Posición oficial.
El martes 14 Mujica junto al ministro de Industria y Energía, Roberto Kreimerman, el presidente de Ancap, Raúl Sendic, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla y el director nacional de Energía, Ramón Méndez, informaron que el gobierno recomienda a Gaz de France como la empresa a ser adjudicataria.
Todos los jerarcas destacaron la importancia de esta iniciativa, que involucra un contrato a 20 años con un canon mensual que le pagará el Estado de U$S 14 millones por una “inversión real” de U$S 1.125 millones. Las autoridades dijeron a Búsqueda que “no es válido” calcular el costo mediante la suma mensual del canon, ya que “los 14 millones de 2015 no valen lo mismo que los de 2025”.
Agregaron que del total de la inversión la empresa seleccionada pondrá unos U$S 1.040 millones. El resto lo pondrá la encargada del dragado de la zona (para el que ya fue seleccionada una empresa china) y la que instalará los gasoductos (en proceso de selección).
Según el documento que recomienda la adjudicación, al que accedió Búsqueda, Gaz de France prevé empezar a operar el 1º de marzo del 2015, condición que cumple con el pliego, y su propuesta tiene una capacidad de procesamiento de 15 millones de metros cúbicos.
El 1º de abril del 2016 estaría funcionando al máximo, con una capacidad de almacenamiento de 263.000 metros cúbicos.
El gobierno ya tiene redactado el proyecto de resolución de adjudicación. En el documento, al que accedió Búsqueda, las autoridades consideran que ninguna de las otras ofertas “se ajustaron a los parámetros técnicos y comerciales preindicados” o “suponen un perfil de riesgo para el proyecto inaceptable” para Gas Sayago SA, la compañía privada propiedad a partes iguales de Ancap y UTE y encargada de todo el proceso de la regasificadora.
La adjudicación de la planta regasificadora fue demorada varios años. Su proyección fue en 2007, cuando los gobiernos de los entonces presidentes de Uruguay y de Argentina, Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner, acordaron la instalación de una planta regasificadora de gas natural licuado en un proyecto estimado en unos U$S 800 millones.
Cansado de esperar, el gobierno de Mujica se cortó por su cuenta y decidió construir la planta solo. En agosto del 2012, tras varios anuncios previos de “inminente lanzamiento”, se hizo el llamado internacional para interesados en la construcción de la regasificadora.
Desinformados.
Durante la conferencia de prensa tras la adjudicación se hizo referencia a las críticas de la oposición sobre el manejo con la regasificadora.
“El ambiente de trabajo fue de total información. Es cierto que los números se manejaron con total confidencialidad, pero todo el proceso se manejó con transparencia y la oposición fue informada del tema”, dijo el presidente de UTE al respecto.
Dijo además que el representante del Partido Nacional en Gas Sayago —el entonces director de Ancap Carlos Camy— “fue a una tercera parte de las reuniones de las que fue convocado”.
Desde el gobierno se entiende que el tema se manejó “abiertamente”. Méndez dijo a Búsqueda que no están dispuestos a la politización de un “tema técnico”.
“No vamos a esperar un mes y medio por una decisión política, esto está probado y es técnicamente viable”, agregó.
“Estamos preocupados porque el Partido Nacional está politizando un tema en el que se supone que estábamos todos de acuerdo”, sostuvo.
Pero en la oposición no están para nada de acuerdo. “Esto es algo totalmente inconsulto. Cómo es posible que una inversión de 180 millones de dólares por año, por 20 años, lo cual va a abarcar a cuatro gobiernos, se haya hecho de esta manera apurada”, dijo el senador blanco Jorge Larrañaga a Búsqueda.
“Solo el muelle y las dos barcazas cuestan los 180 millones por año. Esto no cuenta el costo del gas. Hay que conseguir el gas y demostrar la rentabilidad. ¿De dónde se va a financiar, va a ir a las tarifas? ¿De qué manera se va a financiar todo esto?”, añadió.
