portuaria cuestionan la restricción del suministro de combustible marino a los buques de bandera extranjera definida por Ancap desde el inicio de abril y advierten que afectará directamente en la actividad del Puerto de Montevideo.
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En un comunicado público, la Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros (CAPE) rechazó este martes 7 la medida de Ancap, y afirmó que no fue notificada por el ente, sino que supo a través de los distribuidores oficiales.
La gremial señala que la restricción del suministro de combustible marino, una determinación que considera “de extrema gravedad”, no puede imponerse de “forma sorpresiva, informal y sin previsibilidad”. Afirma que “contradice el discurso del país como hub logístico y portuario regional”.
La CAPE agrega que la decisión de Ancap impacta “directamente” sobre la flota de agentes pesqueros extranjeros, comprometiendo la operativa que tiene en el Puerto de Montevideo como su principal base.
“Uruguay no puede pretender atraer flotas, cargas e inversiones, y al mismo tiempo adoptar decisiones propias de un país que expulsa actividad”, indica.
Finalmente, exhorta a Ancap y al Estado uruguayo a “corregir de inmediato” la decisión y “restablecer el régimen normal, previsible y no discriminatorio” de suministro de combustible, en resguardo de la competitividad del puerto capitalino.
Fuentes de Ancap dijeron a Búsqueda que las razones a la restricción de suministro a los buques responde a garantizar el abastecimiento del gasoil a los consumidores regulados, que son los del mercado monopólico, y los que deben tener la “prioridad”.
Agregaron que en las últimas semanas de marzo hubo un “aumento importante” en el consumo de gasoil y, por tanto, las “corrientes de gasoil de la refinería se destinan al mercado interno”.
Decisión “inconsulta”
La medida de Ancap ya había puesto en alerta al Centro de Navegación (Cennave), que envió una comunicación al Ministerio de Industria, Energía y Minería, el 30 de marzo, donde solicitó el “urgente” tratamiento del tema.
En la misiva, el Cennave transmitió “gran preocupación” al tomar conocimiento de que Ancap, debido al conflicto en Medio Oriente y sus implicancias sobre la disrupción en el suministro global de combustible, implementó medidas para restringir las ventas de combustible marino (“gasoil búnker”) al mercado interno durante abril.
Esa organización empresarial cuestionó que Ancap tome una decisión “inconsulta”, cuando hay un escenario de “alta competencia” portuaria que viene causando “pérdidas de cargas a nivel regional” y que los distintos actores —públicos y privados— buscan revertir.
Para la gremial, la medida de restringir el abastecimiento de combustible marino “tendrá un impacto directo en las escalas” en el puerto montevideano y afectará “especialmente a buques feeders, pesqueros y otras embarcaciones” que utilizan búnker.
Como ejemplo de la afectación, el Cennave planteó que algunos buques podrían llegar a ingresar, pero no a salir del puerto, en tanto que otros “probablemente opten por abastecerse en puertos de la región que sí ofrezcan” búnker o incluso resuelvan “omitir la escala” en Montevideo.
Aclaró que si bien el abastecimiento no es monopólico, hasta el momento no existen otras empresas que operen en ese mercado.
Junto con el ajuste de los precios de los combustibles definido por el Poder Ejecutivo desde el 1º de abril, la tarifa del gasoil marino se incrementó 83% (muy por encima del 7%, que fue el aumento establecido para las naftas, el gasoil y el supergás). Como ese combustible no está dentro del mercado monopólico, Ancap determinó ese precio diferencial.
Sin embargo, a raíz de planteos empresariales, el Ejecutivo resolvió no trasladarla en su totalidad al sector pesquero nacional, que arrastra dificultades de competitividad estructural, y estableció un precio excepcional de $ 30.000 por metro cúbico (m3), con un volumen máximo de 2.000 m3, informó El Observador el miércoles 1º. Para el resto, la tarifa por m3 se ubica en $ 53.173.
