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Poniéndose a la par de sus colegas colorados, los sectores mayoritarios del Partido Nacional propusieron promover sanciones para aquellos afiliados que detentaban cargos políticos en el gobierno. Entre los que podían ser marcados a fuego se encontraban los consejeros de Estado Carlos Gelpi, Antonio Gabito Barrios y Rodolfo Ciganda. El integrante del Directorio Héctor Ríos dijo que “El Partido Nacional fue y es un permanente defensor de la Constitución y la legalidad. Nunca estará de acuerdo con las designaciones a dedo hechas en los últimos años, mientras otros hombres del partido sufren atropellos, destituciones o proscripciones”.
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Por su parte el también integrante del Directorio Gonzalo Aguirre precisó que el Intendente Juan Carlos Payssé se encontraba en una situación particular porque no era ni siquiera afiliado al Partido Nacional.
Por el contrario, la dirigente de “Libertad y Servicio”, Cristina Maeso, rechazó la posibilidad de aplicar sanciones. “Los hombres deben ser juzgados por la función que cumplen, pero no para quién la cumplen sino cómo la cumplen” -dijo.
Juan Ferreira acusó a Payssé
Aunque dos semanas atrás había dicho que pensaba volver al país, Juan Raúl Ferreira afirmó que el gobierno de facto no le permitía regresar porque no tenía pasaporte y era un ciudadano indocumentado.
“El Intendente de Montevideo, doctor Juan Carlos Payssé, declaró sin embargo que yo podía regresar al Uruguay”´—dijo y agregó—“que él no conocía el motivo por el cual me fui del país. Ello me llamó poderosamente la atención. A mí me notificaron que debía abandonar Uruguay adelante del actual intendente de Montevideo que se encontraba esposado junto a mí en el Departamento 6 de la Dirección de Inteligencia. Yo opté por el exilio y él por cambiar de filas”.