Gobiernos se acostumbraron a “no cuestionar” a las farmacéuticas; hay “lobby” y “chantaje”

“Es una historia de robo económico (los laboratorios) están experimentado, lo han escrito. Están experimentando cuánto es sustentable la subida frente a la cotización. ¿Por qué los gobiernos no enfrentan estas cosas? Bueno, hay intereses de los dos lados”, consideró. “Esto se debe hacer con una justificación transparente de los costos, algo que no se hace. Son las mismas leyes que se aplican en el negocio de las armas, que son secretas. Estamos en la guerra”, opinó el médico. Para Tognoni, la judicialización como mecanismo para que los enfermos accedan a medicación que el Estado no tenía previsto financiar “está en contra de cualquier criterio de democracia”.

—En el sector de medicamentos hay, como en todos los sectores en general, ciclos históricos. A lo largo de la década de 1980 y parte de los 1990 los sistemas de salud armaron una serie de redes internacionales que habían tenido muchos resultados. Yo mismo fui uno de los fundadores de una sociedad internacional sobre información de medicamentos que fue capaz de establecer una red de información alternativa muy buena en más o menos 50 países, la Sociedad Internacional de Boletines Independientes de Medicamentos (ISDB, por sus siglas en inglés, trabaja para incrementar la circulación de información de calidad sobre tratamientos y medicación entre países. Comenzó a funcionar en 1986 y es apoyada por la Organización Mundial de la Salud). Sigue existiendo pero con un poder que evidentemente ha disminuido y ha cambiado el sistema de información. Lo mismo ha ocurrido con las redes de producción de los medicamentos, antes había un rol más importante de la sociedad civil y de la investigación independiente. Paulatinamente, todo el poder público bajo la presión de la crisis no hace más inversiones de investigación independiente y les deja todo a los laboratorios.

—Quienes promueven la investigación independiente en medicamentos también son conscientes de que los costos son tan altos en este rubro que solo los laboratorios pueden afrontarlos.

—Sí, pero los costos asociados se crean. Si uno declara que hace una ley bajo la presión de los laboratorios que dicen que para hacer un ensayo deben pagar no sé cuánto a los clínicos, aumentan los costos. Hemos hecho, con tanta gente, tantos estudios internacionales donde los costos podrían ser 10 veces menos… Sería un poco como plantearle a alguien que recibe un sueldo de 50.000 euros, ¿cómo puede vivir uno que tiene un sueldo de 2.000 euros? Le va a responder que es imposible, que no puede.

El sector de los medicamentos es cada vez más uno de los sectores críticos del sistema económico. El problema es cómo garantizar un bien común como la salud, una sustentabilidad de tipo también económica, es un desafío político. Es algo que una agencia internacional no ve, la Organización Mundial de la Salud no tiene más poder… Se precisa una agencia que ponga en evidencia cuál es el nivel mínimo imprescindible de gasto público de medicamento y no permitir la presión del mercado y transformar todo el gasto público en un sector del privado.

Por eso es que al final uno podría decir: ¿y si no pongo al medicamento o la salud como un derecho universal, y lo pongo como un bien que puedo vender al mercado al mejor comprador? Por eso estas cosas se discuten.

—¿Cuánto incide el alto precio de los medicamentos innovadores en el problema?

—Es un pequeño problema que se hace muy grande. Ha sido una estrategia muy clara de la industria que dijo: “Vamos a ver hasta cuándo podemos aumentar inventando precios de medicamentos”. Han puesto precios que estaban fuera de cualquier expectativa, que no tienen nada que ver con el gasto de la investigación. Mantienen una situación de secreto en la relación entre el precio y la inversión. No por nada este proceso se ha acelerado en los últimos años. Se ve a nivel económico toda la presión sobre la economía que prevalece sobre los derechos de los pacientes, de la autoridad y en la sociedad. Imagine lo que pasa si en su casa alguien debe recibir un medicamento que cuesta medio millón de dólares. Usted se podría plantear: ¿por qué tiene que costar medio millón? ¿Quién ha decidido?

El problema es que los gobiernos se han acostumbrado a no cuestionar a la industria farmacéutica. Es un poco como un chantaje. Acá hay un lobby muy restringido de las industrias que se respaldan entre todas, que compran muchísimo con el beneficio de los políticos.

—¿Cómo se sale de esto?

—Se sale. Algunos Estados han salido. India tomó una decisión como Estado de producir los medicamentos.

—Hay quienes cuestionan la calidad de esos medicamentos.

—No, no. Pero nunca ha sido posible probarlo. Han probado que había una capacidad de los laboratorios de enmascararse de productores de genéricos para producir genéricos malos y para decir eso. O para mezclar informaciones que tenían que ver con tráfico de medicamentos y no con mercado de medicamentos. Es evidente que si uno quiere puede falsificar algo, lo han hecho en China. Bayer y otros han enviado a producir en China sus productos y decían que hacían un control que no hacían. El producto salía como Bayer y era malo. Si uno quiere poner calidad o no a un medicamento hoy es tecnológicamente una de las cosas más sencillas de hacer. La calidad es una cosa muy sencilla. Los medicamentos en su producción se pueden controlar si quieren. Si el Estado no quiere, es inútil.

Ahora la ventaja es que en un mercado global a los productores no les interesa hacer cosas de muy baja calidad con una excepción que es otro problema: el mercado ilegal de medicamentos.

El mercado de los medicamentos es un sector complicado y muy rentable y por eso tienen muchos intereses. No hay que mezclar, hay objetivos de salud pública que deberían ser enfrentados como un problema de mercado. En la Organización Mundial del Comercio (OMC) hay una regla muy clara que ha sido establecida desde el comienzo. Apenas hay una razón de salud pública, las reglas del costo de mercado de patente no valen.

—¿Pero se ha hecho valer esto? Para acceder a la financiación de medicamentos, protegidos por patentes, por parte del Estado los enfermos suelen recurrir a la Justicia.

—Se puede hacer valer, lo han hecho valer, sí. Si después se descubre que es más útil hacer los procedimientos de judicialización porque hay intereses, prefieren utilizar eso. El precio del medicamento se puede enfrentar después a los gastos legales que uno tiene que pagar, para documentar cuál es el beneficio.

—¿Qué opina sobre la judicialización?

—Está en contra de cualquier criterio de democracia.