Estos hechos en Panamá ocurrieron en medio de una difícil situación para el periodismo independiente en las Américas. Durante el último semestre hubo ocho asesinatos de periodistas en Colombia, Honduras, México, Paraguay y Perú (a los que se sumaron dos más el martes 10 en Guatemala), centenares de casos de agresión física y juicios que afectan a reporteros y medios, lo cual “ha ensombrecido el estado de la libertad de prensa”, dijo la SIP.
Ataques y leyes.
“Dos periodistas, uno en México y otro en Argentina, tuvieron que marcharse al exilio por amenazas a su integridad, engrosando así una larga lista que encabezan los periodistas venezolanos, con más de 400 de ellos diseminados en 34 países”, añadió la institución.
“Al compás de este estado de inseguridad se ha observado, por igual, cómo se fortalece y se generaliza la tendencia a aprobar medidas legales regulatorias y normas ‘éticas’ que limitan la libertad de expresión mediante la discriminación en la distribución de la publicidad oficial y un incremento de las distintas modalidades de censura”, se lee en el informe final.
Uno de los aspectos destacados durante el encuentro, que reunió a más de 300 directores y editores de periódicos del continente, fue la censura, un “arma” que utilizan los gobiernos “para evitar que la prensa dé a conocer noticias que les desagradan”. La SIP puso al gobierno del ecuatoriano Rafael Correa como uno de los ejemplos más graves en esta materia.
En Ecuador, “por vía del órgano de vigilancia creado por la ‘ley de comunicación’, ya se han aplicado más de 30 sanciones a medios, periodistas y caricaturistas. Además se han cerrado dos estaciones de radio”.
“Con el mismo espíritu regulatorio que predomina en Venezuela y Ecuador, en varios países de nuestro continente se han replicado parte de las medidas de censura o limitación que representan cortapisas a la libre difusión de los contenidos noticiosos de medios impresos y televisivos, así como en las redes sociales, observándose un incremento en el cierre de cuentas de Twitter y en el procesamiento o acoso de blogueros y usuarios de sitios de Internet”, añadió la SIP.
La organización recordó que en Venezuela han sido procesados ocho tuiteros y en Ecuador cerraron las cuentas a cinco usuarios de esta red social.
Acoso tributario.
Simultáneamente con estas medidas restrictivas, la asamblea de la SIP también observó con preocupación cómo en distintos países “se incrementa el acoso tributario y la imposición de fuertes multas a medios de comunicación por sus críticas a la actividad gubernamental o por sus denuncias sobre corrupción administrativa”.
“En el afán de controlar el espectro de las comunicaciones, sigue adelante la estrategia que utilizan algunos gobiernos como el argentino, el ecuatoriano y el venezolano, para adquirir empresas periodísticas a través de testaferros o de acaparar espacios de radio y televisión, desde los cuales se ataca a sus críticos, poniendo en entredicho la reputación de comunicadores y propiciando acoso y persecuciones. El caso de Nicaragua es notorio, pues allí el gobierno sigue incrementando su poder monopólico con medios propios y solo queda un canal de televisión independiente”, precisó la entidad interamericana.
El acceso libre a las fuentes de información pública “continúa siendo interferido en los países donde existen leyes que lo consagran, mientras que en otros es sencillamente nulo”, añadió.
Recordó asimismo que en Puerto Rico prevalecen restricciones a periodistas y medios para acceder con normalidad a esas fuentes y que en Barbados persiste la duda acerca de si una ley de acceso a la información pública, largamente esperada, podrá entrar en vigencia.
Mientras tanto, en El Salvador la negativa a facilitar el acceso a información producida por el Estado se ha convertido en práctica común en los tres poderes. Y en el caso de Costa Rica, se ha llegado al colmo de negar la información sobre la identidad de las personas que visitan la sede del Poder Ejecutivo, alegándose que demasiada transparencia pone en riesgo la seguridad y la soberanía del país.
Impunidad y asesinatos.
Como todos los años, la SIP también dedicó un capitulo especial a los periodistas que fueron asesinados durante el último semestre y la impunidad de los crímines contra profesionales de los medios, ya que la inmensa mayoría siguen sin ser resueltos.
Los asambleístas votaron por unanimidad una resolución sobre el tema, en la que condenaron los asesinatos de periodistas que ocurrieron desde octubre de 2014, y exigieron a los gobiernos de los países más castigados por este flagelo (Colombia, Honduras, México, Paraguay y Perú) “no cesar en las investigaciones de los crímenes hasta dar con los culpables y aplicar con rigurosidad la justicia”.
Desde octubre de 2014 (fecha en que se celebró la anterior reunión de la SIP) hasta principios de marzo habían sido asesinado ocho periodistas: dos en Colombia, dos en Honduras, dos en México, uno en Paraguay y otro en Perú. El martes 10, cuando ya había concluido la asamblea de la SIP, otros dos periodistas fueron acribillados a balazos en Guatemala y un tercero permanece gravemente herido.
Durante la asamblea, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo (director de Búsqueda), manifestó su decepción por el rotundo fracaso de los Estados en la investigación y resolución de estos crímenes. “Francamente, las promesas de los responsables estatales de acabar con la impunidad nos parecen cada vez más inútiles y, a esta altura, podría decir que nos suenan hasta agraviantes. Es como si se nos rieran en la cara, mientras nuestros colegas periodistas siguen muriendo por ejercer el derecho humano a recibir, recoger y difundir informaciones u opiniones”, dijo.
“La falta de justicia induce a muchos periodistas y medios, particularmente en el interior de los países, donde están más desprotegidos, a optar por la autocensura como método de autoprotección”, explicó Paolillo.
Argentina.
Cuando hay países que atraviesan situaciones más críticas que el resto, la SIP discute y aprueba resoluciones especiales. En el caso de Argentina, hubo dos.
La primera recordó que “desde hace siete años se vive una escalada de hostigamiento gubernamental y de sectores afines contra la prensa no alineada con el poder político” y que “prominentes funcionarios, lejos de plantear debates razonados sobre la información periodística, suelen agraviar e intimidar en público a aquellos medios y periodistas que publican datos u opiniones que les molestan”.
Además adivirtió “que medios y periodistas no alineados con el gobierno son blanco constante de acusaciones por supuestas actitudes destituyentes y antidemocráticas, lo que genera un clima de intimidación para el trabajo periodístico, y de peligro cierto para la integridad de profesionales y medios de comunicación”.
Por unanimidad de sus representantes, la asamblea de la SIP resolvió “rechazar la intimidación y estigmatización oficial contra periodistas y las presiones al Poder Judicial y las interferencias al Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo, con el objeto de perseguir penalmente a editores y medios críticos”.
Además instó a las autoridades “a no alimentar un clima de violencia contra el periodismo y, en general, contra quien exprese opiniones diferentes”.
La segunda resolución tiene que ver con la distribución de la pauta publicitaria por parte del gobierno argentino, que en 2014 alcanzó a U$S 450 millones, según el tipo de cambio oficial.
“El gobierno sigue agravando su modelo de distribución arbitraria de la publicidad oficial, desconociendo fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo obligan a hacerlo respetando pautas objetivas y razonables, para no afectar la libertad de expresión”, señaló la SIP.
La organización instó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a que “cese en sus prácticas discriminatorias en materia de asignación de publicidad oficial, respetando criterios objetivos y equitativos, y no utilizando los recursos públicos como sistema de premios y castigos”.
