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Académicos de Udelar respaldan proyecto de ley sobre “derecho a la ciudad” y alertan por desafíos urbanos
Delegaciones de la Udelar advirtieron en una comisión del Parlamento sobre la “extranjerización del suelo urbano”, la “guetización” y la pérdida del “sentido de comunidad”
En octubre de 2025, la bancada de senadores del Frente Amplio presentó una ambiciosa iniciativa legislativa que busca saldar una deuda en el marco normativo nacional: el reconocimiento expreso del derecho a la ciudad. El objetivo central del proyecto, según plantea el texto, es establecer las bases para que todos los pobladores puedan “habitar, usar, producir y disfrutar de los espacios territoriales entendidos como bienes comunes esenciales para una vida plena”.
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La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, que estudia el proyecto, recibió en marzo a delegaciones académicas del Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República (Udelar) y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), que dieron su mirada sobre el tema. El doctor Marcelo Pérez Sánchez, representante del Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República consideró la iniciativa como una “verdadera reforma urbana” en el Uruguay y destacó que introduce la combinación de derechos individuales y colectivos para el acceso a una ciudad “sin discriminación”.
Pérez Sánchez hizo en su exposición una advertencia sobre el fenómeno de la extranjerización del suelo urbano, un proceso que, a diferencia de lo que sucede con el suelo rural, no está cuantificado ni suficientemente estudiado en el país. El experto dijo que esta problemática suele quedar invisibilizada porque, mientras en el campo el suelo está “desnudo”, en la ciudad siempre se percibe a través de lo edificado. Así, la propiedad de la tierra por parte de capitales extranjeros se camufla detrás de la discusión sobre inmuebles, edificios o proyectos de urbanización. El académico instó a organismos como la Dirección Nacional de Catastro a dar cuenta de este problema creciente.
La discusión también abordó la tensión entre la rentabilidad económica y la calidad de vida. Pérez Sánchez denunció que la búsqueda de ganancias en la construcción en altura afecta severamente la habitabilidad de las zonas costeras, al punto que se están “violentando derechos básicos de los vecinos como el acceso a la luz natural y al sol”.
“Cada vez necesitamos más electrodomésticos y otros bienes (como aires acondicionados o sistemas de iluminación artificial) para poder dar respuesta a necesidades bastante básicas” que el entorno urbano debería proveer de forma natural y gratuita antes de ser bloqueadas por las nuevas edificaciones, criticó el experto. Es por eso que para Pérez Sánchez, esta lógica de mercado ignora códigos de convivencia básica y distancias necesarias.
La “fractura residencial”
Otro eje crítico que abordó fue la creciente “fractura residencial” que atraviesa a las ciudades uruguayas. En ese sentido, el académico alertó sobre un proceso de segregación donde conviven la “guetización de sectores populares” con el “encierro de los sectores de mayores ingresos” en barrios cerrados, un fenómeno que a su entender no solo afecta la urbanística, sino que también “pone en riesgo la democracia misma”. Si ciudadanos distintos no pueden encontrarse en el espacio público, “se pierde el sentido de comunidad”, afirmó.
Pérez Sánchez advirtió además que el debate suele centrarse solo en plazas y parques, y olvida que el acceso al espacio público por excelencia son la calle y la vereda. En Uruguay existen barrios enteros sin estas infraestructuras, comentó, lo que “condiciona la movilidad” y la posibilidad de construir vínculos vecinales.
La crisis urbana actual
Además de estos puntos, las delegaciones introdujeron otras dimensiones alarmantes de la crisis urbana actual al subrayar la paradoja de las “viviendas vacías”: según dijo Pérez Sánchez, mientras el censo registra cerca de 300.000 unidades sin habitantes, existe un grave déficit habitacional y hay miles de personas que viven en la calle. También denunció una persistente exclusión étnico-racial al señalar que el Estado uruguayo reproduce una lógica de “expulsión” que empuja a la población afrodescendiente hacia las periferias, a lo que también se suma la necesidad de atender las desigualdades en los cuidados y la violencia de género en la ciudad, así como pensar el entorno y la movilidad para la vejez.
“También está el tema de los husos horarios. Hay una ciudad de día y otra de noche; hay personas que habitan la ciudad de día que no pueden habitar la ciudad de noche, y hay otros que solo habitan la ciudad de noche. Este es un tema que habría que pensar porque tiene que ver no solo con la inseguridad, sino también con prácticas laborales y con el hecho de si la sociedad es amable o no en función de poder habitarla. Sería bueno que la ley incorporara este tema y que se pensara en el instrumento”, opinó.
Desde la FADU, la magíster Lucía Anzalone y el doctor Andrés Cabrera subrayaron que el proyecto permite superar la concepción de la ciudad como una “mera mercancía”. Al defender la “función social del suelo”, los expertos explicaron que la iniciativa legislativa está alineada con agendas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y destacaron que la propuesta no es solo técnica, sino que promueve una “economía solidaria” y “prácticas fiscales justas” para asegurar que la sostenibilidad urbana sea un derecho colectivo y no un privilegio.
Consejo Consultivo Honorario del Derecho a la Ciudad
Por otro lado, los expertos resaltaron que la ley permitiría jerarquizar instrumentos “ya existentes pero dispersos”, como la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano y la Estrategia Nacional de Ciudades Sostenibles, lo que fortalecerá la coherencia de las políticas territoriales. De igual modo, resaltaron la innovación que representaría la creación de un Consejo Consultivo Honorario del Derecho a la Ciudad, que según prevé la iniciativa contará con la participación de sindicatos, cooperativas y la academia.
El proyecto plantea, además, retos de gestión interinstitucional al sugerir que el espíritu de la ley coincide con la histórica necesidad de una institución dedicada a la reforma urbana, similar a lo que representa el Instituto de Colonización para el campo. En esa línea, Pérez Sánchez mencionó que el país necesita una “rectoría” clara en ordenamiento territorial, ya que en la actualidad muchas normativas no son vinculantes y terminan siendo “perforadas” por intereses particulares. En tanto, Cabrera opinó que el proyecto “promueve la participación en las decisiones y el derecho reconocido a participar en la gestión y gobierno de la ciudad”.
“Esto contribuye a la creación de ciudades más sostenibles en general, el ciudadano se beneficia porque este proyecto reconoce su derecho a vivir en una ciudad justa, inclusiva y sostenible, le da herramientas para participar en las decisiones urbanas y asegura que el Estado monitoree y mejore continuamente la calidad de vida urbana”, señaló el arquitecto.
El senador oficialista Óscar Andrade, en tanto, reafirmó que el proyecto busca una “transformación democrática del Estado” que articule los derechos humanos con la realidad territorial.
