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Un proyecto de ley que el gobierno considera fundamental para el futuro productivo de Uruguay, el que regula la minería de gran porte, fue aprobado por el Senado esta semana luego de tres días de sesión y recibió media sanción.
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La iniciativa, que volverá a Diputados para su consideración final, fue apoyada solo con los 16 votos de los senadores del oficialismo, que en dos de las tres sesiones en las que se discutió el tema, debieron escuchar los insultos de un grupo de personas que siguieron el trámite desde las barras de la cámara alta. “Ladrones”, “chorros”, “vende patrias”, fueron los insultos que unas sesenta personas les propinaron a los legisladores oficialistas.
El proyecto considera como minería de gran porte los emprendimientos que ocupen una superficie superior a las 400 hectáreas y una inversión superior a los U$S 100 millones. Crea el Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión (FSII), que recibirá ingresos tributarios por la explotación y que servirá para financiar proyectos productivos, de infraestructura y medioambientales.
Durante los tres días el debate fue intenso, y de manera inusual, siete de los 16 legisladores que hablaron fueron del oficialismo, que defendió el proyecto ante las críticas de la oposición.
“Si el Frente Amplio no fuera gobierno sería el más acérrimo opositor al proyecto”, les señaló Francisco Gallinal, del Partido Nacional.
Su compañero de bancada, Juan Chiruchi, sostuvo que este proyecto es “contra el Uruguay natural” y “no contempla el medio ambiente”. Además, dijo, la iniciativa “no tiene el consenso social y político” necesario.
Jorge Larrañaga afirmó que el proyecto afectará el “desarrollo agropecuario de una manera amplia y sin garantías”.
En el debate, Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) dijo que los colorados no apoyan el proyecto porque “se pasa por encima del ordenamiento territorial” al “quitarle competencia a los gobiernos departamentales”. Además dijo que no hay “normas claras sobre el plan de cierre” y recordó que la empresa Aratirí dijo en la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Turismo que los pozos que se hagan se “rellenarán en 80 años con agua de lluvia”.
“No sé si nos están tomando el pelo, pero rellenar con agua de lluvia no es un relleno”, afirmó.
Rechazó que se otorguen exoneraciones fiscales a una empresa como Aratirí que le costará al Estado entre U$S 700 y 1.000 millones y cuestionó por qué no se le cobra el Impuesto al Patrimonio a estas empresas.
Rafael Michelini (Frente Líber Seregni) dijo que “no se niega que haya beneficios tributarios cuando vienen grandes inversiones”, pero destacó que de instalarse Aratirí “va a aportar por año en impuestos U$S 500 millones”.
Daniel Martínez (Partido Socialista) definió el texto como un “excelente instrumento” para desarrollar la minería y dijo que no comparte las “visiones apocalípticas que están basadas en la desconfianza”.
Por su parte, Oscar López Goldaracena (suplente del comunista Eduardo Lorier), dijo que apoyaba el proyecto pese a tener algunas dudas.
Ernesto Agazzi, en tanto, defendió la forma en que se elaboró el proyecto a partir de un acuerdo multipartidario previo. Desde la oposición se dijo que con esta iniciativa se violaba lo que allí se acordó. Agazzi reconoció que en algunos puntos hubo diferencia y explicó que ese acuerdo sirvió de base para elaborar la norma.
Agazzi, destacó que la iniciativa permite “gobernar” el proceso y enfrentar a “las poderosas fuerzas” que tienen “muchos intereses” y no poseen “alma”.
“En realidad hubo empresas; por algo se fue (la forestal) Ence del Uruguay y se quedó Botnia. Ya tuvimos (empresas) que vienen a realizar distintas actividades y nos tantean y ven si pueden clavar el garrón. Y algunos que son más responsables y experiencias más serias deciden aprovechar las oportunidades que ofrece nuestro territorio y se quedan”, afirmó. Agazzi dijo que la ley es “positiva” ya que generará más recaudación, nuevos puestos de trabajo y mejores salarios.
