El fenómeno de brasileños que invierten en la compra de campos en Uruguay es una “decisión estratégica, no una fuga”, dijo a Agro de Búsqueda el socio y director de Acres Inmobiliaria Rural, Daniel Meireles.
Este operador del mercado de tierras de Brasil lideró operaciones de compraventa de activos rurales que superaron los R$ 1.500 millones (cerca de US$ 300 millones) en activos evaluados y negociados en el país norteño en 2025.
Consideró que el aumento de la participación brasileña en el mercado de tierras uruguayo debe entenderse como parte de una “estrategia patrimonial internacional”.
Los datos de 2025 muestran que “el mercado uruguayo mantiene liquidez, precios alineados con la realidad productiva y una valorización consistente en el largo plazo”, advirtió.
Desde esta perspectiva, Meireles enfatizó que “invertir en tierras en Uruguay no significa abandonar Brasil. Significa diversificar, dolarizar el patrimonio, preservar capital y aprovechar las oportunidades que ofrece una economía estable”.
“En un mundo marcado por cambios tributarios y regulatorios, quienes planifican sus inversiones con horizonte de varias décadas saben que la tierra sigue siendo uno de los activos más seguros, especialmente cuando se encuentra en países que combinan solidez institucional con vocación agropecuaria”, analizó.
Meireles sostuvo que el agronegocio brasileño continuará siendo uno de “los más competitivos del mundo” y “seguirá atrayendo inversiones significativas”.
En los últimos dos años se conformó un nuevo fenómeno de compras de tierras por parte de capitales de Brasil en el agro local, sobre todo en zonas del norte y el centro, en diferentes rubros de la producción, como publicó Agro de Búsqueda en mayo pasado.
Entre las compraventas más significativas registradas recientemente figuran la que realizó la empresa BrasPine, en Rivera, de casi 20.000 hectáreas, y la que concretó la firma Fazenda Santa Maria en ese mismo departamento, entre otras.
Reforma tributaria y su carga
En cuanto a uno de los factores principales que incide en la decisión de optar por invertir en campos uruguayos, el socio y director de Acres argumentó que la reforma tributaria brasileña, aprobada en 2023 y reglamentada en 2025, introdujo dos nuevos tributos: la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS) y el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS), que comenzarán a aplicarse en la enajenación de bienes inmuebles a partir de 2026.
En el régimen actual “la venta de una estancia por parte de una persona física está sujeta únicamente al Impuesto a la Renta sobre la ganancia de capital, con alícuotas de entre 15% y 22,5%”, indicó.
Meireles explicó que con la reforma, además de los ya existentes Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, Impuesto a la Renta de la Persona Jurídica y la Contribución Social sobre el Lucro Líquido, el proyecto prevé que la CBS y el IBS incidan sobre la venta, el arrendamiento y la cesión de derechos inmobiliarios.
“Aunque todavía existen debates sobre el alcance y la forma de aplicación de estos tributos —incluyendo la posibilidad de créditos para los compradores y la definición del momento de pago—, lo cierto es que el ambiente tributario se volvió más complejo e incierto”, dijo.
Planteó que para los inversores de largo plazo, que planifican la asignación de capital para varias décadas, “la previsibilidad regulatoria es tan importante como la rentabilidad”.
“La combinación de un mercado uruguayo sólido y la nueva realidad fiscal brasileña ayuda a explicar el crecimiento de la demanda por campos” en Uruguay, señaló. Sin embargo, “sería simplista atribuir el fenómeno únicamente al miedo a los impuestos”, sostuvo.
Reserva de valor
Respecto a las principales motivaciones que pesan en esta situación, el operador brasileño advirtió que uno de los factores se vincula a la “diversificación geográfica y patrimonial”, ya que “grandes familias empresarias y productores capitalizados buscan no concentrar el 100% de su patrimonio en un solo país”. “La cercanía cultural y geográfica, junto con la estabilidad institucional de Uruguay, facilita esta estrategia”, enfatizó.
Comentó que el perfil de los inversores en estos casos comprende a empresarios de los sectores del agro, la industria, la construcción civil y la tecnología, además de familias que poseen “grandes” fortunas y miran “nuevos” negocios en la economía uruguaya.
Otro tema clave, sostuvo Meireles, es la “dolarización de los activos” si se considera que las operaciones de compra de tierras en Uruguay se realizan en dólares, lo que “protege al inversor brasileño de la volatilidad del real y funciona como un activo real dolarizado dentro del portafolio”.
Igualmente, “la tendencia acumulada de valorización de las tierras uruguayas sigue siendo positiva”, entonces “para quienes piensan en horizontes de varias décadas, las tierras bien ubicadas dentro de una jurisdicción estable funcionan como reserva de valor”, advirtió.
El socio y director de Acres se refirió también a que “algunas operaciones estructuradas permiten captar recursos en dólares a costos competitivos, algo difícil para pequeños y medianos productores en Brasil”.
Sobre la cuestión impositiva, Meireles destacó que “diversificar activos en países con regímenes fiscales distintos reduce la exposición a cambios repentinos en las reglas y facilita la planificación sucesoria”.
Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025, en el mercado de campos de Uruguay el precio de la hectárea física aumentó en promedio 2% anual, mientras que la hectárea ajustada a Coneat 100 avanzó 4,9% por año, indicó el operador inmobiliario.
Y afirmó que esto “confirma el interés estructural por la tierra uruguaya, incluso en un contexto de fluctuaciones de corto plazo”.
