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El informe “Periodismo y libertad de expresión en Uruguay” realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) con apoyo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) confirmó que el ejercicio del periodismo en el país enfrenta amenazas, censuras y obstrucciones de diverso tipo.
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El trabajo documentó un total de 37 situaciones que afectaron el trabajo de los periodistas. Incluyó seis amenazas, un arresto, cuatro censuras, seis hostigamientos físicos, nueve hostigamientos a través de la Justicia, dos laborales, seis obstrucciones al trabajo periodístico y tres rechazos a pedidos de acceso a la información.
Publicado el jueves 18, el informe refiere las diferentes amenazas y problemas que han enfrentado los periodistas en el país en el ejercicio de su profesión.
“Muchas veces se suele pensar en Uruguay como un país que no enfrenta desafíos en materia de libertad de expresión, dado que no experimenta las gravísimas situaciones de violencia extrema contra periodistas que viven hoy muchos Estados de la región. Sin embargo, este estudio permite documentar y visibilizar que (...) ocurren otros hechos que de acuerdo a los estándares internacionales y regionales constituyen amenazas a la libertad de expresión y por tanto vulneran el pleno ejercicio de este derecho durante la práctica de la actividad periodística”, asegura en su introducción el documento.
La información, recolectada durante ocho meses, comprende todo el 2014 y el pimer trimestre del 2015. Indica que 25 casos ocurrieron el año pasado y los restantes 12 en los primeros meses del corriente. Los casos fueron divididos en tres tipos de amenazas: leve, media y alta.
Se denuncia que hubo 10 amenezas leves, que implicaron obstrucción al trabajo periodístico, hostigamiento laboral, Inseguridad y denegación de acceso a la información pública.
En la obstrucción al trabajo periodístico se identifica: “la adopción de medidas tendientes a impedir la cobertura de hechos de interés público tales como: no aceptar preguntas en conferencias de prensa, imposibilitar el ingreso a edificios o lugares públicos, bloquear el funcionamiento de equipamiento de los periodistas (cámaras de fotos o video, grabadores, micrófonos, computadoras, etcétera), negar acreditaciones a eventos de interés público sin razones fundadas”.
Las amenazas de nivel medio registradas fueron 25 y refieren a censura, amenazas, daños a instalaciones o equipos, hostigamiento físico o a través de la Justicia.
En el período considerado, se denunciaron solo dos amenazas de nivel alto, las cuales refieren a tres categorías: arresto o detención ilegal, secuestro y lesiones graves y/o asesinato.
Desglosados por el origen de la amenaza, 21 se registraron en el ámbito privado, nueve en el sector público y siete por integrantes de los partidos políticos.
Por zona y denuncias.
La mayoría de las amenazas ocurrieron en Montevideo (14). A la capital le siguen Soriano (7) y Colonia (5).
Quince de los 37 episodios no fueron denunciados en ningún ámbito; 17 fueron denunciados a través de la prensa o en alguna instancia como APU. Cuatro fueron objeto de denuncia policial y solo uno en el ámbito judicial.
El informe analiza denuncia a denuncia. En los casos de hostigamiento a través de la Justicia señala: “durante el período considerado, el caso más significativo fue el del semanario “El Eco” del departamento de Colonia, que vio afectado su derecho a la libertad de expresión a partir de una demanda propiciada por una Asociación Antipiratería que acusó al medio por utilizar software sin licencia. El juicio iniciado en 2014 derivó en un pedido de allanamiento con incautación de equipamiento informático que se concretó a mediados de febrero de 2015 luego de que la jueza Alexandra Facal aceptara el pedido del abogado de la parte demandante, Fernando Couto, quien reclamaba el pago de 16.000 dólares en licencias para desistir de su demanda”, reseña el informe.
La más grave de las amenazas ocurrió el 21 de febrero de 2015 en Treinta y Tres, cuando el periodista Ramiro Zeballos fue amenazado con un arma de fuego por el secretario de la Junta Local de Cerro Chato Elías Fuentes.
“El funcionario abordó al periodista en la vía pública y lo amenazó con el arma, recriminándole por la cobertura que realizaba sobre su gestión al frente de la Junta Local. Zeballos presentó la denuncia policial el mismo sábado 21 de febrero y no tuvo consecuencias policiales ni judiciales”, sostiene el informe.
Dadas las características del episodio, las organizaciones resolvieron considerar la amenaza en un nivel “Alto”.
Conclusiones.
“De los 37 casos consignados, solo 15 se produjeron en Montevideo, lo cual demuestra que son los periodistas del interior”, donde se denunciaron los restantes casos, quienes “enfrentan las condiciones más difíciles para el ejercicio del periodismo”, concluye el documento.
“La existencia de 6 hechos de amenazas y 6 de hostigamiento físico también resultan de particular importancia si se tiene en cuenta el riesgo que este tipo de episodios implican para la integridad física de los periodistas. El aumento de estos hechos sin que existan denuncias por parte de los afectados así como una investigación rápida y diligente por parte de las autoridades, puede implicar un grave riesgo para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tal como ha ocurrido en otros países de la región que hoy enfrentan situaciones mucho más graves que el Uruguay”, concluye el informe del Cainfo.
