Las fotos aéreas que llevaron los técnicos de UTE a diferentes reuniones muestran el problema: las líneas que conectarán los parques eólicos que se están instalando en el país con las centrales eléctricas tienen que pasar por arriba de varios campos para poder transmitir la energía que generarán. Pero varios vecinos de esos parques no quieren que las líneas pasen por ahí, lo que provocó que la Dinama interviniera pidiendo más estudios y atrasando algunos proyectos de UTE y de privados que forman parte de la estrategia del gobierno para dar impulso a las energías renovables.
Las autoridades de la empresa estatal de energía eléctrica calculan que el país pierde cada mes riqueza por valor de U$S 3,6 millones debido al retraso que sufren en la actualidad dos proyectos eólicos a causa de la intervención de la Dinama.
El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, planteó la situación varias veces al mandatario José Mujica, que está preocupado por la situación, según dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.
El director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, explicó a Búsqueda que el problema es que el parque eólico (que el inversionista privado presenta ante Dinama) y la línea de transmisión (que por ser monopólica solo la puede presentar UTE) son un solo proyecto, pero la Dinama está obligada a recibir dos solicitudes independientes.
“Cuando se presenta la propuesta del parque eólico se le pide a la empresa que coordine con UTE una posible línea de transmisión que, cuando se presenta, nunca tiene el detalle del proyecto que requiere un análisis de evaluación ambiental”, sostuvo.
Normalmente UTE presenta el proyecto de la línea una vez que se aprobó el parque eólico, afirmó.
Rucks dijo que ocurre muchas veces que cuando se está estudiando la línea “aparecen gobiernos departamentales u organizaciones de vecinos que ponen objeciones al trazado”, que la Dinama tiene que estudiar y consultar. “En algunos casos se ha dado que han sido muy sólidos los argumentos de los vecinos o de la intendencia, que no aceptan determinado trazado de línea que propone UTE”.
“Tenemos que incluir las consultas a los vecinos porque la propia ley nos lo exige. Aquellos que son perjudicados nos proponen objeciones que nosotros tenemos que tratar de resolverlas en un diálogo con UTE y los vecinos. Ahí se empieza a enlentecer el proceso”, dijo el jerarca.
Casos.
El primer caso problemático fue el de un parque eólico de la empresa R del Sur en Sierra de los Caracoles, en el departamento de Maldonado. Después de varios meses de lo que en UTE consideran una “demora indebida”, el proyecto fue clasificado por la Dinama en la categoría A, que implica que no hay que hacer estudios adicionales, y fue autorizado con la condición de crear una reserva genética de vegetación autóctona.
Rucks dijo que en ese caso, que se resolvió hace un mes y medio, “había problemas de impacto sobre el paisaje” y “se resolvió en un trazado similar al de UTE pero con ajustes en el diseño de las torres, y en los lugares de paso de la línea que mejoraron desde el punto de vista ambiental el proyecto”.
“Pero eso demoró y generó situaciones de tensión, discusiones con el inversor, con UTE y los vecinos”, recordó.
Hay otros dos casos que todavía están en trámite. Uno es el del trazado de la línea de un parque cercano al balneario Kiyú, en San José, que pasa por campos del lugar y al que varios vecinos se opusieron. Se trata de un proyecto de Cobra Ingeniería, del Grupo Cobra, del empresario español Florentino Pérez. UTE pidió el permiso ambiental para la traza de la línea, pero la Dinama ante los reclamos de los vecinos calificó el proyecto en la categoría B, exigió un estudio más profundo de la traza y atrasó seis meses el cronograma.
“Ahí fue la Intendencia de San José que puso objeciones basadas en puntos de vista de vecinos. Planteaban que al pasar la línea por sus tierras, inhabilitaba el desarrollo de riego en tierras muy fértiles. Desde ese punto de vista se está tratando de encontrar una solución que tenga un menor impacto sobre las tierras fértiles”, explicó Rucks.
Una fuente de UTE consideró que “es un tema de comunicación, porque en todos los problemas la solución final es que se hace lo mismo que se iba a hacer el primer día, solo que cinco meses más tarde”.
Rucks dijo que en la Dinama son “conscientes de la urgencia que hay de que empiece a funcionar el parque”, por lo que se le está dando un trámite urgente. “Hay que entender que tenemos que ser muy cuidadosos con la consideración de la gente que es perjudicada”, sostuvo.
También hay problemas con el parque eólico de Juan Pablo Terra, en Artigas, que es de UTE. Allí ocurrió, según fuentes de ese organismo, que la Dinama demoró tres meses y medio un expediente por falta de personal y luego lo devolvió diciendo que estaba mal hecho y había que hacerlo de nuevo.
Sobre ese parque Rucks informó que “se presentó un proyecto incompleto que no tenía las justificaciones ambientales requeridas y requiere más información”. La Dinama le pidió el 11 de noviembre a UTE “información complementaria”, pero hasta ahora no recibió respuesta.
Respecto a la falta de personal, indicó que “los proyectos eólicos han tenido siempre personal asignado”, aunque reconoció que “puede haber habido un tema circunstancial de una licencia por maternidad de no más de unas semanas”.
Costo.
Entre los tres parques suman 150 megavatios (MW). Una fuente de la empresa eléctrica advirtió que son “los tres de la punta de 1.200 MW que se están instalando”, por lo que “si se empieza a atrasar todo va a haber problemas”.
“El mayor inconveniente y oposición de la gente es por la línea, no por el parque. La línea atraviesa muchísimos padrones. La Dinama no ha visualizado que hay determinados nodos importantes de la red que no hay otra solución que las líneas lleguen ahí”, explicó un técnico de UTE.
Según los cálculos de UTE, un mes de demora en la entrada de un parque eólico de 50 MW implica una energía no generada de 14.600 megavatios hora (MWh) y una pérdida de U$S 3,6 millones.
Por un lado, el privado pierde cada mes la posibilidad de cobrar la bonificación que el Estado le paga por la energía que entregue antes de marzo del 2015; hasta ese mes se le va a pagar U$S 110 el MWh, por lo cual obtiene una bonificación de U$S 63 el MWh. Por lo tanto, cada mes el inversor privado se pierde de ganar U$S 1,6 millones.
A su vez, el abastecimiento que se cubriría con energía eólica se cubre con energía térmica, quemando gas oil, lo cual implica que el país, en lugar de gastar U$S 110 el MWh, gasta un promedio de U$S 250 por MWh, lo que genera una pérdida de U$S 2 millones por mes, dijeron las fuentes del organismo.
Todo eso suma una “destrucción de riqueza” de U$S 3,6 millones cada mes, aparte de la diferencia ambiental que existe entre quemar gasoil y usar viento, puntualizó una fuente.