El senador colorado Pedro Bordaberry dijo a Búsqueda que “una obra de ese monto, que además trasciende el período de gobierno, debe y debió ser encarada como una política de Estado”.
Consultado por este tema el director blanco en UTE, Enrique Antía, dijo a Búsqueda que fue “ninguneado” en este proyecto y que el gobierno “sembró en un importantísimo proyecto un enorme manto de sospechas”.
“El presidente de UTE no estaba enterado de esta adjudicación, se enteró sobre la hora. Fue una posición muy incómoda para el presidente de UTE porque esto lo decidieron aquellos que pagan el 10%, mientras que UTE pagará el 90%”, dijo Antía en referencia a los jerarcas de Ancap.
Fuentes políticas de ambos partidos confiaron que esto “pone en riesgo” el acuerdo multipartidario, porque “se afecta a cuatro gobiernos” con esta decisión.
Técnicos en debate.
“¡Perdimos un montón de puntos del PBI con la sequía! Un disparate”, decía el presidente Mujica a un grupo de jerarcas luego de bajarse del estrado en el que anunciaron la adjudicación.
Mujica considera que la inversión de esta planta “se amortiza” con lo que costó el abastecimiento energético “en las últimas dos sequías”.
“Después vendrán los líos: que un paro, que se hunde una barcaza”, dijo el presidente.
Desde el gobierno entienden que la planta será un avance, dado que el precio del gas natural es más barato que el del petróleo y “no sigue la misma tendencia al alza” que el crudo, por lo que abaratará los costos de abastecimiento, además de servir como “complemento” a las energías renovables en años de sequía.
Un informe de la Dirección Nacional de Energía al que accedió Búsqueda establece que los beneficios económicos por la regasificadora van de los U$S 826 millones a los U$S 2.262 millones analizando todos los escenarios.
Sin embargo, aquí también hay versiones encontradas. Fuentes técnicas de UTE consultadas por Búsqueda dijeron que “no hay estudios” que demuestren “la rentabilidad económica tarifaria” del proyecto.
Al respecto José Garchitorena (que fue director colorado de UTE hasta julio del 2012) dijo a Búsqueda que “hay muchos puntos oscuros en un proyecto que por su impacto futuro debería haberse abordado de manera más transparente”.
“Aun cuando desconozco cómo le dan los números a UTE, en estas circunstancias me animo a decir que como seguro climático, como lo calificó Casaravilla, parece caro, lo que pone en riesgo la baja en la tarifa eléctrica que se pretende”, agregó
Sostuvo que con los montos manejados más la compra del gas y el canon y sin que Argentina compre gas “parece difícil que se pueda solventar básicamente con la tarifa eléctrica”.
Sindicatos enojados.
Otro aspecto que levantó polémica es la empresa adjudicataria. Es que Gaz de France se retiró del país en 2006 dejando a Gaseba en una situación comprometida.
“Esta Gaz de France no tiene mucho que ver con aquella de otros tiempos. Es más belga que otra cosa”, dijo Mujica en la conferencia, intentando calmar los ánimos del sindicato del gas, que ya anunció su rechazo al proyecto.
Pero también surgieron críticas desde el gremio de Ancap (Fancap). Su presidente, Artigas González, dijo al diario “El País” que es “vergonzoso que el Estado termine premiando a una empresa que violó todas las leyes laborales de este país”.
“Tendrían que haberla sacado a patadas de la licitación”, agregó.
El diputado oficialista Luis Puig —ex dirigente del PIT-CNT por el gremio del gas— criticó la adjudicación en su cuenta de la red social Twitter. “Somos muy nabos como Estado y me incluyo, al adjudicarle la regasificadora a una empresa como Gaz de France con sus nefastos antecedentes”, escribió.
En conversación con Búsqueda agregó que el resultado de la adjudicación “es un profundo error político” del gobierno de Mujica.
