En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El fiscal civil de tercer turno, Enrique Viana, informó a Búsqueda que en las primeras semanas después que sea promulgada la ley de minería de gran porte, aprobada el martes 3 por el Parlamento, presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la nueva normativa.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Viana dijo que “es inconstitucionalidad porque es una ley con nombre y apellido, viola el artículo 47 de la Constitución y viola también el principio de igualdad con la legitimación de los contratos de inversión”.
“Las leyes son normas generales y abstractas que no pueden ser promulgadas con un interés concreto. Sería grosero plantear la inconstitucionalidad y no decirlo cuando la ley tiene nombre y apellido como es esta con Aratirí”, afirmó.
El fiscal dijo que la normativa “legitima un daño” que, según él, se contradice con lo establecido por la Constitución, ya que el artículo 47 indica que “la protección del medioambiente es de interés general” y “las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medioambiente”.
Además considera que legitimar los contratos de inversión es un “atentado contra los poderes del Estado porque suponen arbitrariedades, discriminaciones y beneficios a una empresa puntual, violando el principio de igualdad ante la ley”.
Viana enfatizó que “para la Fiscalía plantear la inconstitucionalidad de una ley es obligación”, pero “todos los ciudadanos también pueden hacerlo porque tienen un interés directo legítimo de que una ley no habilite un perjuicio al medioambiente”.
Más recursos.
El martes 3 la Cámara de Representantes sancionó con 52 votos en 82 las modificaciones hechas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley que regula la actividad minera y quedó aprobado el nuevo marco regulatorio.
Horas después, la agrupación Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) indicó que comenzará a recolectar firmas para poner a consideración la ley en un plebiscito nacional y que presentará recursos legales por inconstitucionalidades en la norma.
Víctor Bacchetta, representante del Movus, en declaraciones a Búsqueda coincidió con Viana en que “existe inconstitucionalidad” con el artículo 47 de la Constitución e hizo énfasis en la violación al principio de igualdad que se genera con la ley.
“La ley tiene una discriminación manifiesta con Aratirí porque la empresa no descubrió el yacimiento, entonces la manera transparente e igualitaria de explotarlo es mediante un llamado a licitación”, dijo.
Bacchetta agregó que al firmar un contrato de inversión con la empresa “el Estado no respeta la igualdad de trato con los actores económicos porque no se pueden permitir beneficios extraordinarios y exclusivos para una actividad que no son concedidos para la actividad económica general”.
En paralelo la agrupación confirmó que, a partir de la recolección de firmas que han realizado diferentes departamentos para realizar un plebiscito departamental en contra de la megaminería, impulsará una campaña para llegar a un plebiscito nacional que derogue la nueva ley.
Tacuarembó, Lavalleja, Treinta y Tres y Rivera suman más de 23.600 firmas recolectadas en oposición a la minería de gran porte en sus departamentos.
