Con la intención de que se concrete la inversión de la chilena HIF Global, en los últimos meses las autoridades del Poder Ejecutivo han intercambiado distintas posturas e información en torno a las posibilidades que el país le puede ofrecer a la empresa —y bajo qué condiciones— en materia de tarifas, localización, infraestructura, logística y otros aspectos, para captar el megaproyecto de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en el departamento de Paysandú.
Se prevé que el resultado de las negociaciones en torno a esos temas quede plasmado en un memorándum de entendimiento que se está “cerrando” con los distintos organismos públicos involucrados, señaló días atrás en rueda de prensa la titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona.
La jerarca dijo que el gobierno pretende que la empresa “derrame” para el país, más allá de la “exportación o la ganancia o la inversión”. “Estamos intercambiando para poder cerrarlo, ese es el ánimo, que no se pierda ese proyecto, que tenga viabilidad”, apuntó.
De las conversaciones que la empresa viene manteniendo con las autoridades surge que luego de redondear el memorándum de entendimiento, con las bases que se acuerden en las diversas áreas, HIF Global procure las fuentes de financiamiento necesarias, confirme contratos de demanda de los combustibles sintéticos con potenciales clientes del exterior y entonces esté en condiciones de tomar la decisión final de inversión sobre fines de 2027 o incluso durante el 2028.
La demora en la firma del memorándum entre las partes, que primero se dilató de marzo hasta fines de junio y que aún no se concreta —en parte por las diferencias entre la tarifa de la energía eléctrica preferencial que la empresa solicita a la UTE y la ofrecida por el ente, así como los tiempos para la obtención de permisos ambientales—, generó críticas políticas.
Las principales provinieron del intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, que aseguró que el gobierno “se ha tomado demasiado tiempo” en analizar el proyecto, según declaró al programa Palabras cruzadas de radio Sarandí el pasado 22 de julio. Puntualmente, Olivera contrastó lo que, a su juicio, ha sido la actitud del presidente de la República, Yamandú Orsi, que —opinó— busca “dar las condiciones” para que “se cierre el acuerdo”, con las declaraciones “erráticas” de la ministra Cardona. “Si sale, es un poco pese a la ministra y no gracias a la ministra”, alegó el jerarca departamental.
Tarifa rebajada, el “nudo gordiano”
Sin embargo, fuentes del MIEM dijeron a Búsqueda que la ministra “no se opone“ al proyecto, sino que la ecuación vinculada a los temas energéticos “no termina de cerrar”, según el asesoramiento que recibe de las distintas direcciones de la cartera y de UTE.
Indicaron, por ejemplo, que la Dirección Nacional de Energía (DNE) del MIEM ha venido considerando técnicamente todas las posibilidades, cálculos de costos del mantenimiento y uso de las redes de UTE, el respaldo o firmeza necesaria para los proyectos de gran dimensión y advertido sobre esos temas a Cardona, de modo de evitar que se acuerden precios preferenciales que luego no reflejen debidamente el valor que encierran esos servicios e infraestructura instalada.
Por ejemplo, una fuente del MIEM indicó que en los números que HIF Global planteó no están previstos escenarios de alta demanda de electricidad en un contexto de baja o moderada generación de las represas hidroeléctricas u otras fuentes renovables. En ese caso, se busca responder quién pagaría el costo adicional de abastecimiento de la demanda que tendría la UTE al tener que encender la central térmica de Punta del Tigre, en el departamento de San José.
Planta de HIF de producción de hidrógeno verde en Haru Oni, en el sur de Chile.
HIF Global
Explicó que ese componente es algo a considerar, porque es probable que suceda en algún momento del desarrollo de las etapas de producción industrial del combustible sintético y que se estima en unos US$ 50 millones anuales.
Otro informante señaló que el valor de US$ 40-45 por megavatio hora que HIF Global pretende lograr está bastante lejos del precio que UTE tiene acordado con las plantas de celulosa (cercano a los US$ 90), pero más próximo a la franja tarifaria que ofrece el Ejecutivo y que ya implica un valor “muy rebajado” para la energía.
Desde la DNE también se argumenta, dijeron las fuentes del MIEM, que el Ministerio de Economía, más favorable a cerrar el acuerdo con la compañía, cuenta con estudios de costos y análisis de escenarios que no comparte, lo que ha generado cierta rispidez en las conversaciones entre los ministerios.
Y, si bien ambos ministerios coinciden en que, en materia de inversión y generación de empleo, la concreción de la inversión sería algo positivo, para el MIEM “no está claro” que, al pasar raya, le cierren las cuentas al Estado.
Pese a que la tarifa energética sería el “nudo gordiano”, en las negociaciones no están participando jerarcas de UTE, indicaron fuentes de la empresa pública.
Apuntaron que se prevé que la UTE deba realizar inversiones extra relevantes para la eventual instalación de HIF en Paysandú —por fuera del plan de expansión de generación renovable previsto para este quinquenio—, por lo que se busca lograr cierto equilibrio y evitar el riesgo de que la infraestructura pueda quedar subutilizada por comprometer ciertos “nodos de conexión” exclusivamente para el proyecto de HIF. Por eso, se plantea que exista alguna “especie de contrapartida”.
Como se viene analizando la posibilidad de que el proyecto de producción de HIF en Paysandú se instale en la parte norte del predio donde funciona la planta de pórtland de Ancap, una ubicación considerada “muy buena”, se discute que UTE tenga que dejar “comprometida” cierta infraestructura de red y no pueda disponer de ella para algún otro proyecto productivo alternativo que busque establecerse.
Sin exclusividad del CO2 de Alur
En paralelo, fuentes de Ancap comentaron a Búsqueda que una eventual reconversión de la planta de pórtland de Ancap en Paysandú está en pausa dada la posible ubicación que el gobierno le ofreció a HIF Global, como alternativa a la que inicialmente manejó la empresa. En principio, la compañía chilena planteaba construir la planta en Constancia, frente a la ciudad de Colón de Argentina, lo que generó reclamos de parte de autoridades de Entre Ríos por temas ambientales y relacionados al impacto visual desde la vecina orilla.
En tanto, informaron que el acuerdo de compra del dióxido de carbono (CO2) biogénico que HIF Global y Alcoholes del Uruguay (Alur) venían conversando desde diciembre de 2024 —y que había tenido varias prórrogas en esta administración— cayó a fines de marzo. “No hubo interés de las partes en renovarlo. Para Alur-Ancap era un contrato asimétrico, con errores e imprecisiones que hacían difícil la gestión del mismo”, explicaron. Y apuntaron que, para la empresa chilena, la toma del dióxido de carbono de Alur “ya no era de interés y así lo habían plasmado en el proyecto presentado” ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente”.
Por tanto, agregaron, HIF Global “perdió la exclusividad sobre el CO2” biogénico que hoy desecha Alur por la chimenea de la planta de biocombustibles de Paysandú.
Aquel acuerdo de suministro y derecho de uso del área de instalaciones de Alur permitía vender por 15 años unas 150.000 toneladas anuales de CO2, una nueva área de negocios que se estimaba generaría ingresos por US$ 5 millones anuales a la empresa vinculada de Ancap.
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