Ciemsa-CSI acusó a UTE de violar la Constitución y el “debido proceso” en forma “escandalosa”

Ciemsa-CSI dijo en su presentación de esta semana, que “ante una situación al menos ‘extraña’, en que se beneficiaba una y otra vez al contratista Tecnosyl con prórrogas y más prórrogas del contrato, (...) en diciembre de 2012 presentamos un escrito (...) solicitando que se pusiera punto final a tan irregular situación”.

El recurso de Ciemsa-CSI, firmado por el abogado Martín Risso Ferrand, dice que el consorcio sabe que la investigación de UTE “estuvo a cargo del Dr. Álvaro Ricchino y que sus conclusiones imputan” a Ciemsa-CSI “y a varios funcionarios de la Administración la comisión de irregularidades”. Pero, agrega, “desconocemos el contenido del expediente, ya que no se nos ha conferido vista del mismo. Lo que sabemos al respecto lo sabemos por el semanario Búsqueda que tiene más información” que Ciemsa-CSI.

Luego de advertir que los tres “errores conceptuales de trascendencia” que el Directorio de UTE atribuyó a la Comisión Asesora para “enmendar el error y revocar la licitación” no justificaban esa decisión, el consorcio afirmó “en forma enfática que ni Ciemsa ni CSI han participado o cometido ninguna irregularidad”.

Según el escrito, “el único beneficiario por la revocación, que se había beneficiado antes por las sucesivas suspensiones, es el actual contratista: Tecnocyl. Esta firma (...) ha continuado prestando servicios y facturando a UTE por más de seis meses y, ahora, se le abre un panorama excelente, pues el contrato se seguirá extendiendo y podrá presentarse en nuevo llamado a licitación y corregir la insubsanable omisión en que incurrió al no presentar el precio en su oferta” original. “Todo esto es irregular”, precisó Ciemsa-CSI.

El consorcio señala a UTE como responsable de haber violado el artículo 66 de la Constitución y cita al jurista Juan Pablo Cajarville Peluffo para probar su estado de indefensión: “El mismo derecho con el mismo alcance debe entenderse consagrado por el artículo 72 de la Carta en favor de todo habitante y de todo funcionario que pueda ser lesionado por la resolución a dictarse en un procedimiento administrativo, constituya o no una sanción, porque el derecho a defenderse es inherente a la personalidad humana y deriva de la forma republicana de gobierno”.

Por eso, dice Cajarville Peluffo, “la violación del derecho a defenderse vicia de ilegitimidad la decisión final a dictarse”.

Ciemsa-CSI sostuvo que “en este caso se instruyó una investigación administrativa y un recurso y se procesaron denuncias en forma secreta, sin notificar siquiera a Ciemsa”.

Además dijo que UTE violó “claramente normas evidentes de buena administración”, puesto que “una empresa que es la gran beneficiaria de las demoras en el procedimiento y de la revocación, ha hecho todo lo posible por impedir que su contrato finalice y que asuma la nueva adjudicataria”.

“Nadie de Ciemsa fue citado a declarar. Nunca se pidió a Ciemsa información alguna. Nunca se escuchó (ni se dio vista) la opinión de Ciemsa sobre los ataques de Tecnocyl, los cuales fueron tomados por ciertos”, protestó el consorcio.

Y preguntó: “¿Qué pasa —como ocurrirá cuando se nos dé vista— si Ciemsa puede contestar todas las imputaciones? ¿Qué hará el ente? Y fundamentalmente, ¿quién indemnizará los daños de todo tipo que se han ocasionado a Ciemsa?”.

Al final, Ciemsa-CSI pidió revocar la resolución que anuló la adjudicación de la licitación a este consorcio y reclamó información sobre “todas las contrataciones que ha tenido en UTE la empresa Tecnocyl desde el año 2005 hasta el presente”.