Las cadenas nacionales de comunicación fueron concebidas para situaciones excepcionales —casos de extrema gravedad, emergencia nacional o eventos que conmocionen o afecten a la mayoría de la sociedad; también podrán solicitarse en conmemoraciones festivas o patrióticas— para que el mensaje oficial tenga la mayor llegada posible en una sociedad.
Sin embargo, algunos gobiernos latinoamericanos exceden hoy el marco de las disposiciones legales que obligan a las emisoras privadas al apelar a este recurso para difundir sus opiniones y propuestas sobre los más diversos temas o para controvertir o polemizar con quienes se les oponen o critican.
Además de “sorpresivas”, las cadenas tienen una duración “imprevisible”, se quejan representantes de medios afectados. Algunas cadenas en Ecuador o en Venezuela superaron las dos horas de duración.
Desayuno oficial.
“El 11 de setiembre de 2012, el gobierno ecuatoriano interrumpió el noticiero de la mañana en el canal de televisión Teleamazonas para transmitir un boletín oficial. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Un intento de golpe de Estado? ¿Un terremoto? ¿Un brote de cólera? Nada de eso. El gobierno solo buscó aclarar detalles del desayuno del presidente Rafael Correa”. Así comienza un informe sobre el uso de las cadenas oficiales del presidente ecuatoriano elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por su siglas en inglés).
El episodio, en el que el gobierno ecuatoriano utilizó la cadena nacional para desmentir afirmaciones de una diputada de la oposición, marca la pauta de cómo la administración de Correa utiliza ese recurso.
Alfonso Espinosa, conductor del canal de televisión privado “Ecuavisa”, le dijo al CPJ que hasta hace poco tiempo las cadenas nacionales se utilizaban “de forma esporádica”.
Con 46 años de trayectoria, Espinosa señaló que el gobierno de Correa “utiliza las cadenas como una instrumento habitual” para marcar presencia en un medio de gran llegada a sus compatriotas, “para responder a sus críticos sobre temas tanto importantes como triviales, e inundar el espacio radioeléctrico con propaganda”.
“Desde enero de 2007, cuando Correa asumió su primer mandato, hasta agosto de 2012, su gobierno ha emitido 1.365 cadenas por un total de 11.793 minutos, según Fundamedios. Eso equivale a ocho días al aire”, señala el informe del CPJ.
César Ricaurte, director ejecutivo del sitio “Fundamedios”, dijo que ese medio fue objeto de 10 cadenas. “Fundamedios” mantiene una posición crítica con “la embestida del gobierno de Correa contra la prensa”, según el CPJ.
Teleamazonas, otro canal de televisión privado, fue obligado a emitir, solo en el último año, 69 horas de cadenas.
”Algunos de los segmentos interrumpen la programación a nivel nacional para transmitir noticias sobre las actividades del gobierno. Pero otros funcionan como réplicas a informes y entrevistas específicos acerca de Correa y sus funcionarios. En estos casos, la Secretaría de Comunicación a menudo informa al canal el día anterior que debe emitir la réplica del gobierno en un horario específico sin ningún tipo de avance sobre el contenido de la respuesta”, sostuvo el CPJ.
Empresarios y analistas de los medios ecuatorianos dijeron al CPJ que las constantes cadenas “es solo una de las formas” que el gobierno tiene para “socavar a los medios críticos o independientes”.
“No hay forma de prepararse para una cadena porque uno no tiene idea por qué el gobierno está molesto”, afirmó al CPJ Janet Hinostroza, conductora del programa “30 Plus” en Teleamazonas.
“La ley es la ley”.
Para Ricaurte las cadenas son “especialmente abusivas”, porque antes el gobierno no tenía medios propios para comunicar su perspectiva, pero ahora “tiene numerosas formas” de expresar sus puntos de vista.
“Por un lado, invierte grandes sumas en publicidad. Por otro lado, el gobierno ha erigido un vasto imperio de medios públicos que consiste en 21 medios, incluyendo diarios, canales de televisión y radios, que con frecuencia reflejan el punto de vista del gobierno. Además, los periodistas buscan entrevistas con funcionarios en forma constante. Pero alegando que están sesgados, Correa ha ordenado que ninguno de sus ministros o funcionarios hable con los medios críticos”, sostuvo.
El CPJ también entrevistó a Patricio Barriga, secretario encargado de comunicación del gobierno. Señaló que muchas de las cadenas son “educativas”.
“Son segmentos necesarios porque los canales privados de televisión se centran en el entretenimiento y no hacen lo necesario para educar e informar al público”, sostuvo.
“Las réplicas oficiales pregrabadas, señaló Barriga, están diseñadas para contrarrestar lo que afirma es un aluvión de mentiras sobre el gobierno en los medios privados”, prosigue el informe.
Al ser consultado sobre las razones por las cuales el gobierno de Correa cree necesario utilizar más cadenas que cualquier otro gobierno en la historia, Barriga afirmó: “La ley es la ley, y si la ley permite, se le hace”.
Argentina también.
Otros gobiernos que también han usado el recurso de las cadenas nacionales de manera muy superior a sus predecesores han sido el venezolano y el argentino.
En el caso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en 2012 solamente utilizó la cadena 17 veces y más de 52 en los últimos tres años, según denunciaron medios argentinos.
“Si no lo hiciéramos por cadena nacional nadie se enteraría de estas cosas”, dijo la mandataria en agosto, cuando apeló a una cadena nacional por decimoséptima vez ese año, al inaugurarse una refinería de YPF.
La posición de la presidenta, que no da entrevistas a la prensa desde que asumió y tampoco realiza conferencias de prensa, es duramente criticada por medios y políticos opositores.
De hecho, la diputada opositora Laura Alonso inició una demanda judicial a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) cuando esta se negó a brindarle la información sobre los argumentos del Ejecutivo para pedir las cadenas nacionales.
La diputada basa su pedido en la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (mejor conocida como Ley de Medios) que en su artículo 75º establece que el Poder Ejecutivo podrá disponer de la cadena nacional “en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”.
