La energía eólica es vista desde el Poder Ejecutivo como una de las principales fuentes renovables a la hora de diversificar la matriz energética, reducir la dependencia del petróleo y abaratar los costos de generación de electricidad actuales.
Tras dos exitosas licitaciones por 150 megavatios (MW) cada una en 2011, la Dirección Nacional de Energía (DNE) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la estatal energética UTE resolvieron ampliar la meta de potencia eólica a instalar fijada para el 2015, pasándola de 600 MW a 1.000 MW.
Este corrimiento al alza de las expectativas energéticas se debió en parte a la sorprendente respuesta del sector privado, que no sólo presentó decenas de propuestas a las dos licitaciones, sino que en la última las empresas manejaron precios “sorprendentemente bajos”: en el entorno de los U$S 64 el MW/hora frente a los U$S 80 el MW/hora presentados en la primera licitación.
Sin embargo, jerarcas, consultores y empresarios entrevistados por Búsqueda reconocen que “las curvas de aprendizaje” en el sector están demorando los plazos previstos en la instalación de los parques eólicos. Identificaron los problemas de logística y las demoras burocráticas como los principales obstáculos actuales.
En momentos en que el país se enfrenta a una nueva crisis energética por la sequía; cuando UTE recurre a fondos de estabilización energética y lleva gastado casi el 40% del presupuesto destinado al abastecimiento, además de apelar a promociones para que los usuarios cambien a una tarifa “inteligente” que permita reducir los picos de consumo, también surgen problemas en la instalación de esta energía renovable.
La eólica es la fuente de generación más barata luego de la hidráulica, pero cualquier retraso en su instalación representa un aumento de los costos de abastecimiento de la demanda. Cuanto más se tarde en dejarla operativa, más caro saldrá generar electricidad.
Demoras millonarias.
Cada mes que demora un pliego, una autorización, algún trámite o la llegada de materiales representa un costo adicional de unos U$S 5 millones para UTE.
Ese cálculo es manejado por empresarios privados y reconocido por las autoridades del ente. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, lo explicó durante la conferencia “Transmisión y Distribución en Latinoamérica”, que se desarrolló en la Facultad de Ingeniería el viernes 27.
“Hay un costo de U$S 5 millones que el organismo pudo evitar” por cada mes que se demoró en algún trámite, dijo Casaravilla en su exposición.
Consultado al respecto, el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, dijo a Búsqueda que la estrategia del MIEM ante las demoras y dificultades “es hacer el máximo esfuerzo” para “destrabar las situaciones”, porque “cuanto antes se tenga este tipo de energía” el país será “menos dependiente de la lluvia o de la compra de petróleo”.
“El Ministerio intervino para poder trabajar en conjunto con otros organismos los temas burocráticos internos. También trabajamos en otros aspectos como el ambiental, el de ordenamiento territorial y el trabajo con las intendencias, y podemos decir que hemos logrado destrabar situaciones”, añadió.
Incentivos y esfuerzos.
Por su parte, el director oficialista de UTE Gerardo Rey dijo a Búsqueda que “todavía no hay evidencia” de que los proyectos eólicos “vayan más lento”, pero que “todo indica que está habiendo algunas dificultades para que se puedan concretar en los tiempos” a los que la empresa pública aspiraba.
Rey hizo referencia a la biomasa, otra energía renovable que tuvo un fuerte impulso del gobierno: “Estos proyectos, que son del período pasado, demoraron un poco más del tiempo previsto”.
“Básicamente esto estuvo vinculado a la curva de aprendizaje del sector privado, que pensó que podría generar energía eléctrica en un tiempo más corto del que terminaron entrando”, añadió.
Para intentar evitar que eso suceda con los proyectos de eólica, el jerarca explicó que recurrieron a incentivos económicos para acelerar los procesos: “Se pagará mejor la entrada temprana de los proyectos dándoles un incentivo económico por cada mes en que estén operativos antes de diciembre de 2014”, informó.
Para las tres empresas que entraron en la segunda licitación y para la apertura hecha en noviembre a otras 20 que aceptaron vender el MW/hora a los precios de las ganadoras habrá un bono: por cada mes que adelanten la puesta en marcha de su proyecto UTE “les pagará U$S 110 el MW/hora en vez de U$S 63,5, que era lo acordado”, indicó Rey.
El jerarca opinó que, si bien los incentivos “son una herramienta importante”, también “el sector privado está teniendo tiempos más largos que lo esperado”.
El director colorado de UTE, José Garchitorena, dijo a Búsqueda que “los atrasos y corrimientos existen” y que “algunos empresarios han solicitado prórrogas”.
“Este es un negocio nuevo y estamos todos pagando precios de aprendizaje”, dijo Garchitorena, y agregó que “debido a la importancia del tema y el impacto de la demora en el abastecimiento de la demanda” hay que “llamar a la responsabilidad de todos los actores, públicos y privados, para acortar los plazos para que entren en funcionamiento todas las fuentes”.
Revisión y logística.
En el sector privado muchos identifican los problemas burocráticos y de logística como las principales trabas en el proceso de instalación de los parques eólicos. Uno de los ejemplos de estos “tiempos muertos” es un informe de la División de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) sobre los criterios establecidos para la instalación y operación de parques eólicos.
Según ingenieros, asesores y especialistas consultados por Búsqueda, este informe tiene “serias fallas” y “complica sobremanera” el ingreso de nuevos parques eólicos.
El informe establece criterios como que en un radio de 200 metros debajo de cada aerogenerador “se excluirá la existencia de infraestructuras ajenas” al parque eólico. Además, para reducir “impactos visuales” los parques deberán estar como mínimo a un quilómetro de centros poblados y tres quilómetros de “ciudades, villas y pueblos”.
Según el sector privado, esto “trae cambios” a la normativa preestablecida. También critican que el argumento de los 200 metros sea el “desprendimiento de trozos de hielo” del aerogenerador, algo que “no corresponde al clima uruguayo”.
Tras comunicarse infructuosamente con la Dinama, varios de los informantes les solicitaron a los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica (Audee) que hagan un “planteamiento formal” al organismo para que revise ese informe.
José Perruccio, vicepresidente de la Audee (que tiene unos 80 miembros), dijo a Búsqueda que fue informado de esta situación y que la asociación “tendrá una asamblea en la que se decidirá qué tratamiento se le dará al tema”.
Sobre los problemas y demoras Perruccio explicó que se viven “varias curvas de aprendizaje que van desde los intereses particulares de las instituciones hasta los generales del país”, donde existen también problemas logísticos.
“Hay problemas con los convoys para sacar los materiales desde el puerto dado su tamaño y peso y las reglamentaciones actuales —sostuvo—. Pero a problemas excepcionales se dan soluciones excepcionales y estamos trabajando con el gobierno en un diálogo fluido para lograrlo”.
