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“¿Cuál es la razón exacta por la cual los cubanos continúan viviendo en el oscurantismo digital en momentos cuando el Estado cuenta con la capacidad técnica de conectar a la Internet a millones de ciudadanos en cuestión de meses?”, es una de las preguntas que plantea el informe publicado por el programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ según sus siglas en inglés), cuyo coordinador senior es el argentino Carlos Lauría.
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Realizado a partir de entrevistas y relevamiento de datos, el informe mostró que en Cuba hay “más espacio para la crítica” pero que “las restricciones frenan el avance de la prensa”. Señala que, aunque existe una mayor tolerancia, se aprecian dos factores negativos: que el Estado sigue administrando legalmente los medios, y que para la población el acceso a Internet es caro.
Según explicó Carlos Lauría a Búsqueda, “algunos de los periodistas más críticos, considerados disidentes, sostienen que la represión ha ido en aumento en los últimos meses, tras la visita del presidente Barack Obama en marzo de este año. Una visita histórica que se sumó al establecimiento de vínculos diplomáticos entre Washington y La Habana en diciembre de 2014.
“La prensa cubana, alentada por el llamado del presidente Raúl Castro en favor de reformas en 2010, está encontrando más espacio para la opinión crítica, pero el acoso y la intimidación por parte de las autoridades, el vacío legal provocado por anticuadas y restrictivas disposiciones legales sobre la actividad de la prensa, y el limitado y costoso acceso a la Internet están frenando el avance de la libertad de prensa en la isla”, indicó el informe.
Si bien se registró una mayor apertura en los medios cubanos debido a que los periodistas y los blogueros tienen más posibilidades de expresarse de manera inquisidora, así como de profundizar con relación a cuestiones que la prensa oficial ignora, el vacío legal que rodea la cobertura informativa independiente, la restricción y el difícil acceso a Internet, así como las amenazas de “detenciones arbitrarias”, obstaculizan los avances, destacó.
Según el colombiano Ernesto Londoño, miembro del Comité Editorial de “The New York Times”: “Los periodistas cubanos continúan sometidos a ataduras”. Esto se debe a que la prensa oficial sigue bajo el control del gobernante Partido Comunista, “que durante años ha intentado ejercer un férreo control sobre la difusión de la información en Cuba”. De esta manera, los periodistas independientes y críticos “tienen un alcance limitado porque solamente el Estado tiene el derecho legal de administrar organizaciones de medios y pocas personas tienen acceso continuo y a precios accesibles a la Internet”, explicó Londoño.
Más allá de la falta de un marco legal que “consagre el derecho a buscar y difundir información de manera independiente, varios de ellos realizan periodismo innovador y de alta calidad”, señaló Londoño. Citó como ejemplo el trabajo de la web de periodismo narrativo “El Estornudo” y los artículos en profundidad acerca de cuestiones locales de otro medio, “Periodismo de Barrio”, así como el trabajo de la periodista Yoani Sánchez, quien visitó Uruguay en 2015 y que lleva adelante el sitio “14ymedio”, con artículos que no se encuentran en otros medios de la isla.
La prensa oficial “confunde más que esclarece”, dijo Londoño. “Justifica su autocensura y tono beligerante apuntando el dedo a sus anacrónicos adversarios, los mayoritariamente irrelevantes Radio y TV Martí, financiados por Washington”. Según el comunicador, los medios de prensa cubana oficial se conviritieron “en cámaras de resonancia que sirven a ideólogos en los extremos opuestos del espectro político” y ninguno aporta a lograr los cambios “añorados por la mayoría de los cubanos”.
El informe reclama “que las reglas del juego sean más claras”, ya que hubo representantes del gobierno que alentaron a la prensa a ser “más inquisitiva y a señalar los aspectos del sistema que no están funcionando”, pero estos llamados adolecen de “sólidas garantías jurídicas”.
