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Ante el giro que tomaban las negociaciones entre militares y políticos por la reinstitucionalización democrática del país que comenzaría a concretarse con la convocatoria a elecciones en noviembre, la jerarquía de la Iglesia Católica examinó la situación del presbítero Juan Martín Posadas, integrante del Directorio del Partido Nacional, a quien el obispo de su Diócesis había autorizado en 1982 a participar en el proceso político sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones religiosas.
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Según informó Búsqueda a principios de agosto de 1984, la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) recibió dos semanas antes a Posadas, quien planteó su deseo de continuar su acción política sin perder su condición de sacerdote.
Posadas, quien se desempeñaba como teniente cura en la ciudad de Treinta y Tres, fue autorizado por el obispo de la diócesis de Melo, monseñor Roberto Cáceres, a participar en el proceso político en la actual etapa de reinstitucionalización democrática. Dicha autorización no le eximía de las responsabilidades propias de su ministerio eclesiástico.
Dicho permiso expirará una vez que se realicen las elecciones previstas para el domingo 25 de noviembre.
Según las fuentes, la Conferencia Episcopal estaba perfilando las bases del consejo que dará a monseñor Cáceres para que éste, según lo establece el Derecho Canónico, resuelva el caso.
Posadas fue exonerado de sus funciones eclesiásticas para consagrarse a las actividades políticas, inclusive su postulación para cargos electivos.
Posadas integró la lista al Senado del Movimiento Por la Patria resultando electo.