Punta Cana. (República Dominicana). La Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reunió a más de 280 directores y editores de medios americanos, finalizó el lunes 11 con un reclamo para que los asesinatos de periodistas, que siguen en aumento en la región, sean declarados imprescriptibles.
Durante los últimos seis meses, 12 reporteros fueron abatidos en América Latina: cuatro en México, cuatro en Brasil y uno en cada uno de los siguientes países: Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Pero desde 1987, casi 500 periodistas fueron asesinados en las Américas y el Caribe. Colombia (135), México (128), Brasil (57), Honduras (32), Guatemala (28), Perú (24), El Salvador (18), Haití (15), Venezuela (11) y Paraguay (11) han sido las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo en los últimos 29 años.
En la asamblea de Punta Cana, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director de Búsqueda, Claudio Paolillo, dijo que los 12 asesinatos del pasado semestre engrosaron “la ya demasiado extensa lista de víctimas del crimen organizado, de la corrupción política y de la complicidad, por miedo u omisión, de estados incapaces de parar esta sangrienta epidemia que todas las semanas, además de tronchar vidas y destrozar a familias enteras, deja a la región mayores dosis de censura y autocensura, y a nuestras sociedades peor informadas sobre los asuntos que son de su interés”.
“Como siempre, la impunidad reina tan campante”, indicó, y agregó: “Ha llegado la hora de exigir la imprescriptibilidad de los crímenes contra periodistas. Ha llegado el momento de reclamar a viva voz que los asesinatos de periodistas sean considerados delitos de lesa humanidad. ¿Qué más podemos hacer para detener esta hemorragia? ¿Qué más podemos hacer para que los gobiernos dejen de prometernos con voz engolada que la policía, los fiscales y los jueces harán su trabajo con prontitud y rigurosidad, que se tomarán en serio el combate contra la impunidad y que harán lo que tienen la obligación de hacer para llevar a los criminales ante la Justicia? ¿Qué más? Después de tanta promesa incumplida, de tanto discurso vacuo y de tan lamentables resultados, ¿será que tendremos que empezar a denunciar a los estados donde estos viles asesinatos tienen lugar como cómplices de los delincuentes?”.
En Punta Cana, el presidente dominicano, Danilo Medina, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex canciller uruguayo Luis Almagro, suscribieron la “Declaración de Chapultepec”, un decálogo aprobado por la SIP en 1994 que estableció los criterios más amplios y avanzados en materia de libertad de expresión.
La asamblea de la SIP concluyó que los “asesinatos de periodistas, impunidad, amenazas, represiones, restricciones, leyes que atentan contra la privacidad, control de redes sociales, presiones contra los medios y sus periodistas por parte de gobiernos, políticos, narcotraficantes y otros delincuentes organizados, límites para el acceso a la información pública y leyes electorales perjudiciales para la democracia, son parte del listado de los atropellos que se cometen en nuestros países”.
No obstante, también destacó “lo positivo” ocurrido en este semestre. “En Argentina, Cuba, Paraguay y República Dominicana se pueden indicar cambios positivos; en algunos casos, parcialmente. Por ejemplo, en Argentina el nuevo gobierno ha dejado la agresión contra la prensa independiente y también eliminó la subvención de publicidad oficial para medios relacionados o amigos del gobierno. Además se presentó un proyecto de ley de acceso a la información pública”, se lee en el documento de “Conclusiones”.
“En Cuba, si bien en otros aspectos tiene mucho para mejorar, el tratamiento hacia la prensa internacional se ha suavizado tras la normalización entre las relaciones entre Washington y La Habana”, subrayaron los asambleístas. También destacaron la extradición en Paraguay del presunto autor material del asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente como “un triunfo contra la impunidad”.
“Paraguay también ha promulgado una ley de acceso a la información pública, la cual establece que a partir de marzo todas las instituciones tienen que publicar salarios, viajes oficiales y hasta contratos en un portal público, fortaleciendo así la transparencia”.
Además, en el país anfitrión (República Dominicana), el Tribunal Constitucional eliminó parcialmente la criminalización de la difamación de la ley de expresión y pensamiento, aunque todavía se mantiene en el Código Penal.
Sin embargo, en México (donde se desarrollará en octubre la 72ª Asamblea General de la SIP), “además de los asesinatos, continúan las agresiones contra periodistas y medios, sobre todo en los estados con fuerte presencia del narcotráfico. La falta de respuestas y de protección del Estado es evidente en los casos contra la prensa. Igualmente hay un alarmante aumento de actos violentos contra las periodistas mujeres (84 casos) que van desde hostigamiento y acoso sexual hasta desprestigio en las redes sociales”.
Según la SIP, “la censura, restricciones, presiones y amenazas contra medios de comunicación, sus dueños o sus periodistas tampoco cesan en Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador y México”.
Venezuela, como viene ocurriendo desde que el chavismo está en el poder, fue motivo de intensos y angustiosos debates. Allí, comprobó la SIP, “sigue el acoso y la persecución para silenciar a los periodistas críticos y el Estado continúa incumpliendo con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para restituir la señal de Radio Caracas Televisión”.
“Otras restricciones como el suministro de papel para publicar los periódicos —impuestas por el gobierno a través de la única empresa (estatal y por lo tanto monopolio)— ha terminado con la publicación de tres diarios en este período y hay 80 más que sopesan tomar la misma decisión”, avanzó.
La represión interna contra las voces disidentes se mantiene como política de Estado en Cuba. Solo en marzo, hubo 1.200 detenciones, 319 de ellas durante la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a La Habana. Mientras tanto, en la Bolivia de Evo Morales, el Estado obstaculiza la renovación de las licencias de cientos de radioemisoras privadas y la nueva ley de comunicaciones únicamente deja en manos privadas al 33% de las radios.
La asamblea de la SIP denunció asimismo, que “acciones de la policía, presiones y amenazas de narcotraficantes y delincuentes organizados en pandillas, políticos locales y narcopolíticos, constituyen una tendencia creciente en países como República Dominicana, El Salvador, Ecuador y Paraguay”.
Ecuador, bajo la Presidencia de Rafael Correa, es otro problema mayor en materia de libertad de expresión. Allí, dijo la SIP, el gobierno impuso 78 medidas disciplinarias, entre multas, rectificaciones, réplicas obligatorias y amonestaciones escritas a radios, televisión, prensa y otras organizaciones. También continúan las amenazas contra los periodistas, y Correa ha advertido que enfrentará a las redes sociales con el discurso oficialista”.
Por otra parte, la controversia entre el derecho a la privacidad y la seguridad nacional —y el consecuente acceso a información privada por parte de los gobiernos—, abrió “un debate iniciado en Estados Unidos con el caso de Apple y otras compañías que se niegan a decodificar los teléfonos personales a petición del Estado para facilitar el acceso a los mensajes encriptados de teléfonos inteligentes”.
Además, decisiones judiciales y proyectos de ley sobre el llamado “derecho al olvido” en Colombia y Chile “se abalanzan contra la libertad de prensa y el derecho del público a la información”, advirtió la SIP.
En Panamá, fallos judiciales contra los diarios “La Prensa” y “Panamá América” plantean “un precedente negativo para la libertad de prensa y desincentivan la investigación periodística sobre asuntos de interés público”, concluyó la asamblea. También alertó que en el estado de Virginia (Estados Unidos), “hay dos iniciativas de ley que restringirían el acceso a la información sobre funcionarios públicos”.
En Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega asigna publicidad oficial a medios propios o “neutralizados”. En tanto, el gobierno de Honduras limita el acceso a la información pública con el “pretexto de garantizar la seguridad nacional”, consignó la SIP.
