Abogados ven necesidades “muchísimo más urgentes” en el sistema penal antes que un ministerio de justicia

Del panel participaron el constitucionalista Eduardo Lust, el penalista Juan Fagúndez —integrante de la directiva de la asociación—, el catedrático de Derecho Penal Gonzalo Fernández y el abogado y exministro de Educación Leonardo Guzmán. El abogado Jorge Barrera, que estaba convocado, finalmente envió sus argumentos por escrito ante la imposibilidad de asistir.

“Hay cosas muchísimo más urgentes e importantes para abordar en el sistema de justicia penal que la creación del ministerio” y es “mucho más racional trabajar en otras áreas que ampliar el diseño institucional del Estado”, agregó. Frente a la pregunta de un oyente sobre si sería como “desviar fondos” a un ministerio, que podrían dedicarse cada año a mejorar el sistema carcelario o al acceso a derechos humanos, Fernández respondió que compartía el planteo. “Hay que gastar mejor cualquier plata que tenemos”, dijo.

En el mismo sentido, Guzmán consideró que “es incomparablemente más urgente” revisar integralmente el CPP e incluso avanzar hacia un nuevo código, antes que crear un ministerio de justicia, del que todavía no se conoce el articulado que va a remitir el gobierno al Poder Legislativo. “Tenemos datos, elementos sueltos”, dijo.

“Un proyecto burocrático”

Lust habló sobre los lineamientos que se conocen del ministerio. Aludió a que va a concentrar responsabilidades que en la actualidad están dispersas en distintos ministerios, como la gestión del sistema penitenciario, los registros públicos y la Fiscalía General de la Nación, además de la Defensoría Pública, que depende del Poder Judicial. “La Fiscalía se va a comunicar con el Poder Ejecutivo por el ministerio de justicia” y el ministro de justicia les daría directrices a los directores, por lo que “va a tener injerencia directa en el funcionamiento de Fiscalía”, cuestionó. Para el exdiputado, “lo que hay que hacer es que esas instituciones, que ya existen, funcionen mejor”. Según su opinión, “no van a funcionar mejor” por estar en un ministerio.

Por su parte, Fernández dijo que un eventual ministerio de justicia “no puede interferir en el ámbito jurisdiccional, que es competencia privativa del Poder Judicial”, y “no puede tener intervención ninguna” en la designación y el ascenso de los magistrados. También objetó la iniciativa por “razones formales”, porque “no va a mejorar un ápice la administración del sistema penal, el tema carcelario”, y “es un proyecto burocrático”.

“Se va a crear más burocracia”, con “instituciones que ya tenemos”, coincidió Lust.

Fagúndez cuestionó que no haya plata para el Poder Judicial, pero sí haya para el ministerio de justicia. “¿Será tan barato?”, se preguntó.

El debate entre los abogados también incluyó cuestionamientos a la idea de que el eventual ministerio sea el órgano encargado de elaborar las políticas públicas en temas de justicia y derechos humanos, como ha planteado el gobierno. Para Fernández, esa función ya está distribuida entre el Poder Legislativo, que define las normas, y el Poder Judicial, que las interpreta.

Por su parte, el abogado y exjuez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, que estaba presente en la actividad, señaló que le “da miedo” cuando se plantea que el ministerio de justicia sería el eventual responsable de la política criminal, debido a la “política criminal que se aplica para determinados procesos”.

“Quiere meterse en el campo intangible de las decisiones judiciales”, agregó.

El informe que elaboró Barrera presenta cinco argumentos centrales en contra de la creación de un ministerio de justicia. El primero es el “pensamiento imitativo como falacia estructural”, que critica el fundamento del gobierno de que los países mejor posicionados en los rankings internacionales de justicia tienen un Ministerio de Justicia. El penalista plantea que “Noruega encabeza los rankings de justicia y tiene Ministerio de Justicia”, pero también tiene el mayor fondo soberano del mundo, y Estonia, que también es un referente del ranking, “tiene un ministerio que combina justicia con asuntos digitales”. También recuerda que Afganistán tiene Ministerio de Justica y “figura en los últimos puestos de todos los índices de desarrollo humano y Estado de derecho”.

El segundo argumento es la valla de Chesterton, con la que se apela al principio de no derribar estructuras que funcionan sin entender por qué, y plantea que Uruguay vivió sin ministerio durante 184 años y “no fue un obstáculo” para alcanzar “los mejores indicadores de independencia judicial y Estado de derecho de América Latina”.

También se opone a crear el ministerio porque considera que el diseño institucional que se propone crea graves conflictos de interés, como colocar dentro a la Defensoría Pública —que en algunos casos defiende a ciudadanos contra el Estado— bajo la misma jerarquía que los abogados que defienden al Estado; o al Instituto Nacional de Rehabilitación junto a quienes deben controlar las violaciones de derechos humanos.

Barrera también describe la iniciativa del ministerio como un “salpicón institucional” que mezcla organismos sin una lógica de misión común y señala el riesgo de la “pendiente institucional”, en relación a que “crea un canal institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial” que futuros gobiernos podrían usar para influir en los jueces.