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Con la firma de Orsi y el apoyo del gabinete, el gobierno oficializó que la Policía use vehículos militares
Los ministerios de Interior y Defensa cerraron el convenio, que establece el uso de distintos transportes en operaciones policiales y habilita a los militares a ir armados en esos patrullajes
Yamandú Orsi el viernes 26, al liderar el Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, firmó este viernes la resolución que autoriza el uso de transporte del Ejército Nacional para realizar patrullaje en las zonas más violentas y conflictivas de Montevideo. El acuerdo entre los ministerios del Interior y Defensa Nacional establece que se procurarán policías para manejar los vehículos, pero que también los podrán maniobrar militares con su arma de reglamento.
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“Se pone a disposición de la Policía Nacional hasta doce vehículos blindados de cinco tipos de modelos y prestaciones, los cuales serán conducidos por personal policial que va a ser debidamente capacitado a tales efectos. Así mismo, existe la posibilidad, en caso de que la Policía no pueda contar aún con la capacitación requerida para algún tipo de vehículo, que sea conducido por un chofer militar”, aseguró el ministro del Interior, Carlos Negro.
Negro fue el encargado de realizar el anuncio en la tarde del viernes 26, tras el Consejo de Ministros desarrollado en la Torre Ejecutiva donde, además, se discutieron diversos puntos de la Rendición de Cuentas. El ministro del Interior fue uno de los participantes de una conferencia de prensa junto a otros miembros del gabinete, entre ellos la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.
“Entre los ministerios de Defensa e Interior ya existen lazos”, explicó Lazo, consultada por los medios de prensa. En una postura que ha mantenido desde el lunes 22, cuando Búsqueda informó sobre la decisión del gobierno de usar blindados del Ejército para respaldar operativos policiales, Lazo buscó atenuar el impacto de la participación militar en la seguridad doméstica.
“Hablar de militarización creo que no corresponde, no está contemplada la militarización en el Plan Nacional de Seguridad Pública, todo lo contrario, ni es menester del Ministerio de Defensa Nacional este tipo de concepto”, expresó.
Carlos Negro en la Torre Ejecutiva, tras el Consejo de Ministros liderado por Yamandú Orsi.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Lo mismo reafirmó Negro segundos después, al sostener que “de ninguna manera puede aceptarse la palabra militarización”, ya que “utilizar una infraestructura militar en uso policial de ninguna manera significa militarizar”.
Negro añadió que la definición correcta de la medida “es resguardar el policiamiento”, porque supone “aprovechar” para la seguridad pública y el trabajo policial disintos recursos con que cuenta el Estado. “Es adoptada no solamente para la protección de los policías sino también para cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad Pública y en el Programa Más Barrio: conseguir que los territorios tengan todas las garantías par que los ciudadanos que allí habitan, en los barrios más complejos fundamentalmente, puedan ejercer todos sus derechos en forma plena y eficaz”, dijo.
Armas para la Policía y el Ejército
La resolución que habilita el empleo de blindados militares fue firmada por Orsi y refrendada por todo el Consejo de Ministros el viernes. El documento definió ciertos detalles que todavía estaban bajo discusión del Poder Ejecutivo y habían generado confusión durante toda la semana, tanto en dirigentes del oficialismo como de la oposición.
Uno de esos detalles refiere al tipo de vehículo. Además de los Mamba MK7, la Policía Nacional tendrá a disposición otros cuatro modelos, lo que facilita que el transporte pueda ser conducido por policías. Aunque no se especificó cuáles son esos cuatro modelos, no son tan modernos ni técnicamente complejos como los Mamba MK7, para los cuales hoy solo están instruidos a operar efectivos militares que recibieron capacitación directa de Estados Unidos, el país que donó ese equipamiento.
Además, se resolvió que los militares que maniobren los vehículos pasen a la órbita presupuestal de Interior bajo comisión de servicio.
Más allá de razones puramente operativas, la causa para añadir otros vehículos, además de los Mamba MK7, obedece a un eje administrativo: evitar que el acuerdo entre los ministerios de Interior y Defensa deba ser aprobado por el Parlamento, lo que puede implicar para el gobierno demoras en su aceptación y más cuestionamientos políticos, sobre todo desde la izquierda.
“No corresponde ni se necesita la promulgación de una disposición legal porque las que existen actualmente, como la Ley Orgánica Militar y el Código Civil, permiten tanto un comodato de los vehículos como una comisión de servicio por parte de funcionarios militares en tareas de chofer para el Ministerio del Interior y al mando del Ministerio del Interior”, explicó Negro, quien volvió a reiterar que todo procedimiento con transporte militar estará enteramente bajo mando de la Policía Nacional, aún cuando quienes manejen los vehículos sean efectivos del Ejército.
Por último, el ministro también aclaró otra interrogante que todavía el gobierno no había solucionado y la cual quedó refrendada en el convenio firmado hoy: autorizar el porte de armas a los militares que trabajen con la Policía.
“El militar tiene ese derecho por definición, por estado militar y por estatuto. Seguramente haga el uso de ese derecho, de portar un arma de puño, de uso civil y que eventualmente la utilizará si llega el caso de preservar su integridad física, su seguridad y su vida”, concluyó Negro.