Lauría hizo una condensada síntesis de lo que sucede en la isla hoy: “Una animada blogosfera, un número cada vez mayor de sitios web de noticias que contienen investigaciones periodísticas y opiniones, y una innovadora generación de periodistas independientes que son críticos de las ideas socialistas y, no obstante, las siguen apoyando, han transformado esencialmente el panorama mediático cubano en los últimos cinco años”. Este mayor dinamismo contrasta con el restrictivo marco jurídico que limita la libertad de expresión para proteger la “independencia o integridad territorial del Estado”, explicó Lauría. La Constitución cubana prohíbe la propiedad privada de la prensa y “todos los medios están presuntamente controlados por el Estado comunista de partido único”, agregó.
Sobre este panorama, se aprecia que los periodistas más críticos, los graduados, los documentalistas y los blogueros a favor de la Revolución, están generando nuevos espacios para la libertad de expresión y el “periodismo emprendedor” que hasta hace poco no se veían.
El CPJ entrevistó blogueros que se mostraron conformes con la “relajación de restricciones”. “Estamos viendo oportunidades que parecían inconcebibles hace cinco años”, explicó Alejandro Rodríguez, quien en 2012 renunció a su puesto en “Adelante”, el semanario estatal de Camagüey, para lanzar su blog.
“Los opositores más estridentes en los medios expresaron al CPJ que siguen enfrentando acoso e intimidación por parte de las autoridades”, informó Lauría. Explicó que el “floreciente ámbito de los medios” comenzó su expansión en el año 2011, cuando el presidente Raúl Castro anunció reformas de mercado. Lauría agregó que “muchas de esas reformas se han implementado con lentitud y hasta se han revertido en algunos aspectos”.
En un discurso que pronunció en diciembre de 2010, Castro le dijo a la Asamblea Nacional que no temiera las discrepancias de opinión. “Estas declaraciones han envalentonado a los periodistas, en particular los que trabajan en la prensa estatal. Y aunque prácticamente no se critican las políticas gubernamentales en los medios oficiales, la mayoría de los periódicos —entre ellos el diario nacional “Granma”— han comenzado secciones de Cartas al Editor que les ofrecen a los cubanos un canal para expresar opiniones”.
Cronistas oficiales y académicos en La Habana reconocieron la necesidad de que la prensa oficial sea más crítica y algunos reclamaron una ley de acceso a la información pública. Laura Blanco Betancourt, reportera del diario provincial estatal “Vanguardia”, admitió que la falta de una “cultura de debate” impidió sostener conversaciones francas en la prensa oficial. José Ramón Vidal, por su parte, ex editor del diario “Juventud Rebelde”, dijo en una entrevista de la edición diciembre 2015-marzo 2016 de la revista mexicana “Razón y Palabra”, que Cuba debe cambiar su “modelo comunicacional” pues “importantes cuestiones sociales” se dejaban de lado. Vidal, que es profesor de Comunicación de la Universidad de La Habana, agregó que el modelo centrado en la propaganda “estaba en crisis” y que “los cubanos ya no le prestaban atención”, refirió Lauría en el informe.
Los apresamientos por períodos extensos ya son infrecuentes, a partir de la ola represiva de 2003, en la que el CPJ documentó 29 casos de periodistas que cumplían largas penas de cárcel. Sin embargo, aún hoy las detenciones y citaciones son comunes. Por ejemplo, el día en que Obama arribó a Cuba, el bloguero activista Lázaro Yuri Valle Roca fue arrestado y detenido por cinco días después de que quisiera cubrir una manifestación del grupo opositor Las Damas de Blanco, fundado por las esposas de los disidentes encarcelados. El comunicador dijo al CPJ que no lo habían procesado pero que le advirtieron que sería enjuiciado si lo arrestaban otra vez.
De hecho, la libertad de expresión se encuentra limitada por varios artículos del Código Penal cubano, que contemplan el delito de desacato a la autoridad, el de “propaganda enemiga”, el de actuar “contra la independencia o la integridad territorial del Estado”, apartado que a menudo se emplea en combinación con la Ley Nº 88, “de protección de la independencia nacional y la economía de Cuba”. Estos delitos pueden sancionarse con penas de hasta 20 años de prisión.
“Muchos de los periodistas entrevistados por el CPJ señalaron que abordan su tarea informativa con cautela y a veces se abstienen de publicar trabajos abiertamente críticos debido al marco legal vigente”, concluye Lauría.