Los envases de plástico PET llegan a la planta, allí se los clasifica, muele, lava, seca y transforma nuevamente en materia prima. El procedimiento está claro, pero la empresa que se dedica a esta tarea en Uruguay está en problemas. Hace poco más de un mes el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, fue hasta allí para conocer de cerca la realidad.
“No les está llegando el material porque el precio internacional está muy bajo. Eso genera inestabilidad” y esta incertidumbre “hace que los privados no inviertan” en el sector residuos y que cuando lo hacen enfrenten un alto riesgo, comentó a Búsqueda Nario.
Entonces, la recolección del plástico PET (tereftalato de polietileno, con componente de petróleo) es baja porque en parte depende “de las fluctuaciones del mercado”, explicó Nario.
“Si el petróleo estuviera a 160 no quedaba plástico en la calle, y cuando baja a 30 se llena. Nosotros tenemos que estabilizar eso. La gestión no debería depender del precio del petróleo, sino del estado del ambiente que yo quiera tener. Vamos a necesitar instrumentos económicos que estabilicen eso, que les den estabilidad también a las empresas privadas, al negocio”, dijo Nario.
Las empresas no son las únicas que tienen problemas.La formalización de los recolectores ha sido, históricamente, un tema conflictivo repleto de idas y vueltas y con escaso éxito. Si un grupo de clasificadores quiere formalizar su actividad y comienza a realizar sus aportes, debe sacar un préstamo para adquirir un vehículo y lidiar con los precios de los materiales que recoge y que un día están altos y a los pocos años o incluso meses bajan y cambian la ecuación.
“Uno de los errores es que se les exija querer pagar el servicio con el valor del material. Le estamos trasladando al trabajador las incertidumbres del mercado. Por ejemplo, hoy el vidrio no vale nada, entonces lo juntan y hacen el trabajo pero el beneficio económico es muy bajo. Por el PET sacan (ganan) cuatro veces menos que antes. Además se generan problemas en las propias plantas porque acopian material esperando que suba el precio”, resumió Nario.
Para estos problemas ahora existe una propuesta para solucionarlo, al menos eso cree firmemente el gobierno.
Según supo Búsqueda, el jueves 19 la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) presentará en el Congreso de Intendentes un proyecto de ley que propone nuevas reglas en el mercado de los residuos en Uruguay. “Le vamos a dar estabilidad al mercado de los residuos y los materiales”, destacó Nario.
El Estado propone tomar las riendas “a través de un sistema competitivo (mediante licitaciones) que garantiza que va a haber prestación de un servicio”, resumió Nario. Esto ayudará a “formalizar la cadena”.
“Nosotros vamos a estar buscando que la cadena cierre y que el flujo de materiales esté regulado por el Estado más allá de que lo vayan a hacer las empresas privadas o cooperativas”, indicó.
El gobierno propone “fijar el servicio” para bajar la incertidumbre y que “la gestión no dependa del precio”, agregó Nario. Las intendencias e incluso el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrán llamar a licitación para solicitar un servicio de recolección, clasificación y aprovechamiento de los materiales.
“Hay años que con la propia venta de materiales quizá ya alcance para mantener el sistema funcionando y otros que va a haber que poner más o menos”, explicó el director de Medio Ambiente. El dinero vendrá de los importadores y fabricantes de esos residuos.
Hace casi dos años que la Dinama comenzó a trabajar en el tema e inició un proceso participativo de consulta con más de 60 personas involucradas de 30 organizaciones, entre los que estuvieron el PIT-CNT, la Cámara de Industrias del Uruguay, las intendencias y la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus), entre otros.
“Era supercomplejo y el tema tiene muchos abordajes, recuperar los materiales, utilizarlos después, el tema social. Es de una complejidad muy alta que llevó a ir despacio pero seguro. Se demoró por llegar todos juntos”, indicó Nario.
Tasas.
El proyecto de ley habilita la creación de nuevas tasas destinadas a la gestión de los residuos. Por ejemplo, los importadores de equipamiento electrónico como celulares, tablets, televisores, tendrán que pagar un monto que irá destinado a la gestión del residuo una vez descartado.
El sector privado argumenta que esto se traducirá en un aumento del precio para el consumidor. Nario asegura que el monto de las tasas (aún a definirse) será tan bajo que resultará irrelevante para el precio del producto. Son “valores muy menores” pero que igualmente “permiten apalancar una adecuada gestión”, según el director. Es un tema que trabajó “muy fuerte” el Ministerio de Economía para asegurar que no impacte en la inflación.
Se ha aplicado “el viejo concepto: el que contamina paga. Si yo importo algo que me genera una unidad económica y ganancia y eso provoca un detrimento para el medioambiente, tengo que aportar para que eso no suceda. Lo hemos venido hablando con la Cámara de Industria y han entendido el proceso”, aseguró Nario.
Las distintas tasas que se apliquen a quienes importen o fabriquen productos para hacer una adecuada gestión se volcarán en un fideicomiso para contar con fondos que permitan llevar a cabo la tarea.
Parte del trabajo apunta a promover los emprendimientos nacionales vinculados al sector residuos y a fomentar la investigación y generar “puestos genuinos” y “empleos verdes”, tarea en la que también intervienen el Ministerio de Industria y la Agencia Nacional de Desarrollo. Son los primeros pasos para crear una “política institucional estatal que fortalezca al sector. Pueden ser fondos semilla, subsidios temporales (porque la idea es que sean unidades productivas rentables), puede haber préstamos para inversión en capital, todo con esa lógica”, dijo Nario.
Clasificadores.
El Ministerio de Trabajo y la Dinama están generando una estrategia de certificación de competencias para que los clasificadores se puedan incorporar al sistema formal y “tengan todos los mecanismos de protección que corresponden para desarrollar la tarea de manera adecuada”, informó Nario. Por otra parte, con el Ministerio de Desarrollo Social, el PIT-CNT y Ucrus han formado otro grupo de trabajo para “ver cómo se gestiona eso”.
“Hicimos varios talleres con los clasificadores, les dijimos que esta es una ley ambiental que los tenía en cuenta, que no iba a ser una solución para todos pero que sí ellos van a tener una priorización a la hora de incorporarse a los puestos de trabajo que se generen”, contó Nario.
Habrá “una discriminación positiva hacia empresas que contengan más cantidad de clasificadores en la plantilla”, explicó Nario.
Pero para eso primero hay que saber quiénes son y cuántos son. No es sencillo; los números oscilan según quién lo estime, pero varían entre 3.000 y 7.000 aproximadamente en la capital y zona metropolitana. La dificultad está también en que muchos se dedican a la tarea dependiendo de su situación laboral y económica, que suele fluctuar.
Parte del trabajo una vez aprobada la ley será hacer un censo para poder implementar las políticas de “discriminación positiva”. De todos modos, habrá otras variables a tener en cuenta. Quienes se presenten a la licitación y apunten a ser “premiados” dentro de esta discriminación positiva, ya sea cooperativas o empresas que incorporen en su plantilla gran cantidad de clasificadores, deben demostrar que son capaces de llevar a cabo el servicio y tener experiencia.
La idea es que las cooperativas puedan “empezar a trabajar ya” y no esperar a la aprobación de la ley. Así se lo planteó Nario al PIT-CNT, para que cuando llegue el momento de presentarse a licitación las cooperativas tengan la experiencia necesaria y “los apoyos para capital de inversión”.
