¿Qué tienen en común los manifestantes en contra de la megaminería, los productores rurales, los geólogos, las empresas mineras, los trabajadores, expertos legales y profesionales de distintas ramas? Todos comparten que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para regular la minería de gran porte es insuficiente, contiene errores de concepto y debe ser reformulado.
Luego de la presentación inicial hecha por el equipo de gobierno que estuvo a cargo de la redacción del proyecto, cada delegación que desfiló por el Parlamento dejó un repartido de hojas con anotaciones de todo tipo, desde ajustes de redacción hasta errores de cálculos matemáticos.
El planteo más fuerte lo hizo la Cámara de Industrias Mineras del Uruguay (CIMU), que atacó el proyecto desde su exposición de motivos en adelante. Desde que se redactó, la definición planteada irritó a los empresarios. El presidente de la CIMU, Ignacio Salazar, dijo ante los diputados que se está llamando “gran porte a algo que es pequeña minería” y que “teniendo en cuenta los criterios entrarían a calificar como minería de gran porte actividades que en otros países califican como pequeña minería”.
Orosur, empresa que explota oro en Rivera, en Uruguay entraría en los parámetros de minería de gran porte pero “en Chile calificaría como pequeña minería y no pagaría canon”. Esto “lleva a que las consecuencias de lo que se aplica sean radicalmente diferentes”.
Para los legisladores y el gobierno la definición refiere a la escala uruguaya pero para Salazar “el hecho de que el emprendimiento sea pequeño o grande depende del tipo de industria, el efecto que tiene la inversión, la capacidad de financiamiento y la cantidad de riesgo que toma una minera frente a otra”.
La parte tributaria fue la más cuestionada por las empresas. Semanas atrás Búsqueda informó que los representantes de ese sector empresarial opinan que, con la escala tributaria que diseñó, el Poder Ejecutivo “pretende quedarse con toda la renta extra” (Búsqueda Nº 1.695). El miércoles 13 Salazar se lo planteó a los diputados que integran la comisión.
La Asociación de Licenciados en Geología del Uruguay alertó a los diputados porque plantearon los mismos problemas que anunció la CIMU. “La fórmula que se establece para el cálculo del impuesto adicional implica que a partir de un cierto margen toda la renta va para el Estado y nada queda para la empresa. Esto es muy negativo, ya que la minería es una actividad de alto riesgo que precisa rentas extraordinarias para compensar las etapas de pérdida durante la vida de un proyecto minero”, dijo la geóloga Isabel Medina.
Los geólogos fueron más allá y afirmaron que el proyecto de ley es “punitivo”, “no fomenta la actividad minera” y “truncará proyectos”.
“Discriminatorio”.
Los productores rurales ubicados en el distrito minero también se alinearon para criticar la normativa y, en su paso por la comisión especial, cuestionaron el tope que se le pone al canon minero. Según el Código de Minería vigente los productores reciben un 2% del valor de las exportaciones por el uso de su tierra. Sin embargo, en el proyecto de ley el pago se limita a una escala de entre doce y tres veces el valor de la renta, repartido según la afectación del proyecto minero en cada terreno.
Juan Manuel Straumann, representante de los productores, afirmó ante los legisladores que la normativa “es discriminatoria porque el que tenga boca de mina va a cobrar más que el que tenga la cinta transportadora a igual costo, porque ninguno va a poder estar allí arriba”.
Los productores proponen que se mantenga la normativa actual y que se reparta en partes iguales entre todos los terrenos afectados.
“Hay que pulir”.
Para Enrique Guerra Daneri, director del Instituto de Derecho Agrario, los límites para determinar qué es minería de gran porte también traerán “dolores de cabeza”.
El catedrático cuestionó ante la comisión la “inocencia” del proyecto porque “se considera ante un proyecto en concreto pero no ante la posibilidad de una minería de gran porte que funcione de hecho”.
“Una empresa con diez sociedades anónimas distintas, por la cantidad de hectáreas que explota, es una minería de gran porte. Pero ¿qué instrumento tiene la autoridad minera para exigirle que pase a minería de gran porte? No hay ninguna, no se prevén infracciones ni sanciones”, cuestionó.
Guerra Daneri advirtió que “hay una enorme cantidad de problemas de redacción en definiciones y expresiones que hay que pulir”. Por ejemplo, que “se utiliza el término actores, siendo que en derecho no hay actores sino sujetos”.
Industrialización.
Cuánto mineral podrá extraer por año cada empresa que se instale en Uruguay no está establecido en la normativa.
El jueves 14 varias organizaciones, como la Asociación de Mineros, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) y otros, plantearon su preocupación por el tema.
“La legislación deja en manos de las empresas mineras la determinación del volumen máximo a extraer en cada una de las explotaciones. Proponemos que la explotación minera esté autorizada hasta un porcentaje anual —proponemos 1,5%— del volumen de reservas medido y certificado”, comentó el meteorólogo Raúl Viñas en la comisión.
En tanto, Marcelo Abdala, dirigente de la Untmra, planteó que se “eleve” el porcentaje que debe ser ofrecido al mercado interno. La legislación actual establece que 15% de la producción minera debe ser ofrecida al mercado nacional y si no hay oferentes se puede exportar.
“Hay que dotar al país de la organización que permita generar la inversión, la energía y la logística para que los recursos puedan industrializarse”, agregó el sindicalista.
Modificaciones.
El diputado frenteamplista Julio Battistoni, presidente de la comisión, dijo a Búsqueda que “las modificaciones serán muy leves” y que “lo conceptual no va a cambiar porque está sustentado en el acuerdo multipartidario, así que no va a haber grandes cambios”.
Sin embargo, el diputado nacionalista Álvaro Delgado aseguró que “se harán propuestas de modificaciones” y “se exigirá que el gobierno envíe el proyecto de ley de ordenamiento territorial con directrices para la minería, que se comprometió a enviar junto a este”.
Delgado dijo que coincide con la propuesta de industrialización planteada por el ingeniero Julio Bartol.
El experto presentó su proyecto —patentado en Estados Unidos y Chile— para industrializar el hierro y a partir de él generar energía eléctrica usando la madera como combustible, lo que permite mayor rentabilidad económica usando menos recurso mineral.
El diputado colorado Walter Verri afirmó a Búsqueda que “hay muchos insumos que antes no se tuvieron y que requieren que el proyecto deba ser revisado”.
“La propuesta de Bartol nos cambia el mapa de futuro porque nos obliga a elegir si queremos un Uruguay siderúrgico o si queremos exportar el hierro crudo y eliminar para siempre la posibilidad de tener una industria siderúrgica en el país. Es un cambio de matriz porque la tasa de extracción tampoco sería la misma”, resaltó.
Pese a que opina que la propuesta de industrialización es “muy interesante y seductora”, Battistoni dijo que “el tema va a estar sobre la mesa” pero no está de acuerdo “en que una ley entre en tanto detalle”.
Desarrollo
2013-02-21T00:00:00
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