En paralelo, OSE y esa misma sección de la Facultad de Ciencias comenzarán a trabajar en conjunto en un “sistema de alertas tempranas y estudio de la evolución de la cuenca” de Santa Lucía, según dijo a Búsqueda el vicepresidente de la empresa, Daoiz Uriarte.
El jerarca explicó que hoy OSE toma muestras en el río a 50 kilómetros río arriba de la planta de Aguas Corrientes y pretende, junto a los técnicos de la facultad, hacerlo “más arriba”, para poder detectar antes fenómenos de este tipo.
Uriarte también informó que se integró el Comité de Cuenca del río Santa Lucía. Esa figura, que integran entre otros, técnicos del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Ganadería y OSE, se reunió por primera vez el 22 de marzo y se encargará de estudiar medidas para la gestión de la cuenca.
Por otra parte, la empresa estudia la instalación de una planta de dosificación activada, que tendría un costo estimado de U$S 2 millones y la incorporación en Aguas Corrientes de filtros granulados de carbón oxidado. Esta última iniciativa, dijo Uriarte, sería “muy costosa” y de difícil implementación técnica. De todos modos, aclaró que “si la eficiencia lo justifica” la llevarán adelante.
El episodio de las concentración de algas pareció sacudir en distintos organismos un tema en el que el país presenta atrasos.
Como ejemplo de ese desfase en el control de los cursos de agua, Marcelo Cousillas, profesor de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho y asesor jurídico de la Dinama, recordó que un decreto del año 1979 establece “que los cursos de agua deben clasificarse en distintas clases según su uso”. El especialista explicó que “la clase uno —la más importante— son los cuerpos de agua destinados a ser fuente de agua potable”.
Con ese criterio, para Cousillas, “una parte muy trascendente de la cuenca Santa Lucía debería ser clase uno y los cursos o cuerpos de agua que haya ahí deberían cumplir los estándares”.
Sin embargo, la cuenca que abastece de agua potable a más de la mitad de los uruguayos no está dentro de esa clase. De hecho, los cursos de agua en Uruguay no están “clasificados totalmente” y solo hay un curso de agua clasificado en esa categoría: la Laguna del Sauce.
“Esto es una formalidad, pero muestra que todavía no se ha logrado un nivel de discriminación, de especialización de medidas según las necesidades”, valoró.
Difuso.
La combinación de las altas temperaturas, las lluvias y la presencia de “nitrógeno y fosfato”, provenientes de agroquímicos, fue el cóctel que llevó a la concentración de algas anabaena en la planta de Aguas Corrientes, según Uriarte.
Los agroquímicos, para Cousillas son “un clásico ejemplo de fuentes difusas de contaminación” que —precisó— “no son situaciones puntuales donde hay un vertido concreto”, sino que son sustancias que derivan indirectamente en el curso de agua y generalmente provienen de “actividades lícitas”, como poner fertilizante o fumigar.
Justamente esa característica es la que hace “mucho más complejo su enfrentamiento”.
“La contaminación puntual (como el vertido de una industria o el saneamiento de una ciudad) es la que se ha atendido tradicionalmente. La contaminación difusa requiere una cantidad de estrategias que no pasan exclusivamente por medidas tradicionales”, sostuvo.
Al abordaje de este problema “mucho más complejo” está abocado el Ministerio de Ganadería (MGAP). Con el objetivo de mejorar el control de las aplicaciones de agroquímicos en un contexto de creciente utilización de esos productos en la producción de granos en el país, la cartera prevé implementar una autorización previa para las aplicaciones de fitosanitarios a partir de 2014, dijo el titular de la Dirección de Servicios Agrícolas, Inocencio Bertoni.
El jerarca comentó que esa medida se sumará a otras establecidas en los años recientes, como la obligatoriedad de las empresas prestadoras de servicios agrícolas de registrar las aplicaciones de agroquímicos y que sus operarios se capaciten para obtener un carnet de aplicadores, entre otros requisitos.
En 2013 el MGAP tiene previsto hacer un plan piloto preparatorio con las empresas contratistas en ese sentido. Eso supone un monitoreo satelital de las aplicaciones de agroquímicos que incluye un control por posicionamiento georreferenciado de esas actividades en los predios agrícolas.
