Asesinatos impunes, más amenazas y ataques cibernéticos

El informe de la SIP agrega que solamente en México se produjeron siete de estos crímenes. Desde el año 2000 hasta ahora, suman 118 los asesinatos y 20 los periodistas desaparecidos. En Colombia, mientras tanto, durante el mismo período se superaron los 100 asesinatos sin resolver, y en Brasil se registraron números similares.

Por otra parte, en Costa Rica, Nicaragua, México y Bolivia se pudo ver cómo la publicidad oficial o estatal se usa como premio o castigo para los medios de comunicación, de acuerdo a la conveniencia o inconveniencia para los gobiernos de las informaciones que se publican. “Aún subsisten en varios países fuertes restricciones en el acceso a la información pública. Aunque se han dictado numerosas leyes de acceso a ella, no han faltado los casos en que con posterioridad se ha restringido la aplicabilidad de esas leyes”, registra el informe.

La SIP indicó como “preocupante” que continúen las iniciativas legislativas de presentar proyectos que atacan la libertad de expresión, como ha sucedido en la República Dominicana. En Cuba, un país donde se ataca sistemáticamente la libertad de prensa, se vio un aumento de la represión del gobierno a los medios independientes, que han aumentado en número. “Son frecuentes las detenciones, los interrogatorios amenazantes y la confiscación de equipos de trabajo”.

Mientras tanto, en Venezuela se deterioró “aún más” la situación de la prensa independiente que sufre de graves agresiones, robos de equipos e insultos por parte de representantes del gobierno. “Las detenciones arbitrarias y las prohibiciones de hecho de informar sobre ellas, como ha ocurrido en el caso del periodista Braulio Jatar, ilustran el punto bajo al que se ha llegado en ese país. Las sedes de algunos medios venezolanos han sufrido ataques nocturnos con disparos y bombas molotov que jamás han sido investigados”, destaca el informe.

Como singularidad de los resultados de esta 72ª Asamblea General se supo que a los obstáculos comunes que afronta la prensa en el desempeño libre de su trabajo, se agregaron “nuevos desafíos”. Por ejemplo, fueron muchos los “ataques cibernéticos” que sufrieron algunos medios, modalidad que adquirió un “carácter alarmante”. Quienes delinquen de esta manera, lo hacen mediante hacking, creando cuentas falsas en redes sociales o confeccionando páginas apócrifas. Así, los medios quedan expuestos a formas novedosas de obstrucción de su tarea. La SIP llamó a “prepararse y defenderse” de estas nuevas modalidades que ya afectaron seriamente a medios de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Trinidad-Tobago. En este sentido, la SIP junto con la empresa Google presentó una iniciativa llamada Proyecto Escudo (Project Shield) que emplea la tecnología y la infraestructura de este buscador internacional para repeler ataques cibernéticos que quieran impedir la difusión de informaciones perjudiciales para algunos grupos de poder o delictivos.

Por otra parte, en el área digital y jurídica, surgió como nueva amenaza la creación de un “pretendido derecho: el derecho al olvido”, referido a personas que quieren eliminar de los buscadores de Internet noticias referidas a información que las perjudica. A raíz de resoluciones judiciales de un tribunal europeo, aparecieron varias acciones legales en el continente que apuntaron a regular estas situaciones. “Esto fácilmente se puede transformar en una nueva forma de censura”, indicó la SIP. Se produjeron casos emblemáticos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Panamá. “En algunos de estos países se hizo una interpretación arbitraria de lo sucedido, lo que ha quedado de manifiesto en proyectos de ley que buscan regular este supuesto derecho, permitiendo que las personas disconformes con alguna noticia puedan eliminar la información publicada. El potencial de censura de una iniciativa semejante es inmenso, como lo son también las complejidades de su aplicación, pues los dictámenes de cada tribunal solo son aplicables a los territorios donde imperan y el olvido aspira a ser de aplicación universal”, advirtió la SIP.

Entre los puntos evaluados como positivos, se señaló que hoy resulta más sencillo acceder a información pública en muchos países en los cuales se empezaron a aplicar las nuevas normativas de acceso, como en Argentina, donde se ha sancionado una ley al respecto. También se reconoció el intento del gobierno argentino por conseguir una distribución de la publicidad oficial “en forma más técnica, independiente de las líneas editoriales de los medios”.