El seguimiento se realiza utilizando la base de datos de Servicios Agrícolas y la información que captura el satélite de aparatos instalados en los equipos de aplicaciones, lo que permitirá cotejar si se cumple el plan de aplicación declarado previamente, dijo Bertoni.
Explicó que para obtener la autorización el interesado deberá ingresar en el sitio web de la cartera y ahí definir una aplicación; el sistema informático determinará si existen en las cercanías áreas sensibles como centros poblados, escuelas, cursos de agua, tomas de agua de OSE y los apiarios.
“Si en el punto de aplicación no existe ningún área sensible, automáticamente se genera la autorización”, afirmó.
En caso que no sea autorizada advirtió que eso “no asegura que la aplicación no se realice, pero en caso de que así suceda será violando las normas vigentes y pasible de sanciones” por parte del MGAP.
Bertoni resaltó el desafío que implica para esa institución “compatibilizar el crecimiento productivo con una fuerte base agroexportadora, con una intensificación en el uso de los recursos naturales y una mayor presión sobre el ambiente”.
En los últimos años el agro local registró una serie de cambios como la expansión de los cultivos agrícolas y de la forestación y la intensificación de la ganadería para producir carne y leche. Como ejemplo, el jerarca señaló que en la lechería hubo un aumento de la productividad de leche por hectárea, aunque eso se dio en un proceso de reducción del área destinada a esa actividad. Un predio que produce más leche con más vacas requiere más agua y genera más residuos de los animales, lo que es un tema a trabajar, admitió.
Efectos.
Los usos que hace el hombre de las cuencas, entre ellos la agricultura, potencialmente pueden afectar y deteriorar la calidad del agua. Depende de diversos factores como el suelo y la pendiente, entre otros.
La literatura científica a nivel mundial indica que las cuencas afectadas por la agricultura aportan nutrientes al agua que pueden ocasionar floraciones de algas como las cianobacterias. Si estas producen toxinas nocivas, pueden ocasionar problemas de salud en animales y humanos que la beben.
Pero el uso de químicos como pesticidas y la actividad agropecuaria en general no es la única causa de aporte de nutrientes: un inadecuado saneamiento de poblaciones marginales que habitan en las márgenes de los ríos también puede motivar problemas de calidad del agua.
“Nunca se debe a un único factor, sino que hay varias causas en simultáneo. Por eso la solución no es simple”, comentó Bonilla.
La académica explicó que su trabajo se concentra en ambientes naturales. Por ejemplo, estudia las causas por las que crecen las algas y en qué condiciones se detectan más toxinas. Que las algas “estén presentes no es un problema”, el inconveniente es cuando aparecen en forma masiva. Además, el peligro mayor a nivel mundial ocurre cuando se ingieren las toxinas producidas por las algas. Al filtrar las algas, esas otras sustancias pueden quedar igual en el agua.
“No lo es”.
El agua potable está siendo cuestionada en todo el mundo, “no es solo un tema nuestro”, dijo a Búsqueda el ingeniero agrónomo Daniel Panario. “Los resultados en general dan bien, pero puntualmente dan mal. No es nada grave, pero la información hay que democratizarla”, opinó, a título personal, quien es director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias.
La semana pasada el ingeniero realizó declaraciones a “El Observador” en las que opinó que OSE no tiene filtros adecuados para potabilizar agua que contenga microcistina (toxina). Además recomendó colocar filtros de carbón activado que absorben las microcistinas y los plaguicidas en las canillas de las casas para tomar agua de la canilla.
El martes 2 el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad trató el tema. Varios decanos se mostraron muy molestos por las declaraciones de prensa de algunos integrantes de la casa de estudios porque esas opiniones “fueron tomadas como la opinión general de la Udelar y no lo es”.
Ante esto, el CDC por unanimidad resolvió desvincularse de las opiniones vertidas en los últimos días sobre el tema del agua, declarando que las mismas “no representan” a la Udelar, siendo sólo a los declarantes.
Además varios decanos, entre ellos los de Ingeniería, Química y Ciencias, conformarán una comisión para elaborar un documento “de carácter general” y “educativo” para el manejo del público ante este tipo de situaciones.
